Luz verde al Estatuto del Estudiante Universitario: regulación de la huelga y estudiantes con poder de decisión

Este martes, el Consejo de Ministros aprobará el Estatuto del Estudiantado Universitario, después de que saliera a audiencia pública en abril. El texto reemplazará al vigente, fechado en 2010, e incorporará el derecho a la atención psicológica y de salud mental, así como medidas para compaginar la vida laboral y estudiantil, o la adaptación de la evaluación para quienes presenten problemas de aprendizaje.

Otro de los derechos que incluye es el paro académico, total o parcial. Serán las universidades, con participación de los estudiantes, quienes regulen su ejecución a la vez que velan por el derecho a la educación. «El objeto del estatuto es que ninguna circunstancia personal, familiar o económica suponga que nadie pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento lo permitan», declaraba el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la firma de la 'Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario' –a la que también han acudido representantes de las universidades–.

¿Los alumnos podrán controlar los contenidos?

El citado borrador de abril incluía que «la programación docente de cada curso será aprobada por los órganos competentes en cada caso y en cada universidad según la normativa de esta, asegurándose que lo sean por un órgano con representación del estudiantado».

Este punto abría la puerta a que fueran los estudiantes quienes tuvieran que dar el visto bueno de los contenidos, metodologías, evaluación e incluso los recursos de aprendizaje, algo que hasta la fecha dependía exclusivamente de los centros o los departamentos de los mismos –y que los estudiantes tenían derecho a conocer con antelación sin alterarlos–.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sostienen que el nuevo texto es «necesario». Afirman que el alumno pasa de ser considerado como receptor de formación para pasar a ser protagonista de la vida universitaria y parte activa de las decisiones que le afectan.

El nuevo marco menciona que los estudiantes podrán conocer los planes docentes antes de realizar la matrícula, accediendo a contenidos, profesorado, idioma, prácticas y evaluación. También ofrece –dicen desde la cartera dirigida por Diana Morant– garantías sobre cambios injustificados en los criterios de evaluación y se refuerza la supervisión en las prácticas académicas.

El Estatuto, consensuado con la comunidad universitaria, contando con la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y con la representación estudiantil del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), trata de proteger frente al acoso y ciberacoso de cualquier tipo, además de reforzar el apoyo a los estudiantes con discapacidad o necesidades específicas. «Los derechos del estudiantado deben estar protegidos tanto en las aulas como en los entornos digitales», apostillaban desde el Ministerio.

Así, el objetivo es «avanzar hacia una universidad que garantice más oportunidades, mayor protección y una formación de calidad para todo el estudiantado», ampliando el acceso a las becas, la movilidad, la orientación socioprofesional, la formación permanente, las microcredenciales y el doctorado.

45 millones para plazas en residencias

La aprobación del Estatuto del Estudiantado Universitario trae consigo un paquete de 45 millones de euros destinados a crear 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias.

Bajo la premisa de que se trata de la ejecución de proyectos «maduros», el Gobierno regará a la Universidad Autónoma de Madrid con 13,36 millones de euros, el Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha con 8,19 millones, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con 6,5 millones, la Universidad de Burgos con 5,94 millones, la Jaume I de Castellón con 4,45 millones, la Universidad de Jaén con 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lérida con 2,97. En una primera fase, se crearán casi 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país.