El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y su predecesora en el cargo, Dolores Delgado
Ministerio Público
La APIF pide al fiscal general que dimita por el nombramiento de Delgado y trasladan el «escándalo» a Bruselas
La entidad que cuenta con un vocal en el seno del Consejo Fiscal dará traslado del caso a la Comisión Europea que analiza la calidad del Estado de Derecho en España
El pasado miércoles, unas horas antes del comienzo del Consejo Fiscal extraordinario en el que se ha consumado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) instaba la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por contribuir en «el deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal» hasta uno de sus «límites más altos (...), con la utilización de los medios de comunicación propios» del Ministerio Público «para responder una cuestión particular, en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio», contra la que fuera fiscal del 'procés', Consuelo Madrigal.
Tras materializarse la designación a dedo de Delgado para un cargo «a la medida» de sus aspiraciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se ha sumado a la petición lamentando «el procedimiento adoptado» por García Ortiz «para designar» a su predecesora en el cargo.
«No es sólo que haya habido un efectivo intercambio de nombramientos entre ambos: la anterior fiscal general del Estado asciende al actual quien, a su vez, cuando llega el momento, la asciende a ella» sino que «no hay reglas para evitar que se imponga la voluntad autoritaria de quien se dice progresista», denuncia la directiva de la APIF en un comunicado que se ha hecho público este viernes.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien el pasado mes de septiembre ya ascendió a su mentora, entre las críticas abiertas de la Carrera y la oposición mayoritaria de los miembros electos del Consejo, a la máxima categoría del escalafón, como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, «ha evitado», ahora, en una nueva y polémica ocasión, «posponer el nombramiento». Y, con ello, ha impedido que el Consejo Fiscal «pudiera analizar una posible incompatibilidad de la elegida» para el cargo, hurtando competencias que pertenecen, en todo caso, «al Consejo Fiscal, no al fiscal general», subraya la APIF en su nota.
«Consideramos que estamos ante un escándalo sin precedentes» de la mano de un fiscal general a quien «no le gusta que se pueda votar algo que no controla» y «eso en la Fiscalía es mucho decir». Por todo ello consideran que si García Ortiz es «capaz de perpetrar este tipo de actuaciones, debería dimitir».
Sea como fuere, «procederemos a trasladar el presente caso a la Comisión Europea en relación con el análisis sobre la salud del Estado de Derecho en España», adelanta el comunicado de la APIF al que ha tenido acceso El Debate.
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