Luis Toribio, uno de los seis miembros del Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia
Entrevistas Jurídicas
Luis Toribio, portavoz de los Letrados: «La ministra Llop intenta que la huelga agonice y se resuelva por sí sola»
Rotas las negociaciones entre los antiguos secretarios judiciales, en paro indefinido desde el pasado 24 de enero, y los responsables de Justicia, El Debate habla con uno de los seis miembros del Comité de Huelga
Luis Toribio (Sevilla, 1957), Letrado de la Administración de Justicia desde 1981, al ganar las últimas oposiciones a secretario de juzgado de primera instancia e instrucción, y vocal del Consejo del Secretariado durante 13 años ejerce, en la actualidad, en la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Sevilla y es miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia donde ejerce como Defensor del Colegiado ante los expedientes disciplinarios.
Profesional con más de 34 años de carrera ha sabido ganarse el respeto en el mundo judicial. Defensor acreditado de los derechos de los funcionarios de Justicia, Toribio no ha dudado en dar un paso al frente para denunciar los excesos que, a veces, pretenden llevarse a cabo en su sector.
–El secretario general de Justicia, Manuel Olmedo, niega que exista o haya existido un acuerdo firmado entre el Ministerio y ustedes que se esté incumpliendo, ¿es eso cierto?
–La regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial de los acuerdos entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia no es satisfactoria, ya que provoca múltiples equívocos. Así, mientras el Ministerio publica en el BOE los acuerdos de las mesas de negociación de los sindicatos representativos en la mesa sectorial de Justicia, los Letrados de la Administración de Justicia, estamos abocados a la negociación directa. Hoy la LOPJ incorpora desde 2015 el derecho de los Letrados de la AJ a que sus asociaciones sean oídas en todos los temas que les afecten, lo que ahora está incumpliendo sistemáticamente por el Ministerio de Justicia.
Por ello nos vemos obligados a solicitar que se atribuya legalmente y de forma efectiva la negociación colectiva de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), a las propias asociaciones de Letrados por ser un derecho constitucional de todos nosotros que no ejercen los sindicatos. Nos remitimos a las notas de prensa que sacan todos los días, en las que existimos, para recomendar que se presenten denuncias contra nosotros.
Nosotros también tenemos líneas rojas. En esa fase nos encontramos
El acuerdo de abril de 2022 recoge múltiples aspectos, y entre otros, el estudio de la solución a este problema. Dicho acuerdo, convenio ahora en palabras del Secretario General al Comité de Huelga, fue publicitado como tal y reconocido públicamente por el propio Ministerio en su página web, quien, posteriormente, no dio cumplimiento al mismo y por dicho motivo se acudió en otoño de 2022 al Ministerio, quien no dio respuesta, y se convoco huelga parcial los pasados 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre de 2022. Ante la ausencia de respuesta fue convocada la huelga indefinida desde el pasado 24 de enero.
–Cuatro mesas de negociación no han servido para aproximar posturas, ¿se mantienen en la decisión de que el paro sea indefinido?
–Realmente no podemos decir que hayamos tenido cuatro mesas de negociación, cuando la kafkiana noche del 16 de febrero, la mesa se limitó a la solicitud del Secretario de Estado del cese de la huelga, para poder iniciar el estudio de lo que ya se acordó en su día, y el Comité de Huelga le reiteró que cuando se diera cumplimiento al acuerdo, aunque para ello se tuviera que modificar la forma, pero no su contenido.
Las reuniones posteriores el Ministerio seguía insistiendo en la necesidad de volver a negociar todo lo acordó en abril de 2022 desde cero, y sin embargo en la tercera reunión marcó líneas rojas que impedían tratar temas ya acordados. Por el Comité de Huelga se ha advertido que nosotros también contamos con líneas rojas, y que están pasan por atender a todos los funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia y no solo a unos pocos. Y en esa fase nos encontramos.
–¿Consideran una falta de voluntad que en ninguna de las ocasiones se ha sentado a la mesa la ministra Pilar Llop?
–Resulta más que evidente que tras el acuerdo de abril de 2022 la ministra no ha mostrado interés en el mismo, ni cuando se advirtió en octubre, ni cuando se convocaron los paros parciales, ni cuando se inicio la huelga indefinida. Múltiples han sido los llamamientos a la ministra para que se reúna con nosotros para poner fin al conflicto, ya que al parecer los actuales interlocutores carecen de capacidad real para llegar a un acuerdo, manifestando reiteradamente la falta de autorización.
–Justicia proporciona unos datos sobre seguimiento del paro y consecuencias del mismo que nada tienen que ver con los suyos…
–La actitud del Ministerio ante el conflicto inicialmente ha sido negarlo. Tras la evidencia, minimizarlo. Y tras su alargamiento en el tiempo simplemente intentar que agonice por sí solo. No contaban con la unión contundente de los Letrados de la Administración de Justicia, que durante tantos años hemos estado clamando dignidad, igualdad y justicia, para el reconocimiento de nuestras funciones y responsabilidades asumidas desde 2009, sin reconocimiento económico. Sobre todo, cuando este reconocimiento ha llegado a cuerpos con titulación superior igual, A1, como los médicos forenses, o inferior al nuestro, A2, C1 y C2, funcionarios de cuerpos generales, sin que haya tenido la correspondiente actualización de equidad al nuestro.
Antes del próximo 2024 no podremos hablar de una situación más o menos normalizada de la Justicia, tras el paro indefinido
–¿Qué dirían a quienes les acusan de hacer esto sólo por dinero?
–Simplemente que no conocen nuestro trabajo diario, que no conocen nuestras responsabilidades y la necesidad de que, sobre todo, se nos trate con dignidad, con igualdad y con justicia, y que por equidad se trate equitativamente a los que trabajamos en el mismo sector o actividad. Son, además, como ya he dicho, muchas las circunstancias que recogen los acuerdos de abril de 2022, entre los que figura la forma de recoger nuestros acuerdos.
–¿Cuáles son sus reivindicaciones reales? ¿Y qué nuevas tareas están realizando que se niega a pagarles el Ministerio?
–Las reivindicaciones reales son las recogidas en los acuerdos de abril de 2022, que el propio ministerio publicita en su pagina web como un acuerdo satisfactorio que, además de las económicas recogen las estatutarias, descansos y libranzas, servicio de guardia, sustituciones, prevención de riesgos laborales, carrera profesional, y múltiples cuestiones menores de nuestras condiciones de trabajo.
Sobre las nuevas tareas encomendadas desde 2009, en todas las jurisdicciones, además de la admisión de demandas y ordenación del procedimiento hasta el juicio y sentencia, toda la ejecución, con impulso de oficio de toda la tramitación hasta el archivo por cumplimiento definitivo de la resolución que ponga fin al proceso, ya sea del Juez o Magistrado, ya sea de nosotros mismos en los supuestos que la Ley dispone.
–Imagino que son conscientes del perjuicio que todo este está causando a los ciudadanos que esperan desde hace meses que se celebre una vista, por ejemplo, para poder volver a ver a sus hijos sin necesidad de acudir a un punto de encuentro, o por un despido improcedente,…
–Somos muy conscientes del grave perjuicio que esta situación esta acarreando tanto a los ciudadanos como a los profesionales que actúan en la Administración de Justicia, también a jueces y magistrados, funcionarios y fiscalías. Sin embargo, como podrá comprender, desde 2009 hemos sido lo suficientemente pacientes para que una vez que se alcanza un acuerdo para dar solución al conflicto, el Ministerio se niega a reconocerlo y a ejecutarlo.
–Más de 210.000 vistas suspendidas y cerca de 800 millones de euros bloqueados en cuentas judiciales que manejan ustedes, ¿quién es el culpable?
–Está claro que el Ministerio, únicamente, es quien mantiene el conflicto tras el acuerdo alcanzado en abril de 2022. No solo ahora no quieren reconocerlo, sino que además se niegan a aplicarlo e, incluso, a que se dé solución a todos los Letrados de la Administración de Justicia, y tan sólo admite hoy que se aplique a unos cuantos.
Hemos sido lo suficientemente pacientes con un Ministerio que se niega a reconocer y a ejecutar los acuerdos alcanzados
–¿Se sienten comprendidos y apoyados por el resto de los operadores jurídicos?
–Es cierto que como dicen algunos de forma jocosa en las redes sociales, este conflicto será conocido como el del enganche; enganche de las asociaciones de jueces y magistrados sin hacer huelga a nuevas reivindicaciones, enganche de asociaciones de fiscales a nuevas reivindicaciones sin hacer huelga, enganche de sindicatos de funcionarios a nuevas reivindicaciones sin hacer huelga e incluso, ya, se habla del enganche de los abogados de oficio.
Es cierto que los operadores jurídicos han solicitado mayoritariamente que se proceda a dar solución al conflicto, permitiendo que continúe la actividad normal de las oficinas judiciales y de todos los juzgados y tribunales, y que se cause el menor perjuicio a los ciudadanos. También las Comunidades Autónomas con competencias en Administración de Justicia han reclamado esta solución, teniendo en cuenta que quienes padecen los gastos de los medios personales de los funcionarios y los materiales son ellas, y esta situación requerirá de un plan de recuperación mayor al causado por la crisis sanitaria del COVID.
–Sea cual sea el desenlace, ¿han valorado el tiempo que será necesario para poner al día una Justicia que, ya de por sí, es más lenta de lo que todos desearíamos?
–Resulta claro que la Administración de Justicia siempre ha tenido insuficiencia de recursos, tanto humanos como materiales, para dar respuesta adecuada, en un tiempo adecuado, a los conflictos que se le plantean. No todas las oficinas judiciales cuentan con los mismos medios, ni se le ofrecen en todos los ámbitos territoriales los mismos medios para poner al día, una Justicia ya de por si lenta y con retraso.
Son insuficientes tanto el numero de jueces como el de funcionarios y de oficinas judiciales, son mejorables los medios telemáticos en muchos ámbitos territoriales, y eso supone que no en todas partes el retraso se soluciones de la misma forma. En cualquier caso, entendemos que antes del próximo 2024 no podremos hablar de una situación mas o menos normalizada, siempre que se adopten los medios humanos y materiales adecuados para ello.