Patxi López y Pedro Sánchez, en el debate de investidura
Técnicos comerciales y economistas rechazan la amnistía: «Atentaría contra los principios de igualdad y separación de poderes»
La asociación de funcionarios públicos recuerdan que «un buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas es clave para el desarrollo económico»
La Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado es otro de los colectivos que ha expresado su rechazo a la ley de amnistía. En un comunicado, informa de que los miembros de la entidad han votado de forma mayoritaria expresar su «preocupación sobre el alcance» de la proposición de ley registrada por el PSOE.
Señalan que esta ley «deslegitimaría la respuesta institucional que nuestro Estado de derecho dio en defensa del ordenamiento jurídico, atentaría contra los principios de igualdad y separación de poderes y dejaría impunes delitos contra el orden constitucional y de malversación, entre otros». Dejaría así sin efecto la actuación que llevaron a cabo muchos funcionarios, también de su Cuerpo, apuntan, para defender al legalidad, el ordenamiento jurídico y el orden constitucional.
La ATCEE remarca que el Estado de derecho y la separación de poderes son «la piedra angular del funcionamiento de la Administración General del Estado». «Socavarlos afecta directamente al núcleo de nuestro ejercicio profesional y al código de conducta por el que nos regimos», explican, y advierten de que deteriorarlo les «desprotegería frente a la arbitrariedad del poder político y debilitaría la reputación institucional de nuestro Estado».
«Los funcionarios de la Administración General podemos cumplir con imparcialidad e independencia con nuestros deberes y obligaciones, así como ejercer nuestros derechos, gracias única y exclusivamente a la garantía que ofrece el respeto por el ordenamiento jurídico y a un correcto funcionamiento de las instituciones del Estado», indica la asociación de Técnicos Comerciales y Economistas.
Recuerdan también en su comunicado que «un buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas es clave para el desarrollo económico», y alude en este sentido a la importancia de que a los agentes económicos se les garantice seguridad jurídica.
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