Batacazo en el PISA y desprecio a la cultura del esfuerzo: Educación, la asignatura pendiente de Sánchez

En los últimos coletazos de la legislatura de Sánchez, España ha recibido el peor resultado educativo de su historia. Así lo ha constatado el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE en 2025, que reflejaba un retroceso en el nivel de competencias en Ciencias, Lectura y Matemáticas respecto a 2022.

Desde la última vez que los españoles acudieron a las urnas el 23 de julio de 2023, el Ministerio de Educación ha sido más relevante por el juego de sillas que por las propias políticas materializadas por la cartera. Lo cierto es que Pilar Alegría primero y Milagros Tolón después no han dejado una gran huella legislativa en una cartera marcada por la ausencia de reformas propias y varias promesas al profesorado todavía pendientes. La bajada de ratios de alumnos por aula o la limitación de la enseñanza online en Formación Profesional tendrán que esperar mientras las movilizaciones se extienden por toda la geografía española.

Muchas y muy diversas fueron las voces que criticaron a Alegría tras su salida del Ejecutivo para concurrir a los comicios autonómicos de Aragón. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, la suspendía directamente. «No llega al suficiente. Se va y la supuesta legislatura del profesorado sigue sin concretarse (...) Se va sin que eso haya pasado». En la misma línea, la responsable de educación de UGT, Beatriz García, lamentaba que «apenas se ha logrado avanzar en la negociación hacia el futuro estatuto docente o hacia una mejora de las condiciones reales del profesorado».

Por parte de Escuelas Católicas, manifestaban su sentimiento de «desatención» especialmente por la «ausencia de espacios estables de diálogo y de reuniones de trabajo con el Ministerio».

El gran debe de ambas titulares de Educación es la aprobación del Estatuto del Docente, motivo por el que se han convocado movilizaciones a lo largo de la geografía española. El propio Gobierno prometió en la LOMLOE su creación, algo que lleva incumpliendo desde 2022. La disposición adicional séptima de la ley Celaá establece que el Gobierno, «consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado», presentaría en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del texto.

Pese a la falta de un pacto de Estado al respecto, asociaciones y sindicatos educativos coinciden en la «poca interacción con la comunidad educativa». No es el único.

Un año para la primera ley de la legislatura

Lo cierto es que hubo que esperar casi un año para que viera la luz la primera legislación –no solo de la cartera, sino del Ejecutivo–: el 8 de junio de 2024 se publicaba en el BOE la Ley por la que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores, una norma que se preveía que afectaría a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes, que se ganó las críticas de la Conferencia de Decanos de Facultades de Bellas Artes, considerando su aprobación un «duro ataque» al sistema de calidad universitario por pretender «una equivalencia a todos los efectos» entre títulos universitarios y no universitarios.

El texto buscaba igualar las Enseñanzas Artísticas Profesionales al sistema de Formación Profesional, abriendo la puerta al reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector. A los alumnos, se les reconocía como estudiantes universitarios para recibir una beca, y proponía cuatro nuevos cuerpos docentes (de profesores y de catedráticos de Enseñanzas Superiores; y de profesores y de catedráticos de Enseñanzas Profesionales).

Un precipitado cambio de la Selectividad

Otro de los contados puntos que fueron modificados por Alegría fue la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se implementó en el curso 2024/2025. Apenas una semana antes de la celebración de aquel examen, el 52 % de los alumnos que iban a realizar la Selectividad aseguraban no conocer del todo el nuevo modelo de examen, que llegó durante el curso, a finales de octubre, y que provocó movilizaciones contra la ministra.

La calificación de la PAU de 2025 prometía que un 20-25 % provendría de preguntas «competenciales» –más reflexivas– y solo un 30 % de las preguntas podrían ser de respuesta cerrada. Igualmente, se eliminaba la opcionalidad y se dotaba al estudiante de un único modelo de examen.

El resultado fue una bajada de casi tres puntos en el porcentaje de aprobados: un 89,98 % frente al 92,95 % de 2024. En 2026, la cifra de alumnos que superaron la prueba volvía a escalar hasta el 94,65 % –en convocatoria ordinaria–.

Acceder a la FP sin la ESO

Aunque la reforma de la Formación Profesional fue aprobada en la anterior legislatura, no la materializaría hasta la siguiente y se ha centrado en corregir el modelo diseñado en la Ley Orgánica 3/2022. A golpe de real decreto, el Ejecutivo modificó la regulación aprobada en julio de 2023.

Entre los cambios introducidos se encuentra la inclusión en 2025 del desarrollo de los instrumentos de gestión del nuevo Sistema Nacional de Formación Profesional, así como la regulación de la evaluación y acreditación de competencias adquiridas, que permitía acceder a la FP sin haber obtenido la titulación de la ESO. Tan solo bastaba con la acreditación de las competencias básicas en Lengua Castellana, Matemáticas y Digitalización. Estas competencias pasan por «emplear saludos, despedidas y frases usuales de cortesía, utilizando enunciados poco elaborados» o por «leer, escribir y comparar números naturales y decimales hasta el 999».

Persecución a la universidad privada

Aunque escape al Ministerio de Educación, la Universidad tampoco ha contado con una nueva ley durante esta legislatura: el sistema sigue regido por la LOSU, aprobada en marzo de 2023, aunque el Ejecutivo sí ha introducido posteriormente cambios normativos en busca de poner coto a la creación de universidades privadas, que la ministra Diana Morant tachó de «chiringuitos».

El Real Decreto 905/2025 elevó las exigencias de profesorado e investigación y estableció, entre otros requisitos, 4.500 alumnos matriculados, la exigencia de disponer plazas de alojamiento o la experiencia previa en gestión universitaria. Esta redacción se ganó las críticas de tres ministerios: Economía, Trabajo y Transformación Digital.