Campus de la Universidad de Harvard
La izquierda domina en la universidad de EE.UU.: el 94 % de sus docentes se declaran demócratas
Un estudio denuncia que los profesores conservadores afrontan obstáculos en contrataciones, investigaciones y promoción mientras aumenta la autocensura en los campus
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha encendido la mecha con las universidades más selectas del país, las conocidas como Ivy League. Su gobierno ha retenido y cancelado miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la investigación en instituciones de educación superior, con la Universidad de Harvard como principal blanco. La Casa Blanca justifica estas medidas argumentando que los campus fomentan el antisemitismo, doctrinas de izquierda radical y el wokismo.
Por este motivo, el centro de estudios conservador America First Policy Institute (AFPI), ha realizado un informe para analizar esta situación y si realmente la tendencia política de los docentes de las grandes universidades privadas es de izquierda.
Según el estudio, la libertad académica no debería convertirse en un argumento para justificar la discriminación por motivos ideológicos en las universidades y denuncia lo que considera una creciente falta de diversidad ideológica en la educación superior y, en particular, la discriminación que sufrirían profesores y estudiantes conservadores.
El informe sostiene que las universidades se han convertido en espacios donde determinadas posiciones políticas encuentran cada vez más dificultades para desarrollarse. Según los datos recopilados por Christopher Schorr, cuatro de cada diez profesores consultados se opondrían a contratar a un candidato que apoyara a Donald Trump, mientras que uno de cada cinco estaría dispuesto a discriminar a un colega conservador en la concesión de una ayuda para investigación. El autor advierte de que estas actitudes afectan a procesos de contratación, promoción, evaluación de trabajos y concesión de subvenciones.
Uno de los argumentos centrales del documento es que la homogeneidad ideológica puede terminar perjudicando la propia actividad académica. La universidad, explica el informe, debería funcionar como un «mercado de ideas» en el que las teorías y planteamientos puedan ser cuestionados y confrontados con perspectivas diferentes. Cuando una determinada visión domina prácticamente todos los espacios, aumenta el riesgo de que determinadas hipótesis no sean discutidas y de que los errores permanezcan sin detectar.
Los datos sobre la composición ideológica del profesorado son especialmente llamativos. El informe señala que los profesores que se identifican como de izquierdas superan actualmente a los conservadores en una proporción cercana a siete a uno. Si se analiza por universidades, en Harvard los seguidores del Partido Demócrata suponen un 99 %, mientras que en Princeton sería del 98 % y en Yale y Berkerkey del 97 %. La media de todas las universidades de élite sitúa la cifra de profesores de izquierda en el 94 %.
Proporción de demócratas/republicanos registrados entre el profesorado de las universidades de élite de EE.UU.
El problema, según el estudio, no se limitaría a las contrataciones. También existirían mecanismos formales e informales capaces de desalentar determinadas posiciones políticas. Entre ellos aparecen los llamados «diversity statements», utilizados en algunos procesos de contratación y promoción, códigos de conducta que pueden afectar a determinadas expresiones ideológicas y posibles sesgos en los procesos de revisión académica.
La consecuencia sería un clima en el que algunos profesores optan por ocultar sus opiniones para evitar problemas profesionales. El informe recoge una encuesta según la cual el 55 % de los profesores conservadores reconoce haber escondido ocasionalmente sus opiniones políticas para proteger su empleo, frente al 17 % de los profesores progresistas.
El fenómeno también afectaría a los estudiantes. Un informe de Knight Foundation e Ipsos citado por Schorr señala que dos de cada tres estudiantes estadounidenses se autocensuran, pese a que una proporción similar considera que esa autocensura perjudica la educación. Además, el porcentaje de alumnos que perciben sus derechos de libertad de expresión como seguros habría caído 30 puntos entre 2016 y 2024.
El debate sobre la intervención del Gobierno
La parte más controvertida del informe aparece cuando aborda el papel de la Administración. Algunos académicos y defensores de la autonomía universitaria rechazan que el Gobierno pueda intervenir para imponer cambios en las instituciones, al considerar que hacerlo supone una amenaza para la libertad académica.
Schorr plantea precisamente la cuestión contraria: si la autonomía universitaria termina utilizándose para restringir la libertad de determinados profesores y estudiantes, esa autonomía deja de cumplir la función para la que fue concebida.
El autor distingue así entre la libertad académica individual, que protege la capacidad de profesores y alumnos para investigar y expresar ideas, y la autonomía institucional, que permite a las universidades gestionar sus propios asuntos. Su conclusión es que la primera debería prevalecer cuando ambas entran en conflicto.
El informe admite que las reformas impulsadas desde las propias universidades serían preferibles, pero sostiene que una intervención externa podría estar justificada cuando las instituciones se nieguen a corregir prácticas discriminatorias. En última instancia, su tesis es que proteger la diversidad de opiniones no supone limitar la libertad académica, sino recuperar una de las condiciones esenciales para que esta pueda existir.