José Enríquez Negreira, exvicepresidente de los árbitros españoles
Investigación
La Federación cesó a Negreira tras recibir un chivatazo de la investigación por los pagos de 7,5 millones
En paralelo, Albert Soler, exalto cargo del Gobierno y exdirectivo del Barça, reformó la Ley del Deporte manteniendo la prescripción de los delitos deportivos
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rescindió el contrato de José María Enríquez Negreira tras ser alertado de que la Agencia Tributaria estaba investigando al Barça por su relación fiscal con el exvicepresidente de los árbitros. El Debate desvela hoy en exclusiva un nuevo dato de la investigación que se está llevando a cabo para averiguar los motivos por los que el club abonó pagos irregulares de más de 7,5 millones de euros a Negreira. Mientras tanto avanza el procedimiento judicial en el que se continúan con las pesquisas.
Tal y como ha podido saber este periódico de fuentes próximas al caso, se sospecha que la Federación fue avisada de la investigación fiscal y que cesó a Negreira para amortiguar la polémica cuando el escándalo por los pagos del Barça viera la luz. El Comité Técnico de Árbitros (CTA), dependiente de la RFEF, dejó de contar con Negreira en 2018. En ese momento, Hacienda ya había iniciado una investigación al club deportivo. En concreto le había solicitado los pagos a las empresas de Negreira entre los años 2015 y el primer semestre de 2018.
Coincidiendo con la llegada de Luis Rubiales como presidente de la RFEF, Negreira fue fulminado como número dos de los árbitros. Aún así, él esperaba que continuaran los pagos del Barça. Como los pagos no llegaban porque el FC Barcelona estaba teniendo que presentar ante las autoridades fiscales documentación sobre los pagos y eran conscientes de que la Agencia Tributaria estaba analizando las transferencias, Negreira remitió un burofax amenazando «sacar todas las irregularidades». El envío del requerimiento se debía a que el exvicepresidente de los árbitros no era consciente de la investigación fiscal. Fue a finales de 2019 cuando los investigadores se pusieron en contacto con Negreira para comenzar a solicitarle documentación.
En el momento en el que la Federación recibió el chivatazo, el expresidente culé Joan Gaspart ostentaba desde 2017 el cargo de vicepresidente para Asuntos Internacionales de la Federación (y desde 2004 como vicepresidente de la RFEF). Gaspart, que representaba entonces la figura clave que conectaba a la entidad deportiva con el club, estaba relacionado a su vez con Albert Soler, exdirector general de Deportes del Gobierno y exdirector de Deportes Internacionales del FC Barcelona.
Mientras el chivatazo se llevó a cabo, Soler trabajaba en la nueva Ley del Deporte, aprobada en noviembre de 2022. Soler, como alto cargo del Ministerio de Cultura y Deportes, fue uno de los responsable de este texto legal, que mantiene que los delitos deportivos prescribieran a los tres años. Este hecho ha beneficiado al Barça para evitar responsabilidades penales en el caso Negreira. Aún así, en estos momentos, tanto el club como Enríquez Negreira y el presidente culé Joan Laporta, entre otros, están siendo investigados por un delito de cohecho.
En concreto, el artículo 112 de la nueva Ley del Deporte afirma que «las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses». Por este motivo, el caso sobre los pagos del conjunto azulgrana a Enríquez Negreira ya habría prescrito en 2021 al haber pasado los tres años tipificados en la ley. De no haber sido así el Barça podría incluso haber sido relegado a segunda división y habría podido perder decenas de títulos.
De hecho, ha sido la propia Federación quien ha señalado a Soler como cómplice en la trama de corrupción arbitral. La RFEF ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el caso, en el que acusa a Soler de conocer «todos los pagos satisfechos desde el FC Barcelona a Negreira».
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