El Gobierno aprueba 45 millones de euros para crear 2.000 plazas en residencias universitarias

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Estatuto del Estudiantado Universitario, actualizando así el del 2010. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto con un paquete de 45 millones de euros destinados a crear 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias.

El líder del Ejecutivo aseguraba que el texto traerá «nuevos derechos, potencia la participación y la representación, promueve la movilidad, incide en el apoyo psicológico, garantiza la conciliación , protege los datos y también a desconexión digital».

Bajo la premisa de que se trata de la ejecución de proyectos «maduros», el Gobierno regará a la Universidad Autónoma de Madrid con 13,36 millones de euros, el Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha con 8,19 millones, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con 6,5 millones, la Universidad de Burgos con 5,94 millones, la Jaume I de Castellón con 4,45 millones, la Universidad de Jaén con 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lérida con 2,97. En una primera fase, se crearán casi 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país.

«La universidad no es inmune al problema de la vivienda. Y cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades», mencionaba durante la firma del proyecto del Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario.

Los estudiantes podrían decidir los contenidos

Durante el Proyecto de Real Decreto al respecto, lanzado en el pasado mes de abril, el Gobierno otorgaba en el Estatuto un mayor poder a los estudiantes de las universidades a la hora de escoger los contenidos que se imparten en las materias. La cartera que lidera Diana Morant establecía en el texto que «la programación docente de cada curso será aprobada por los órganos competentes en cada caso y en cada universidad según la normativa de esta, asegurándose que lo sean por un órgano con representación del estudiantado».

Así, se deducía que los contenidos, metodologías, evaluación e incluso los recursos de aprendizaje tendrían que pasar por el filtro del alumnado, algo que hasta la fecha dependía exclusivamente de los centros o los departamentos de los mismos –y que los estudiantes tenían derecho a conocer con antelación sin alterarlos–.

Consensuado con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP), el nuevo Estatuto del Estudiantado reconoce por primera vez el paro académico total o parcial.

Por otra parte, entre los cambios se recoge la obligación a las universidades públicas y privadas de disponer de un protocolo de actuación de conductas suicidas y unidades específicas para dar apoyo psicológico a la comunidad.