El ex 'tres' de Montero figura como beneficiario del macroproyecto donde la trama de Zapatero pactó una comisión de 60 millones

José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de María Jesús Montero, que está imputado por un presunto delito de cohecho, figura como beneficiario de varias fincas en Tarragona que están ligadas al macroproyecto donde la trama de José Luis Rodríguez Zapatero, que investiga la Audiencia Nacional, pactó una comisión de 60 millones de euros. El Debate desvela hoy la conexión entre ambas investigaciones, pese a que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda defendió públicamente que Marco Sanjuán, en cuyo domicilio la Policía Nacional halló fajos de billetes ocultos, era una persona «intachable».

Según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Marco Sanjuán es uno de los propietarios de dos fincas situadas en la zona de Les Gavarres, junto al aeropuerto de Reus. Los agentes sostienen que el ex 'tres' de Montero controla esos terrenos a través de la sociedad Naves Europark SL, de la que posee un 7,22% mediante Investment Betancunia SL, la mercantil que, según las pesquisas, utilizaba para canalizar los pagos de empresarios a los que posteriormente anulaba pleitos fiscales. Además de Marco Sanjuán, detrás de esa sociedad figuran Gonzalo Perdrix Ecequiel y Ramón Gras Fossas. El primero, subinspector de Hacienda en excedencia, fue subordinado suyo durante su etapa como inspector jefe de la Agencia Tributaria en Tarragona. En la actualidad, esta sociedad patrimonial cuenta con unos activos superiores a 1,6 millones de euros.

Las notas simples a las que ha tenido acceso este periódico reflejan que Naves Europark SL es titular de dos fincas de más de 23.000 metros cuadrados relacionadas con el desarrollo urbanístico sobre el que posteriormente se proyectó el macrocomplejo Hard Rock. La primera de ellas tiene una superficie de 16.679 metros cuadrados mientras que la segunda alcanza los 6.640 metros cuadrados. Como consecuencia del proceso de reparcelación urbanística, una de esas fincas dio lugar posteriormente a nuevas parcelas resultantes dentro del mismo desarrollo.

Es precisamente ese desarrollo urbanístico el que conecta la investigación sobre Marco Sanjuán con la causa de la Audiencia Nacional de la trama encabezada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El auto de imputación del expresidente incorpora un contrato suscrito en octubre de 2021 con Idella Consulenza, una de las sociedades de Julio Martínez, alias Julito, considerado por los investigadores el presunto testaferro de Zapatero, en el que se fijaba una retribución del 3% por las oportunidades de negocio que lograra captar esa mercantil.

Meses después, las partes incorporaron mediante una adenda el macroproyecto Hard Rock de Tarragona, valorado en unos 2.000 millones de euros. La aplicación de ese porcentaje suponía una comisión de 60 millones de euros. La resolución judicial también recoge que, durante la preparación de la documentación, uno de los intervinientes ordenó eliminar expresamente la palabra «comisión» del contrato para dar una apariencia de legalidad a la operación antes de su firma definitiva.

Un pelotazo urbanístico

La UDEF sostiene que Marco Sanjuán seguía con enorme interés cualquier avance relacionado con ese desarrollo urbanístico. En las conversaciones halladas por los agentes en su teléfono móvil, el ex 'tres' de Montero comentaba con Gonzalo Perdrix las consecuencias que tendrían las elecciones catalanas sobre el proyecto y mostraba su preocupación por un posible retraso de la operación. «Mal para nuestro terreno», escribió uno de ellos. En otro intercambio, Marco Sanjuán afirmaba: «Con el terreno me voy a forrar». Días después remitió a su interlocutor una información periodística sobre el desbloqueo del nuevo plan urbanístico y concluyó con una frase que resumía sus expectativas económicas: «Esto vendrá bien a nuestro terrenico».

La coincidencia temporal entre ambas investigaciones resulta especialmente llamativa. Mientras Marco Sanjuán y su socio intercambiaban mensajes sobre sus terrenos entre febrero y septiembre de 2021, la Audiencia Nacional sitúa en ese mismo periodo la firma del contrato de Julito. La misma secuencia vuelve a repetirse pocos meses después. El ex 'tres' de Montero retomó las conversaciones sobre esas fincas entre febrero y junio de 2022 mientras que el auto recoge que el macroproyecto Hard Rock fue incorporado al contrato mediante una primera adenda en esa misma horquilla, primero en abril de ese año y después en mayo. Es decir, las conversaciones sobre los terrenos y la negociación del contrato avanzaron prácticamente a la vez.

El Debate se ha puesto en contacto con el ex 'tres' de Montero a través de su abogado pero se ha negado a dar su versión sobre los terrenos. A pesar de la gravedad de los hechos, Marco Sanjuán continúa a día de hoy como inspector especial en la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana.