La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, camina junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Tribunales
La Abogacía se opone a la condena de Delgado en el 'caso Stampa' por la entrega de los documentos
Los letrados públicos alegan «satisfacción extraprocesal» para salvar a la fiscal general por presuntamente alargar, de manera indebida, una investigación interna contra el que fuera fiscal del 'caso Villarejo'
A punto de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva el llamado 'caso Stampa', la Abogacía del Estado trata de evitar una futura y eventual condena a la fiscal general, Dolores Delgado, por presuntamente dilatar la investigación interna contra el entonces fiscal del «caso Villarejo» –cuestionado por un supuesto delito de revelación de secretos al pasar información a una abogada de Podemos en una causa que, finalmente, se archivó– para frustrar su acceso a una plaza a la que optaba en Anticorrupción.
Fuentes judiciales han apuntado a El Debate cómo, a finales del año pasado, en un escrito registrado el 27 de noviembre, los letrados públicos se opusieron a las peticiones de Stampa y plantearon al tribunal una «satisfacción extraprocesal», como argumento estrella, para obtener una sentencia favorable a la Fiscalía.
Esto es, la Abogacía sostiene que el Departamento que lidera Delgado ya entregó al fiscal todos los documentos vinculados a su expediente y, por lo tanto, no cabe reclamación alguna. Una tesis que, sin embargo, choca con la versión mantenida hasta entonces por el propio Ministerio Público que apelaba a la «confidencialidad» de sus comunicaciones internas para justificar la negativa inicial. Mientras, el exfiscal Anticorrupción sostiene que la maniobra se debió, únicamente, a «intereses personales» de Delgado para relevarle del cargo en el que sí se confirmó a su compañero en las pesquisas de «Tándem», el también fiscal Miguel Serrano.
No en vano, en el escrito de contestación a la demanda, que ha conocido El Debate, los letrados en defensa de la Fiscalía no impugnaron los correos presentados por el propio Stampa en sede judicial, donde se desvelaban las supuestas indicaciones remitidas al instructor del caso, vía mail, por alguno de sus superiores próximos a Delgado. Por ejemplo, el fiscal Álvaro García Ortiz quien sugirió, hasta en dos ocasiones, que no cerrase las investigaciones en curso.
La Justicia madrileña, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, admitió toda una batería de pruebas documentales aportadas por el fiscal Stampa, en el marco de la demanda que presentó contra la Fiscalía después de que se le denegara el acceso al expediente completo de la investigación que se siguió en su contra cuando estaba al frente del «caso Villarejo».
Una indemnización de 100.000 euros
Además de la demanda planteada por Stampa ante el TSJM, también registró otra ante el Ministerio de Justicia en la que pide más de 100.000 euros de indemnización. El fiscal pleitea en sede administrativa porque el «anormal funcionamiento» de la Fiscalía, en la gestión de su caso, le habría causado «graves perjuicios» tanto en su carrera , como en la merma de su prestigio y de su imagen pública.
Stampa considera, y así lo han manifestado sus letrados, que Delgado no se abstuvo en la votación sobre la plaza que había solicitado y que, finalmente, no consiguió. A su juicio tampoco existieron motivos objetivos para que el entonces Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se ausentara de la misma.
Los fiscales
Tras hacerse pública la demanda, el 'caso de Stampa' llegó al Consejo Fiscal donde los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), en un tenso Pleno extraordinario convocado por la propia Dolores Delgado para dar explicaciones sobre el asunto, pidieron, sin éxito, que se les permitiera acceder al expediente que la titular de la Fiscalía denegó por tratarse de «materia reservada».
Lo cierto es que la polémica en el seno de la Carrera Fiscal no ha decrecido. Más aun, ha puesto a Delgado en una posición cada vez más complicada, ya que la versión prestada por la fiscal general Delgado, lejos de convencer a los miembros del Ministerio Público, y a la opinión pública, ha confirmado «su falta de credibilidad». Así lo manifestaban los vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales en un durísimo comunicado al que ha tenido acceso El Debate, en primicia.
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