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25 de abril de 2024

La ministra Margarita Robles hablando por teléfono en el Congreso

La ministra Margarita Robles hablando por teléfono en el CongresoEFE

Exclusiva: el dato que cuestiona que Sánchez conoció ahora el espionaje

Defensa compró equipos de encriptado semanas después del espionaje a la ministra Robles

El Ministerio firmó dos contratos con la empresa de ciberseguridad Epicom el verano pasado para proteger sus comunicaciones. El Gobierno insiste en que no ha sabido del espionaje hasta ahora

El Ministerio de Defensa adquirió equipos de encriptación para las comunicaciones del Estado Mayor de la Defensa y de la ministra solo unas semanas después de que el móvil de Margarita Robles fuera infectado con Pegasus, en junio de 2021.
Fuentes de Defensa consultadas por El Debate afirman que esta compra, que superó el millón de euros en dos contratos con la empresa Epicom, «no tiene nada que ver» con el espionaje a la ministra. Pese a la coincidencia en el tiempo. Y no entran en más detalles.
Oficialmente, el Gobierno se enteró el pasado fin de semana de que los terminales de Pedro Sánchez y de Margarita Robles fueron hackeados hace casi un año. Aunque ni la portavoz del Ejecutivo ni el ministro de la Presidencia han sido capaces de explicar desde el lunes cómo es posible que, desde mayo de 2021, el CNI no detectara nada, que ésa es la versión de La Moncloa. Ni siquiera descubriera que del teléfono del presidente habían sido extraídos más de 2,6 gigas de información.

Dos contratos consecutivos

La Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa cerró un primer contrato con Epicom el 21 de julio de 2021, aunque las gestiones empezaron en junio, según la información oficial a la que ha tenido acceso este periódico. Ascendió a 531.701 euros (impuestos ya incluidos) y en el encabezado rezaba «Adquisición de equipos criptográficos para las redes del Estado Mayor de la Defensa».

Defensa cerró dos contratos con la empresa Epicom el verano pasado, tras el hackeo del móvil de la ministra

El 3 de agosto, el Ministerio adjudicó un segundo contrato a la misma compañía, complementario del anterior y por valor de 621.562 euros. Esta vez para el mantenimiento y la actualización de los equipos de encriptación previamente adquiridos.
En total, el pago por ambos contratos para proteger las comunicaciones de Defensa ascendió a 1.153.263 euros. No hubo concurso público alguno, sino que el Ministerio lo negoció directamente con Epicom, sin publicidad.
Esta última es una empresa puntera en el encriptado y desencriptado de las comunicaciones al más alto nivel, proveedora habitual de la Administración central. Se trata de una filial del holding asturiano Duro Felguera, pero desde abril del año pasado el 40 % de sus acciones está en manos del Gobierno a través de la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Según la denuncia remitida por la Abogacía del Estado a la Audiencia Nacional, de la que se ha hecho cargo el juez José Luis Calama, el acceso «ilícito y externo» al teléfono del presidente se produjo los días 19 y 31 de mayo del año pasado. Con la ministra de Defensa no afina tanto, sino que se limita a exponer que fue inmediatamente después, en junio.
Desde un primer momento surgieron las dudas sobre el momento real en que el Ejecutivo conoció el espionaje, aunque el Gobierno insiste en que fue a raíz de la investigación encargada en respuesta al catalangate. Y que el Centro Criptológico Nacional entregó sus conclusiones el pasado fin de semana.
Sin embargo, El País publicó este martes que Sánchez fue alertado en mayo de 2021 de que el móvil de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, había sido atacado. Una información sobre la que la portavoz de Sánchez, Isabel Rodríguez, fue preguntada tras el Consejo de Ministros pero que no confirmó ni tampoco desmintió. «El Gobierno tiene unos hechos constatados, que es de lo que le damos cuenta a todos ustedes», se limitó a señalar.
En esa comparecencia, Rodríguez vino a decir, sin entrar en demasiados detalles, que los sistemas empleados por el CNI para el análisis de los móviles que utilizan los ministros y demás altos cargos «evolucionan»; dando a entender hasta en dos ocasiones que la tecnología con la que cuentan ahora es más sofisticada que la que tenían hace un año.
La portavoz no quiso adelantar qué pasará, o pasaría, si se demuestra que Marruecos está detrás, como sospecha sotto voce el Gobierno. El juez instructor apuntó este martes en esa misma dirección en su auto de apertura de diligencias previas, al acotar las fechas.
Las próximas 48 horas serán claves en el devenir político del caso Pegasus. Este miércoles, a las 10.30 de la mañana, Robles afronta una esperadísima comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso. La semana pasada, ella fue la única que plantó cara al independentismo y a Unidas Podemos, que pidieron repetidamente su cabeza.
Fue antes de que el Gobierno contara que Robles también había sido infectada. Ahora que los socios de Sánchez saben que el presidente no va a dejar caer a la titular de Defensa, estos ya no pican tan alto, sino que apuntan a la directora del CNI.
Paz Esteban comparecerá en la Comisión de secretos oficiales del Congreso el jueves a las nueve de la mañana, sabiendo que está en el filo de la navaja. La ministra Rodríguez no descartó su destitución una vez que acabe la investigación en marcha. Únicamente sostuvo: «Cada momento tiene su afán».
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