Elías Bendodo, coordinador general del PP
El PP retomará el diálogo sobre el CGPJ si el PSOE se compromete por escrito a no tocar la sedición
Presentará mociones en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos para que el PSOE de cada territorio «diga alto y claro» si está de acuerdo con que se rebaje ese delito
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «están paralizadas pero no rotas», y que las retomaría «esta misma tarde» si el presidente Pedro Sánchez se compromete «por escrito» a no reformar el delito de sedición.
En rueda de prensa, el dirigente popular ha recalcado que el acuerdo, que sí que estaba muy avanzado, pero no cerrado, no lo rompió «ningún tuit ni llamada» de otros cargos del PP, porque su líder, Alberto Núñez Feijóo, «escucha y consulta a todo el mundo» pero «toma sus propias decisiones».
«Consulta y recibe mensajes y wasaps de todos, y habla y llama», algo que hizo con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero también con el resto de responsables autonómicos, aunque luego es él el que «toma su decisión» que, en este caso, ha sido la avalada por la mayoría del PP.
Mal socialista y mal español
Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo lo que ha demostrado es «ser un mal socialista y un mal español» al tratar de adaptar el Código Penal a sus necesidades presentes, futuras y también pasadas, con una reforma «negociada por debajo de la mesa» y con efectos retroactivos para tender «una alfombra roja a los condenados en Cataluña».
El PP se prepara para presentar mociones en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos para que el PSOE de cada territorio «diga alto y claro» si está de acuerdo con que se rebaje el delito de sedición.
Los populares están convencidos de que el «socialismo verdadero» de antes de Pedro Sánchez, dispuesto a llegar a acuerdos y al que «le dolía España», y no el que se vio en el acto del pasado sábado para conmemorar los 40 años de la victoria de 1982, nunca rebajaría «a precio de saldo» este delito.
Entierro del socialismo constitucional
Ese acto - ha dicho- fue «el entierro del socialismo constitucional», marcado por la ausencia de quienes «se presentan a las elecciones en unos meses» para no hacerse «la foto con Sánchez» y porque muchos de los que sí asistieron «se removían en las butacas» porque su líder no solo está «traicionando a España» sino a la «memoria del socialismo y de la transición que tanto hizo por este país».
Ese socialismo traicionado es el que hoy firmaría que no se reformara la sedición, ha añadido; sin embargo, el «sanchismo» ha optado por facilitar «una amnistía total a los condenados por el golpe» como ha revelado, ha dicho, Carles Puigdemont en una carta en la que asegura que «gente del PSOE le ha ofrecido un buen trato vía reforma del Código Penal y el indulto».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), se reúne con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), en La Moncloa
Para Bendodo, es «mejor romper un acuerdo que traicionar a España», si bien la voluntad del PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces es «tajante».
«Las negociaciones está paralizadas pero no rotas» -ha señalado-, y «el Gobierno tiene en su mano que el PP se siente a dialogar y acordar una reforma de la Justicia». «Solo necesitamos un gesto muy sencillo: que Sánchez se comprometa por escrito que no va a tocar el delito de sedición».
Negociaciones que, ha reconocido, «avanzaban como no lo habían hecho en los últimos meses», y ya habían logrado cerrar los nombres de los vocales, pero quedaba el modelo de elección para el futuro, hasta que el Gobierno las hizo «saltar por los aires».
El vicesecretario del PP Esteban González Pons en Génova
Pons: Sánchez ha jugado a dos barajas, y ha elegido ERC
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pactaron en la reunión que celebraron en Moncloa el pasado 10 de octubre no tocar el delito de sedición y que no habría magistrados «afines a ERC» en el Tribunal Constitucional. Además, ha desvelado el rechazo a los términos del acuerdo de los ministros jueces que forman parte del Gobierno.
Eso sí, González Pons ha recalcado que la negociación «no estaba cerrada» la pasada semana, cuando el PP decidió el jueves por la tarde suspender las negociaciones por el delito de sedición, porque, según ha subrayado, quedaba el «tema principal», que es un nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En una entrevista, González Pons ha explicado que «el abaratamiento de las penas» por el delito de sedición y la posibilidad de que entrasen «magistrados afines a ERC» en el Tribunal Constitucional estuvo claro «desde el principio».
«De esto se trató en la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijóo en Moncloa, a la que asistimos también Bolaños y yo. Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición», ha manifestado el dirigente del PP, que ha sido el negociador por parte de los 'populares'.
Además, ha indicado que se acordó en la última reunión, en un «clima de buena sintonía», que el presidente del Gobierno comunicaría al líder del PP «quiénes iban a ser los candidatos del Gobierno para el TC» con el fin de que el primer partido de la oposición «pudiera comprobar que no entraba ningún afín a ERC».
Así, Pons ha apuntado que el Gobierno les ofreció dos fechas porque la negociación no estaba cerrada. «Una de las grandes novedades que iba a contener esta negociación era que no se iba a negociar ni la Presidencia del Consejo General ni del Tribunal Constitucional, iban a ser los magistrados y los vocales los que eligiesen», ha apuntado.
Sin embargo, ha admitido que las cosas empezaron a «complicarse» cuando se informó en los medios de que «se acercaba la reforma del delito de sedición».
Según ha recalcado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les había trasladado tanto «por palabra como por escrito» que lo relativo a la reforma penal «no era noticia» sino «periodismo de autor», pero luego Pedro Sánchez confirmó «lo contrario» a Feijóó. Por ello, ha enfatizado que la última reunión no era de «trámite», sino que era «decisiva».
González Pons también ha desvelado la «inquietud» de los ministros jueces que forman parte del Gobierno (Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop) y ha indicado que, desde el martes, al conocer los requisitos acordados, «hubo una oposición» a que ese pacto «fructificase».
«El martes no hubo reunión porque el lunes los ministros jueces protestaron por uno de los artículos de la Ley Orgánica que negociábamos y tuvimos que renegociarlo entre el lunes y el martes hasta llegar a un acuerdo por el cual los actuales ministros no iban a poder incorporarse a sus puestos de trabajo al salir de los actuales ministerios», ha explicado.
De lo que discrepaban, según Pons, es de que el compromiso se les aplicase «personalmente» a ellos. Este compromiso tenía tres partes: que el juez que se incorpora a la política lo hiciera en excendencia, dejando de computar su antigüedad; que el juez que vuelve de la política esté dos años sin dictar sentencias a disposición del presidente de su tribunal y que vuelva a concursar para recuperar su plaza.
Finalmente, acordaron que no se les aplicaría la primera parte porque no tenía sentido que se les aplicara cuando habían entrado en unas condiciones laborales en el Gobierno.
Pons ha asegurado que la mayor parte del tiempo la han pasado redactando una proposición de ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que se iba a tramitar «al mismo tiempo» que se examinaba a los candidatos al CGPJ y las nuevas condiciones para acceder al Consejo del Poder Judicial «que se establecían en esa proposición de ley y ya se les exigían a los candidatos que van a ponerse sobre la mesa».
Así, ha insistido en que había una lista de veinte nombres, una proposición de ley orgánica y quedaba el asunto principal por negociar «el que podía dar el sí igual no a toda la negociación». «Pedíamos al Consejo General del Poder Judicial que en el plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos nos propusiera un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que pudiera ser aceptado por el informe sobre Estado Derecho de la Unión Europea», ha apostillado.
Preguntado acerca de si el Grupo Parlamentario Popular se propone a llevar al Congreso el proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial dado que estaba pactado, Pons ha señalado: «no lo descarte». No obstante, ha matizado que todavía están en un momento «en el que las puertas están cerradas, pero no con llave». «Hemos suspendido la negociación, pero si renuncia a pactar con los independentistas estamos dispuestos a seguir adelante», ha añadido.
Pons ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba «jugando a dos barajas» y le han «obligado a elegir» entre ERC y los constitucionalistas. A su entender, «no puede estar con los dos a la vez» y «el problema es que ha vuelto a elegir a ERC». Además, ha indicado que el Gobierno «sabía cuál era su condición» y el PP «no ha engañado».
Eso sí, González Pons ha recalcado que la negociación «no estaba cerrada» la pasada semana, cuando el PP decidió el jueves por la tarde suspender las negociaciones por el delito de sedición, porque, según ha subrayado, quedaba el «tema principal», que es un nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En una entrevista, González Pons ha explicado que «el abaratamiento de las penas» por el delito de sedición y la posibilidad de que entrasen «magistrados afines a ERC» en el Tribunal Constitucional estuvo claro «desde el principio».
«De esto se trató en la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijóo en Moncloa, a la que asistimos también Bolaños y yo. Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición», ha manifestado el dirigente del PP, que ha sido el negociador por parte de los 'populares'.
Además, ha indicado que se acordó en la última reunión, en un «clima de buena sintonía», que el presidente del Gobierno comunicaría al líder del PP «quiénes iban a ser los candidatos del Gobierno para el TC» con el fin de que el primer partido de la oposición «pudiera comprobar que no entraba ningún afín a ERC».
Así, Pons ha apuntado que el Gobierno les ofreció dos fechas porque la negociación no estaba cerrada. «Una de las grandes novedades que iba a contener esta negociación era que no se iba a negociar ni la Presidencia del Consejo General ni del Tribunal Constitucional, iban a ser los magistrados y los vocales los que eligiesen», ha apuntado.
Sin embargo, ha admitido que las cosas empezaron a «complicarse» cuando se informó en los medios de que «se acercaba la reforma del delito de sedición».
Según ha recalcado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les había trasladado tanto «por palabra como por escrito» que lo relativo a la reforma penal «no era noticia» sino «periodismo de autor», pero luego Pedro Sánchez confirmó «lo contrario» a Feijóó. Por ello, ha enfatizado que la última reunión no era de «trámite», sino que era «decisiva».
González Pons también ha desvelado la «inquietud» de los ministros jueces que forman parte del Gobierno (Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop) y ha indicado que, desde el martes, al conocer los requisitos acordados, «hubo una oposición» a que ese pacto «fructificase».
«El martes no hubo reunión porque el lunes los ministros jueces protestaron por uno de los artículos de la Ley Orgánica que negociábamos y tuvimos que renegociarlo entre el lunes y el martes hasta llegar a un acuerdo por el cual los actuales ministros no iban a poder incorporarse a sus puestos de trabajo al salir de los actuales ministerios», ha explicado.
De lo que discrepaban, según Pons, es de que el compromiso se les aplicase «personalmente» a ellos. Este compromiso tenía tres partes: que el juez que se incorpora a la política lo hiciera en excendencia, dejando de computar su antigüedad; que el juez que vuelve de la política esté dos años sin dictar sentencias a disposición del presidente de su tribunal y que vuelva a concursar para recuperar su plaza.
Finalmente, acordaron que no se les aplicaría la primera parte porque no tenía sentido que se les aplicara cuando habían entrado en unas condiciones laborales en el Gobierno.
Pons ha asegurado que la mayor parte del tiempo la han pasado redactando una proposición de ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que se iba a tramitar «al mismo tiempo» que se examinaba a los candidatos al CGPJ y las nuevas condiciones para acceder al Consejo del Poder Judicial «que se establecían en esa proposición de ley y ya se les exigían a los candidatos que van a ponerse sobre la mesa».
Así, ha insistido en que había una lista de veinte nombres, una proposición de ley orgánica y quedaba el asunto principal por negociar «el que podía dar el sí igual no a toda la negociación». «Pedíamos al Consejo General del Poder Judicial que en el plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos nos propusiera un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que pudiera ser aceptado por el informe sobre Estado Derecho de la Unión Europea», ha apostillado.
Preguntado acerca de si el Grupo Parlamentario Popular se propone a llevar al Congreso el proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial dado que estaba pactado, Pons ha señalado: «no lo descarte». No obstante, ha matizado que todavía están en un momento «en el que las puertas están cerradas, pero no con llave». «Hemos suspendido la negociación, pero si renuncia a pactar con los independentistas estamos dispuestos a seguir adelante», ha añadido.
Pons ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba «jugando a dos barajas» y le han «obligado a elegir» entre ERC y los constitucionalistas. A su entender, «no puede estar con los dos a la vez» y «el problema es que ha vuelto a elegir a ERC». Además, ha indicado que el Gobierno «sabía cuál era su condición» y el PP «no ha engañado».
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