Irene Montero, en un acto de Podemos
Tribunales
El Supremo fijará doctrina sobre la aplicación del 'sí es sí' en la primera semana de junio
El Alto Tribunal ha convocado un Pleno para debatir sobre la postura a mantener frente a los futuros y eventuales recursos contra rebajas y excarcelaciones de violadores
Será la primera vez que la Sala de lo Penal del Supremo entre a pronunciarse sobre si la mayoría de los tribunales de nuestro país han aplicado, correctamente, las rebajas previstas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad sexual, la conocida como ley del 'sí es sí', impulsada por Irene Montero, para los presos condenados por violación. El Alto Tribunal celebrará entre el 6 y 7 de junio un Pleno monográfico para fijar criterio sobre los recursos presentados contra los beneficios aplicados a los agresores sexuales, en atención al principio de la retroactividad de la ley penal más favorable al reo.
Pero los magistrados de la Sala que preside el juez Manuel Marchena, no sólo tratarán de aunar una posición sino de fijar doctrina. Y ello porque ya acumulan más de 20 recursos de casación contra autos de revisión dictados tras la entrada en vigor del polémico texto.
Desde que la ley del 'solo sí es sí' comenzase a aplicarse, el pasado 7 de octubre, el Supremo ha deliberado sobre los recursos de casación presentados contra más de 20 sentencias, acordando en unos casos mantener las penas impuestas y en otros rebajarlas. El resultado es que, hasta la fecha, ya hay al menos una docena de condenados beneficiados por las reducciones impuestas.
El 'caso Arandina'
El primer pronunciamiento que se conoció del TS sobre la nueva ley fue el relativo a la sentencia del 'caso Arandina', el pasado 29 de noviembre. Entonces, el órgano judicial estableció que «podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora una pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso, no de forma global».
Por contra, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instruido a los miembros del Ministerio Público para que aboguen por mantener las penas antiguas cuando la nueva ley lo permita, según la circular aprobada el pasado 16 de marzo por la Junta de Fiscales de Sala que era publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de Semana Santa.
No obstante, el fiscal general subrayaba que «cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso». Un escenario en el que, hasta que se apruebe la reforma de la ley inicial, sigue aumentando el goteo de presos beneficiados por sus «efectos indeseados»,
Mil rebajas sin datos actualizados
Por ahora, el único dato oficial sobre rebajas de pena y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales que consta es el facilitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a fecha de 1 de marzo las cifró en 721 y 74, respectivamente.
Aunque transcurrido más de un mes desde entonces, y con las excarcelaciones rozando el centenar, los grupos políticos en el Gobierno, PSOE y Podemos, continúan sin llegar un acuerdo para corregir, de urgencia, las alarmantes cifras. Un dato que, en espera de una nueva actualización del CGPJ en los próximos días, podría superar con holgura las mil rebajas de condenas.
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