La patronal de centros privados celebra que el TS anule el decreto de Universidades y pide regular «desde el diálogo»

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha valorado «muy positivamente» la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deja sin efecto el Real Decreto 905/2025, mediante el que se modificaban los requisitos exigidos para la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades en España.

La resolución del Alto Tribunal concluye que el procedimiento de urgencia utilizado por el Gobierno para tramitar la norma no había quedado suficientemente justificado. Además, considera que la ausencia del trámite de consulta pública previa determina la nulidad del decreto.

ACADE ya había trasladado durante la elaboración de esta norma su «profunda preocupación» por el modo en que se estaba desarrollando una reforma que calificó de «enorme trascendencia» para el sistema universitario español. La asociación cuestionó entonces que un cambio de ese alcance avanzara «sin el necesario diálogo con los representantes de las instituciones afectadas y sin el consenso que exige una modificación de tal alcance».

La organización también advirtió en su momento sobre las consecuencias que podían derivarse de las nuevas condiciones previstas en el real decreto. Según señaló, estas exigencias «podían tener un impacto muy significativo sobre numerosos proyectos universitarios, generando incertidumbre jurídica, dificultando nuevas iniciativas académicas y estableciendo requisitos cuya proporcionalidad y viabilidad habían sido cuestionadas por amplios sectores de la comunidad educativa».

Entre las modificaciones incluidas en la norma anulada figuraban nuevas condiciones relacionadas con el número de alumnos, la oferta académica que debían proporcionar las instituciones, el desarrollo de actividad investigadora y la disponibilidad de alojamiento universitario.

Para ACADE, la decisión del Tribunal Supremo «constituye un recordatorio de que la mejora de la calidad del sistema universitario, objetivo compartido por todo el sector, debe abordarse siempre desde el respeto a los procedimientos legalmente establecidos, la participación de los agentes implicados y la seguridad jurídica».

La asociación sostiene que cualquier transformación relevante del ámbito educativo necesita apoyarse en un proceso suficientemente consensuado. En este sentido, considera que las reformas educativas «solo pueden ser eficaces y duraderas cuando nacen del diálogo, del consenso y de una evaluación rigurosa de sus consecuencias».

ACADE concede especial importancia al hecho de que el Supremo haya apreciado una «insuficiente» justificación de la tramitación por la vía de urgencia. A juicio de la organización, este aspecto cobra todavía más relevancia por tratarse de una disposición que «afectaba de manera directa al presente y al futuro de las universidades españolas».

La patronal de los centros privados ha aprovechado la resolución judicial para reiterar su defensa de «una educación superior de calidad, innovadora, competitiva y sometida a los máximos estándares de excelencia académica, al tiempo que defiende un marco regulatorio estable, equilibrado y respetuoso con la libertad de enseñanza, la autonomía institucional y el pluralismo educativo».

De este modo, ACADE insiste en que la búsqueda de mayores niveles de calidad universitaria debe ser compatible con un entorno normativo estable y con la participación de las instituciones afectadas por los cambios regulatorios. La entidad vincula además esta estabilidad con la seguridad jurídica y con el respeto a los procedimientos establecidos.

La asociación ha asegurado igualmente que mantendrá su disposición a trabajar con las administraciones públicas y con el resto de actores de la comunidad educativa para promover los cambios que considere necesarios dentro del sistema universitario. No obstante, subraya que esa colaboración debe desarrollarse «impulsar las mejoras que el sistema universitario necesita, pero siempre desde el respeto al Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la participación efectiva de todos los sectores afectados».

En este contexto, ACADE remarca que su posición no cuestiona el objetivo de elevar la calidad de la enseñanza superior, sino el modo en que deben articularse las reformas destinadas a conseguirlo. Así lo resume la propia organización: «La calidad universitaria es un objetivo irrenunciable que compartimos plenamente. Precisamente por ello, las reformas que afectan al futuro de nuestras instituciones deben construirse desde el diálogo, el rigor técnico y el respeto a las garantías democráticas. La sentencia del Tribunal Supremo constituye una importante llamada de atención en esa dirección».