02 de julio de 2022

Los líderes independentistas indultados y algunos de los documentos utilizados por el Gobierno para su justificación

Los líderes independentistas indultados y algunos de los documentos utilizados por el Gobierno para su justificación

Exclusiva - El expediente de los indultos (II Parte)

Sánchez usó un informe antiguo de un organismo presidido por el Rey para justificar los indultos

El Gobierno incorporó al expediente para liberar a nueve condenados un viejo análisis de un instituto del que forman parte Felipe VI y los cuatro expresidentes vivos de la democracia

Pedro Sánchez va a incluir a ERC y Bildu a la Comisión de Gastos Reservados, donde se tratan y conocen los secretos más delicados para la Seguridad Nacional, y ha puesto al CNI a los pies de los caballos por una supuesta investigación a líderes separatistas que han dado sobradas muestras de su disposición a asaltar la Constitución.
Pero nada de eso se entiende sin el episodio germinal de todo: la concesión de indultos a nueve políticos catalanes condenados por sedición y malversación que el Gobierno justificó, con un expediente escondido durante casi un año al que ha accedido El Debate, adjuntando como grandes argumentos la opinión de los sindicatos, los sondeos del «CIS catalán» y recortes de prensa en periódicos como El País o el independentista ARA en los que sus propios autores no renegaban del golpe institucional.
Pero además de todo ello, Sánchez incorporó al «expediente secreto» un informe para legitimar el «regalo» a Junqueras y el resto de presos que convierte en cómplices involuntarios de la dádiva al propio Rey Felipe, a los expresidentes Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar y a dirigentes del PP tan conocidos como Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.
Así queda demostrado en la documentación que el Gobierno se ha visto obligado a entregar a El Debate tras una larga pugna que culminó con el amparo del Consejo de Transparencia a este periódico y al derecho a la información de la ciudadanía: se trata del expediente completo de los indultos, más de 500 páginas que Moncloa tenía guardadas hasta ahora en un cajón bajo siete llaves.
Y en el mismo se percibe cómo, para tomar una decisión política imprescindible para obtener el apoyo del separatismo a Sánchez, el Ministerio de Justicia utilizó todo lo que estaba a su alcance con la evidente intención de maquillar su «regalo».
Incluido un informe del Real Instituto Elcano nada sospechoso de defender la causa soberanista, fechado en 2017, que se adjunta sin embargo como motivación para conceder la impunidad a los reos. Ese estudio, titulado El conflicto catalán, tiene el plácet tácito del mismísimo Rey Felipe, en su calidad de presidente honorífico del organismo.
Y también, con el mismo grado de conocimiento nulo de cómo se iba a utilizar, de los cuatro expresidentes vivos de la democracia, incluidos José María Aznar y Mariano Rajoy, pese a que el primero tildó los indultos de «humillación» y es un claro opositor de los indultos y el segundo tuvo que impulsar el artículo 155 para destituir a Puigdemont y a su Gobierno tras convocar y celebrar un referéndum ilegal de independencia.
Todos ellos, junto a los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Cultura o Economía y con la única excepción de Rajoy, que se incorporó tras la moción de censura, formaban parte del Patronato del Real Instituto Elcano, que Sánchez utilizó, sin su conocimiento, para intentar legitimar su decisión.
No significa que el Rey sea autor del citado informe, ni tampoco ninguno de los dirigentes políticos de primera línea que lo conforman, pero sí que el Gobierno careció de la cautela elemental y no tuvo reparos en adjuntar a su expediente un estudio antiguo avalado simbólicamente por el Jefe del Estado y los antecesores de Sánchez, con la excepción de Rajoy, que no estaba aún en el Patronato cuando se redactó ese análisis pero sí cuando se adjuntó a la polémica decisión del Gobierno de revocar las condenas.
También forman parte de ese órgano representantes de algunas de las empresas más importantes de España, como Telefónica, Inditex, BBVA, Cepsa o Iberdrola, entre otras. Que, como el resto de miembros, tampoco eran conscientes de que un trabajo con su sello se usó con esos fines, tal y como reconocen a El Debate tres fuentes distintas relacionadas con el Real Instituto Elcano.
En concreto se utilizó uno de sus documentos, publicado el 23 de octubre de 2017 y ampliado el 4 de enero, para consolidar la tesis del Gobierno sobre la conveniencia de anular la sentencia del Tribunal Supremo, a pesar de que la Fiscalía se oponía tajantemente a ello.
En amarillo, el informe usado por Sánchez de un Instituto presidido por el Rey Felipe VI

En amarillo, el informe usado por Sánchez de un Instituto presidido por el Rey Felipe VI

Aquel estudio dista mucho de ser un beneplácito a Sánchez para que, cuatro años después, lo esgrima en el expediente firmado por Juan Carlos Campo al lado de los barómetros del CEO catalán, una nota de la oficiosa Conferencia Episcopal de Tarragona o un artículo del condenado Jordi Sánchez vanagloriándose del 1-O.
Insertar en ese expediente un informe técnico, pero con el amparo de la élite política e institucional española, dice mucho de la voluntad de Sánchez de recubrir su arbitrariedad, aunque en el viaje implique al mismísimo Felipe VI, que apenas unos días antes de que el Real Instituto Elcano emitiera ese estudio dio su famoso discurso del 5 de octubre para frenar la deriva separatista.
Nada de eso fue suficiente para que el Ministerio de Justicia se resistiera a utilizarlo, a pesar de que sus conclusiones podrían servir precisamente para lo contrario y esgrimirse para negar la necesidad de indultar a los protagonistas del golpe institucional.
Entre otras cosas, dicho análisis decía literalmente que «el apoyo a la independencia es hoy minoritario entre los catalanes (35 %)» o que, entre otras conclusiones, «hasta un 76 % de los catalanes declaran mantener, en mayor o menor medida, identificación política con España. El apoyo a la secesión está muy lejos de ser categórico».
Es decir, ni en los peores momentos del desafío se debía temer la respuesta de Cataluña a la imposición de la ley, lo que desmontaba el argumento central del Gobierno sobre la conveniencia social de invalidar las condenas a los cabecillas del procés.
Pese a ello, Sánchez se aferró al estudio del Instituto, dirigido entonces por Emilio Lamo y hoy en día por Charles Powell, y tal vez a una de las frases que en realidad vale para soportar un discurso y el contrario: «Los partidos independentistas parecen mostrar su disposición a aparcar la fallida vía unilateral».
Todo ello le sirvió a Moncloa para adornar una medida de gracia que, además, explicó con un mensaje denigratorio hacia las instancias judiciales que habían dictado sentencia, tal y como demuestra la explicación del entonces ministro Campo, incluida también en el expediente en posesión de El Debate: «Mientras que los órganos judiciales son llamados a impartir justicia en los términos previstos por el artículo 117 de la Constitución, el Gobierno se debe a la defensa de los intereses generales de conformidad con el artículo 97 de la misma norma. Y, precisamente para la consecución de tal objetivo, la propia Constitución y el legislador han puesto a su disposición la figura del indulto, bajo el entendimiento de que, en ocasiones excepcionales, es necesaria la adopción de decisiones políticas (…)».
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