31 de enero de 2023

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pasa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pasa junto al presidente del Gobierno, Pedro SánchezEFE

Debate del estado de la nación

ERC apuntala el control del Gobierno al Constitucional que tendrá la última palabra en los indultos

La formación separatista catalana ha sido clave en la reforma socialista que permitirá a Pedro Sánchez controlar el Tribunal de Garantías tras alterar la mayoría del Pleno a progresista

Antes del 13 de septiembre. El Gobierno obligará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar a los dos magistrados que integrarán el nuevo Constitucional, tras aprobarse este jueves la reforma legal con la que el Gobierno conseguirá hacerse con el control del Tribunal de Garantías gracias al pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El cambio del sentido del Pleno del órgano a progresista permitirá a Pedro Sánchez contar con una mayoría favorable para abordar la revisión de las cuestiones más espinosas en clave política. Tanto sus leyes ideológicas como la revisión de los indultos del 'procés' que, de ser anulados por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Supremo -pendiente de abordar los mismos y tomar una decisión, tras cambiar el criterio de admisión- podrían terminar siendo revisados por el propio Constitucional intervenido. Gracias a los apoyos de Esquerra, Podemos y Mas País, el Ejecutivo cuenta con los número necesarios para salirse con la suya en este trago.
El interés del grupo parlamentario socialista es tal para salvar el trámite que, hoy, ha de superar sin problemas de cara a la entrada en vigor de la reforma que registraban de urgencia una enmienda a su proposición sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial para obligar al órgano de gobierno de los jueces a designar antes del 13 de septiembre a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Enmienda que será incluida, por lo tanto, en el texto a votar una vez recibida la luz verde de su toma en consideración durante la segunda jornada del debate del estado de la nación.
Así las cosas, y con la vista puesta en las advertencias de Europa a España en materia de independencia judicial, el Consejo -que no ha sido escuchado en este asunto- tendrá que nombrar a los dos jueces del Tribunal de Garantías en el plazo máximo de tres meses a contar desde la caducidad del mandato de los salientes. Para dos de ellos, el vicepresidente del órgano, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares la designación finalizó el pasado día 12 de junio. El presidente Pedro González-Trevijano también dejará su cargo.
La iniciativa ha contado con el respaldo de Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu que, finalmente, también se han sumado al apoyo de la norma, en contra de PP, Vox y Ciudadanos. El PSOE ha logrado salir airoso de la toma en consideración de la propuesta de ley pero también de su tramitación en lectura única, lo que significa que una vez aprobada este jueves será remitida al Senado sin necesidad de que antes pase por ponencia ni comisión y, con ello, abordar la renovación del Constitucional a espaldas de los populares.

En brazos de sus socios de legislatura

La nueva maniobra jurídica del Gobierno para saltarse el bloqueo en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que el propio Ejecutivo impuso al órgano en marzo- y nombrar a los dos magistrados del Constitucional que por turno le corresponde, saldrá de la mano de los socios de legislatura del Gobierno. Una vez que el tono y el contenido del discurso de Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación se está orientando a apuntalar la coalición 'frankenstein' que lo llevó a La Moncloa.
Desde las filas independentistas catalanas de ERC han dado su voto de confianza a la medida exprés al entender desde las filas de la formación de Oriol Junqueras que «tenemos una cúpula judicial muy conservadora que carece mucho de progresismo y también de feminismo». Y todo ello con la vista puesta en la reunión que este viernes tendrá Pedro Sánchez con el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en La Moncloa. Aragonés regresa a la interlocución con Sánchez con la exigencia de una «amnistía» general para los responsables del 'procés', que se extienda a los fugados, como él mismo ha reconocido públicamente.
De nada han servido los intentos de Partido Popular o del propio Consejo, reunido en Pleno extraordinario esta misma semana, para intentar frenar el despropósito no sólo en clave doméstica sino, también, ante Europa.

Europa endurece el tono

Precisamente Europa ha endurecido el tono con España en las últimas horas, al tanto de las maniobras del Gobierno y de la denuncia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acordó poner en conocimiento de la Comisión Europea lo que está pasando en sede parlamentaria con el control del Poder Judicial. La Comisión ha instado en un nuevo informe sobre el Estado de Derecho que se hacía público ayer, coincidiendo con la cita para la toma en consideración de la maniobra del Gobierno para asegurarse el favor del Tribunal Constitucional, a desligar al Ejecutivo de la Fiscalía General del Estado y modificar, cuanto antes, el sistema de elección de los miembros de la cúpula judicial.
De no abordarse las reformas más apremiantes en materia de Justicia, nuestros socios comunitarios, a través del comisario del ramo Didier Reynders, ya han dejado entrever que actuarán para evitar los desmanes y la debilidad, cada vez más evidente y politizado, del mecanismo de renovación judicial que sigue aplicándose en España.
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