Universidades prepara ya un decreto sobre las privadas que restaure el anulado por el Supremo

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que trabaja en una nueva norma para aprobarla «lo antes posible» con el fin de restaurar el decreto que frenaba la creación de universidades privadas y que ha tumbado el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio han señalado que respetan la sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferasen centros privados de enseñanza superior que no cumplieran con los estándares de excelencia, pero «no cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad».

«No nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas», añade el comunicado que incide en que el decreto «fue tramitado con todas las garantías» y contó con el aval del Consejo de Estado.

El Ministerio recuerda que el Consejo de Estado avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, tras criticar que, según ha conocido por los medios de comunicación, el Supremo ha estimado un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado a debatir el fondo del asunto.

«No estamos hablando de una norma improvisada ni unilateral» justifica el departamento que dirige Diana Morant, al señalar que el real decreto fue informado por el Consejo de Universidades, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y la Conferencia General de Política Universitaria, además de haber contado con un amplio trámite de audiencia a organizaciones y asociaciones representativas del sistema universitario.

«Y en la Conferencia General de Política Universitaria, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular fueron las únicas que se opusieron a la aprobación de la norma...lo que demuestra que el Gobierno no estaba actuando al margen de las comunidades autónomas ni de la comunidad universitaria», recalca.

Para el Gobierno, el problema que motivó esta regulación sigue existiendo y hay que garantizar que el crecimiento del número de universidades no se haga a costa de la calidad del sistema y crezca con garantías vinculadas a la investigación, profesorado, oferta académica y sostenibilidad. «España está muy cerca de tener tantas universidades privadas como públicas, el sistema cuenta ya con 50 universidades públicas frente a 49 privadas», recuerda.

Universidades también critica que «una información de estas características haya sido conocida primero a través de los medios de comunicación que por el propio Ministerio, lo que genera una situación de indefensión para la institución», y, añade, «máxime si tenemos en cuenta el periodo preelectoral en el que nos encontramos actualmente».

La norma introduce, entre otras medidas, requisitos más exigentes en materia de investigación, profesorado, oferta académica, solvencia económica y alojamiento, así como un sistema de evaluación de la calidad más riguroso, con informes vinculantes de Aneca o de las agencias de calidad autonómicas para la autorización de nuevas universidades.