Dolores Delgado, la actual fiscal General del Estado
Tribunales
El TSJM admite las pruebas del fiscal Stampa contra Delgado tras expulsarle de 'Tándem'
La Justicia madrileña ha validado las pruebas aportadas por el exfiscal Anticorrupción en la demanda que presentó contra la Fiscalía tras la negativa de ésta a proporcionarle el expediente de su investigación disciplinaria
En una nueva vuelta de tuerca del conocido como 'caso Stampa' el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado una decisión que complica la posición de la fiscal general, Dolores Delgado, en el escándalo que salpica al Ministerio Público y a ella misma por maniobrar, presuntamente, en contra del exfiscal Anticorrupción Ignacio Stampa. La Justicia madrileña ha admitido toda una batería de pruebas documentales aportadas por el fiscal, en el marco de la demanda que presentó contra la Fiscalía después de que se le denegara el acceso al expediente completo de la investigación que se siguió en su contra cuando estaba al frente del 'caso Tándem'. Así lo ha determinado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en un auto fechado el pasado 3 de enero.
Si bien se han admitido casi totalidad de las pruebas vinculadas a la instrucción en curso, así como otras vinculadas a la causa sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se le ha denegado el acceso -en calidad de prueba- al expediente del Ministerio Público que se siguió contra él. Según la explicación de los propios magistrados que deben resolver la causa, dicho expediente es «el objeto del litigio» y sobre ello se pronunciarán en su futura y eventual sentencia.
El TSJM se ha pronunciado, también, sobre las pruebas propuestas por el fiscal y la Abogacía del Estado. Al representante del Ministerio Público, los magistrados le han desestimado una de las prueba propuesta al considerarla «impertinente» e «innecesaria para la resolución del litigio».
El fiscal, que actualmente ejerce su labor profesional en los juzgados madrileños, presentó una demanda para que el TSJM decida si tiene derecho o no a acceder a las comunicaciones internas que la Fiscalía mantuvo durante el procedimiento que se siguió en su contra por un presunto delito de revelación de secretos. Algo que, de ocurrir, situaría en una posición muy complicada a la ya de por sí cuestionada Dolores Delgado. Stampa dispone de 10 días para presentar su escrito de conclusiones definitivas en un procedimiento que fuentes cercanas al caso confirman a El Debate que «va muy rápido».
Sin explicaciones al Consejo Fiscal
Tras hacerse pública la demada, el 'caso de Stampa' llegó al Consejo Fiscal donde los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), en un tenso Pleno extraordinario convocado por la propia Dolores Delgado para dar explicaciones sobre el asunto, pidieron, sin éxito, que se les permitiera acceder al expediente que la titular de la Fiscalía denegó por tratarse de «materia reservada».
Lo cierto es que la polémica en el seno de la Carrera Fiscal no ha decrecido. Lejos de hacerlo ha puesto a Delgado en una posición cada vez más complicada ya que la versión prestada por la fiscal general Delgado, lejos de convencer a los miembros del Ministerio Público ha confirmado «su falta de credibilidad ante la opinión pública». Así lo manifestaban los vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales en un durísimo comunicado al que ha tenía acceso El Debate, en primicia.
«Somos conscientes de la preocupación generalizada de toda la Carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia Institución. Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema», denunciaron públicamente el pasado mes de noviembre.
De nada ha servido que, en su calidad de consejeros, hayan instado el traslado de documentación detallada y, por escrito, sobre todo lo ocurrido en el expediente abierto a Ignacio Stampa por un presunto delito de revelación de secretos que resultó finalmente archivado: «No sólo de los abogados intervinientes en las Diligencias Previas 96/17 del caso Villarejo en el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde el fiscal fue el encargado de su llevanza desde su incoación, sino datos sobre si el despacho de Baltasar Garzón, actual pareja de la fiscal general, ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados».
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