Inicio de curso tormentoso para Educación, con una huelga a la vista y una ley nacida entre críticas

La 'vuelta al cole' del Ministerio de Educación llega entre conflictos. La ministra, Milagros Tolón, tendrá que afrontar movilizaciones de los profesores, que ya amenazan con ir a la huelga, así como el nacimiento de su ley de ratios, que desde que se presentó no ha estado exenta de críticas de diferentes entidades.

Por un lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado movilizaciones que arrancarán el próximo 16 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027. El sindicato denuncia que el profesorado cierra el curso «con una tasa de interinidad cercana al 30 % y sin que se haya aplicado la reducción de ratios y horarios, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta el curso 2027-2028».

Según datos del CSIF procedentes de fuentes oficiales, aun ejecutándose íntegramente las oposiciones convocadas para 2025 -20.278 plazas- y 2026 -19.060 plazas- e incorporando todas las jubilaciones previstas, la tasa de interinidad se situará en el 28 % al comienzo del curso 2026-2027. En cuanto a comunidades autónomas, los datos que ofrece CSIF muestran que Navarra registra la tasa más alta, con un 48,9 %, seguida de Aragón (45,7 %) y País Vasco (44,4 %), mientras que Galicia presenta la más baja, con un 16,2 %.

El sindicato, que no descarta la convocatoria de una huelga, ha lamentado que «la actual legislatura esté concluyendo sin que los docentes hayan visto un solo avance real en sus condiciones», como ha indicado en un comunicado emitido este martes.

En este sentido, CSIF ha destacado que «los grandes compromisos pendientes» -entre ellos, el Estatuto Docente, la equiparación retributiva y la reducción efectiva de ratios y horarios- siguen «bloqueados o aplazados». Asimismo, ha criticado que la ley de reducción de ratios y horarios no empezará a aplicarse hasta el curso 2027-2028, un año después de lo acordado con los sindicatos, y su despliegue completo se prolongará por fases hasta 2031-2032.

Por otro lado, la ley que reduce las ratios escolares tendría un coste presupuestario neto medio de al menos 2.818 millones al año en la próxima década 2027-2036, con un acumulado de 28.184 millones.

Así lo revela el estudio 'La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico', publicado este martes por EsadeEcPol, que presenta la estimación del coste de la reforma «bajo un escenario deliberadamente conservador».

De este modo, concluye que, incluso suponiendo que todas las administraciones educativas aplican la ampliación del 10 % del número máximo de alumnos por aula recogida en la Ley de Educación, el esfuerzo presupuestario neto medio anual en la próxima década, una vez descontado el dividendo demográfico, asciende a 2.818 millones, con un acumulado de 28.184 millones, lo que corresponde en el año pico al equivalente del 13,8% del gasto público español en Primaria y ESO.