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Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso

Pedro Sánchez, este miércoles en el CongresoEFE

Huyendo de su destino

Sánchez levanta la liebre de la 'plurinacionalidad' como última baza para resucitar la legislatura

El presidente, acorralado por la corrupción, alude por segunda vez en dos semanas a la necesidad de resolver los «conflictos territoriales», en un claro mensaje a sus socios independentistas

El presidente del Gobierno lanzó este miércoles un claro mensaje a sus socios independentistas que, no obstante, pasó desapercibido en el hemiciclo en medio del ruido de la corrupción, y con José Luis Rodríguez Zapatero declarando como imputado a la misma hora en la Audiencia Nacional: está dispuesto a abrir la carpeta de la ‘plurinacionalidad’ si eso le sirve para ganar tiempo en la Moncloa.

Pedro Sánchez habló de abordar «los conflictos territoriales» durante una respuesta a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. Y era la segunda vez que lo hacía en las dos últimas semanas, porque el 3 de junio afirmó en Barcelona, ante los empresarios catalanes: «Por delante nos queda abordar las raíces de este conflicto territorial». El presidente nunca da puntada sin hilo.

En su turno de intervención, Vaquero fue contundente: «Presente los Presupuestos, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones», sostuvo, vinculando el adelanto a una futurible derrota parlamentaria de las no menos futuribles cuentas públicas de 2027. La respuesta del presidente fue: «Esta legislatura es peculiar en cuanto a los objetivos. No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026; tenemos que culminar también la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país».

La «aplicación total y efectiva de la ley de amnistía» se refiere a la vuelta de Carles Puigdemont a España, que ha de subir los dos últimos peldaños: primero, el 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la UE ha de concluir que la ley de amnistía es aplicable al delito de malversación (el que hasta ahora ha permitido al Supremo no aplicársela), en respuesta a una cuestión prejudicial que elevó el Tribunal Constitucional. Todo apunta a que así lo hará el TJUE. Luego solo quedará que Cándido Conde-Pumpido haga su parte.

Los «conflictos territoriales» no son ni más ni menos que las ansias separatistas de cuatro de los socios del Gobierno: Junts, ERC, el PNV y Bildu. El coordinador general de este último, Arnaldo Otegi, ya dejó muy claro hace unas semanas por qué Sánchez seguirá hasta el último día de la legislatura, y más allá, si de Bildu depende: «Hay que concluir la legislatura con un programa plurinacional», señaló en una entrevista en La Vanguardia. Días después, su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, señaló delante de Sánchez en la Cámara Baja: «No somos ajenos a la operación que hay en marcha para acabar con la legislatura, tumbar su Gobierno y especialmente cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional».

Mucho se ha especulado y escrito sobre la posibilidad de que Sánchez abra esa caja de Pandora para resucitar una legislatura que agoniza, emparedada entre los escándalos de corrupción y el bloqueo parlamentario. Y la cuestión es que van ya dos mensajes al respecto en el último medio mes. En concreto, el del 3 de junio fue una intervención del presidente en el Cercle d'Economia, rodeado de la flor y nata del empresariado catalán. Allí aseguró: «La Ley de Amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente (los indultos), no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político (…). Por tanto, por delante nos queda abordar las raíces de este conflicto territorial». Y especificó, a renglón seguido: «En consecuencia, avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya. Cumplir también la hoja de ruta fijada y acordada con Esquerra Republicana, y para ello cuento con la ayuda infatigable y también con el sabio consejo del president Salvador Illa».

Los acuerdos de Bruselas son los que el PSOE —entonces representado por Santos Cerdán— firmó con Carles Puigdemont en noviembre de 2023 para que Junts votase a favor de la investidura de Sánchez. Ese documento recogía la demanda de los independentistas de celebrar un referéndum de autodeterminación «sobre el futuro político de Cataluña». Pero esta vez patrocinado por Sánchez, a través del artículo 92 de la Constitución (92.2: «El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados»).

El 22 de abril, en una respuesta a la portavoz de Junts en el Congreso, el presidente señaló: «Este Gobierno va a reconocer derechos y va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores». El hecho de que se reafirmara en ello una segunda vez dejó poco margen a interpretar que se trató de un lapsus. Hace escasas semanas, el que fuera el primer jefe de Gabinete de Sánchez en la Moncloa, Iván Redondo, desveló que preparó al presidente un informe para hacer una España plurinacional en 2028; con el objetivo de enterrar la España de las autonomías y sustituirla por «una nación de naciones», según Redondo.

Por lo que se refiere al PNV, los de Aitor Esteban también están siempre con la caña echada. En marzo, su grupo parlamentario aprovechó la tramitación de una reforma de la Constitución aparentemente inofensiva para promover un referéndum pactado. Se trataba de una modificación del artículo 69.3 de la Carta Magna, impulsada por el Parlamento de Baleares, para que la isla de Formentera pudiera elegir un senador propio, con independencia del que elija Ibiza.

Como contó entonces El Debate, el PNV presentó 11 enmiendas, entre ellas una que apostaba por incluir una nueva disposición adicional. Esta: «La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado». No prosperó ni esa enmienda del PNV ni las otras 10 porque el PSOE necesitaba al PP para esa modificación puntual de la Constitución, que finalmente salió adelante.

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