Imagen del excomisario, José Villarejo
En las próximas semanas
Villarejo se enfrenta a la primera condena por las tres primeras piezas del caso Tándem
El tribunal de la magistrada Ángela Murillo ha concluido el juicio sobre tres de los numerosos encargos que el ahora comisario jubilado efectuó a través de su grupo empresarial, Cenyt
La primera de las causas contra José Manuel Villarejo ha quedado visto para sentencia. El procedimiento sobre las investigaciones privadas en las que, presuntamente, se utilizaron medios policiales por el encargo de diversos clientes -desde particulares a empresas del IBEX 35- para espiar a la competencia y obener información de terceros, ha concluido este miércoles, casi un año después de que que arrancara en la sede de la Audiencia Nacional. El tribunal tendrá que dictar una sentencia que determinará el conjunto de 'Tándem' pese a que sólo resolverá las tres primeras piezas separadas de la misma.
El expolicía Constancio Riaño, uno de los presuntos facilitadores de información reservada a Villarejo, ha sido el encargado poner el broche final a las vistas que, durante todo este tiempo, se han venido celebrando en la sede judicial de Alcalá de Henares. Riaño ha declarado que no conocía al comisario -solo coincidió «una vez» con él en 50 años-, por lo que mucho menos sabía que «obtenía datos de la UCAO y comercializaba» con ellos. «Yo no soy un policía corrupto, en todo caso fui un policía obediente y confiado», ha dicho, asegurando entre lágrimas durante su último turno de palabra en un juicio que ha calificado de «infierno».
La vista oral daba comienzo el 13 de octubre ante un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la magistrada Ángela Murillo y sus compañeros los magistrados Fermín Echarri y Carmen Paloma González, para juzgar tres de los muchos y diversos encargos que el ahora comisario jubilado efectuó a través de su grupo empresarial, Cenyt.
'Iron', 'land' y 'pintor'
En 'Iron' se han analizado los trabajos realizados para el despacho de abogados especializado en propiedad intelectual Herrero&Asociados, que habrían consistido en investigar a un bufete rival formado por antiguos empleados, Balder, ante la sospecha de que les había robado la base de datos.
En 'Land', Villarejo habría dirigido sus averiguaciones contra el entorno de Luis García-Cereceda, el fallecido dueño de Procisa, la empresa promotora de la urbanización de lujo La Finca, por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia.
Con 'Pintor', habría cumplido el mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara para encontrar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este último, el ex juez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.
El hilo conductor de estos tres encargos sería que Villarejo usó sus contactos en la Policía para conseguir datos de carácter reservado -tráficos de llamadas e información bancaria, tributaria o de seguridad social- sobre los objetivos de sus pesquisas. El resultado habrían sido varios informes por los que, en total, se habría embolsado más de 650.000 euros.
¿Con el permiso del CNI?
La estrategia defensiva de Villarejo ha sido presentarse como un «espía» que trabajaba para Policía y CNI utilizando Cenyt como «tapadera» para acceder a las «fuentes humanas» que manejaban información de interés para el Estado. Según él, estaba autorizado a usar ese entramado societario también para encargos privados y lo que ganaba revertía en el mismo.
De todo ello, ha sostenido, eran conscientes los sucesivos directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía, ministros de Interior y hasta presidentes del Gobierno desde que comenzó su andadura como «agente encubierto», allá por los 90, haciendo trabajos «mucho más graves» que los descubiertos por la vía judicial.
«Por supuesto que la Policía española ha contado, cuenta y contará con otros Villarejos, si es que es una práctica necesaria para el Estado (...) y estamos seguros de que la Sala lo sabe», glosó su abogado defensor, Antonio José García Cabrera, durante su informe final.
Si la causa estalló, saliendo a la luz pública una figura concebida para permanecer en las sombras, fue por una 'vendetta' del entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, y del jefe de Asuntos Internos de la época, Marcelino Martín Blas, contra Villarejo por haber alertado de sus supuestas corruptelas, han aducido.
Sobre los presuntos delitos, han reducido estas tres piezas y toda la macrocausa a una mera revelación de secretos, pero ni siquiera «secretos sensibles», sino datos básicos que -afirman- están disponibles en «fuentes abiertas», a mano de «cualquier detective privado».
Los «excesos» verbales que se puedan escuchar en las conversaciones grabadas por el propio Villarejo, y que ahora constituyen una de las principales pruebas en su contra, como cuando se le oía hablar de seguimientos y escuchas, eran puro «marketing», declaró, explicando que «hay que hacer ciertos alardes» para que los clientes queden «contentos» y mantener la fachada de CENYT.
Corrupción de un expolicía
Por su parte, los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas, que en las primeras sesiones ya concedieron que era posible que Villarejo fuera un agente encubierto que usara CENYT como tapadera, han dedicado sus intervenciones a subrayar que «lo intolerable» es que se enriqueciera con ello.
En su última alocución, Serrano ratificó esta idea al describir a Villarejo como «un policía corrupto» que ofrecía unos servicios concretos, de «policía privada», guiado únicamente por el «ánimo de lucro». Todo lo demás, avisó, forma parte del «partido paraprocesal» que habría intentado jugar el comisario jubilado: «Villarejo en estado puro, confusión permanente, el juego de los espejos. Una persona envuelta bajo la bandera del patriota y bajo un lenguaje soez, homófobo machista y un poco gótico».
Por todo ello, Anticorrupción pide para Villarejo una condena de 83 años de cárcel por delitos de cohecho pasivo, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantil y extorsión en grado de tentativa.
Aún siendo una pena de «terror» -en palabras de García Cabrera-, el Ministerio Público aplicó una rebaja de más de 20 años, ya que en sus conclusiones provisionales interesaba un castigo de 109 años de cárcel. La mayor beneficiada por este giro fue la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, a la que antes pedían 83 años entre rejas y ahora solo reclaman 5.
De la larga lista de acusados, más de 30, la Fiscalía retiró su acusación contra el policía Javier Fernández y el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro; muchos llegaron a acuerdos de conformidad; y otros vieron aligeradas sus peticiones iniciales por el perdón de sus víctimas.
Queda pendiente el ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño, al que los investigadores presentan como el principal proveedor de datos confidenciales a Villarejo, ya que el tribunal acordó suspender el juicio para él por el ictus que sufrió el 1 de mayo.
La estrategia de los acusados
El principal caballo de batalla de los acusados ha sido atacar la prueba. Desde las cuestiones previas vienen exigiendo la nulidad de buena parte de los archivos, digitales y en papel, hallados en los registros efectuados en 2017 y 2020 en las casas y oficinas de Villarejo y su socio. Por un lado, porque alegan que los policías excedieron el mandato judicial y arrasaron con todo. Y, por otro, porque denuncian que no se respetó la cadena de custodia.
Si bien el inspector jefe reconoció problemas puntuales, confirmados después por otros agentes -como malas transcripciones o discos duros rotos-, garantizó el origen y la custodia de esta ingente documentación, alguna aún sin explorar.
Será la sentencia la que valide o no la actuación policial, una cuestión de suma relevancia porque en esos registros se incautaron los audios y las agendas personales de Villarejo, entre otro mucho material que constituye el sustrato probatorio de 'Tándem'.
El tribunal también está llamado a pronunciarse sobre otros asuntos que podrían condicionar las demás piezas separadas (más de 30), como la articulación de la «doble» faceta del comisario, la naturaleza de sus empresas y el rol de los clientes. Las partes solo han coincidido a la hora de exhortar a los magistrados a resolver con Justicia. Los fiscales, porque «nadie puede quedar impune». Y Villarejo, para que este «montaje» no llegue a término.
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