La nueva ley educativa de Sánchez nace entre críticas: «Va a provocar una grave crisis en el sector»

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, espera que el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario salga adelante en el Congreso: «Es una demanda histórica de las profesoras y de los profesores. No puede ser que haya aulas masificadas», sostiene la titular de Educación.

Sin embargo, aunque la intención de la ministra sea favorecer al profesorado, varias entidades han alertado de las lacras de esta norma. Por un lado, Escuelas Católicas ha advertido de que la reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes «provocará una grave crisis en el sector».

El Ministerio ha propuesto a los sindicatos una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Ante este anuncio, Escuelas Católicas pide «reflexión y diálogo con todos los agentes implicados antes de adoptar medidas que podrían tener consecuencias irreversibles para el sector» y avisa de que estas medidas «plantean dudas muy serias sobre la pervivencia de más de 4.000 escuelas privadas 0-3 que actualmente prestan este servicio educativo».

«Llevamos años luchando por evitar cierres generalizados de escuelas privadas de 0-3, ante el incremento de los costes salariales y de los gastos generales de funcionamiento, unido al descenso de natalidad y al aumento de plazas públicas. Por ello, la reducción de ratios a la mitad planteada ahora por el Ministerio de Educación supondría la puntilla definitiva a todo un sector que atiende a más de 220.000 alumnos y la pérdida de más de 60.000 empleos directos», lamenta la institución educativa.

Por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización sindical mayoritaria en la enseñanza concertada, ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la exclusión del profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos de las medidas previstas en el Proyecto de Ley de modificación de la LOE y de la Ley 4/2019, especialmente en lo relativo a la reducción de la carga lectiva semanal máxima del profesorado.

La queja registrada denuncia tanto la exclusión expresa de los docentes de la enseñanza concertada de estas medidas de mejora profesional como la ausencia de diálogo y negociación por parte del Ministerio de Educación con los representantes legítimos del sector. Enrique Ríos, secretario general de FSIE, considera: «especialmente grave que el Ministerio haya negociado estas medidas únicamente con organizaciones sindicales de la enseñanza pública, negándose reiteradamente a convocar los órganos de diálogo y participación de la enseñanza concertada, pese a las numerosas solicitudes realizadas por el sindicato durante los últimos meses».

Para FSIE, la exclusión del profesorado de la enseñanza concertada genera una diferencia de trato injustificada entre profesionales que prestan un mismo servicio público educativo financiado con fondos públicos y afecta igualmente al alumnado y a las familias que ejercen su derecho constitucional a elegir centro educativo.