La ley de ratios del Gobierno continúa su tramitación tras tumbar el Congreso las enmiendas de PNV y Junts

El proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados después de que la Cámara Baja haya rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad registradas por EAJ-PNV y Junts.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado ambas enmiendas a la totalidad, que se han votado conjuntamente, por 329 votos en contra, 11 votos a favor (Junts y PNV) y 7 abstenciones (ERC).

El Consejo de Ministros aprobó hace casi dos meses en segunda vuelta este proyecto de ley que establece con carácter general un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales).

En cuanto al profesorado, la norma contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Junts justifica que su enmienda a la totalidad «no se fundamenta en una discrepancia sobre la oportunidad material o política de las medidas contenidas en el proyecto de ley».

De hecho, precisa que «determinadas finalidades perseguidas por la iniciativa legislativa -como la mejora de las condiciones de la función docente, la reducción de ratios o el refuerzo del sistema educativo- pueden resultar legítimas e incluso compartidas».

Para la formación independentista, «la discrepancia esencial es de orden constitucional y estatutario». «El autogobierno de Cataluña no es disponible ni reivindicable solo a ratos», apunta en la enmienda a la totalidad, recogida por Europa Press.

«La autonomía catalana, ya muy mermada y recortada por todas partes, debe defenderse siempre y en todos los debates. Es una cuestión de principios», advierte Junts, que asegura que el proyecto de ley «incurre en una alteración profunda y constitucionalmente inadmisible del reparto de competencias establecido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al atribuir al Estado una capacidad reguladora que excede claramente el ámbito de las competencias básicas que le reconoce la Constitución».

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vasco critica que el proyecto de ley presentado por el Gobierno incurre, a su juicio, «en una serie de deficiencias sustanciales».

Entre ellas, destaca la «ausencia» de una cooperación institucional real con el País Vasco, comunidad competente en materia educativa, durante el proceso de elaboración de la propuesta.