El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons
Justicia
La renovación del CGPJ entra en vía muerta y complica el control de Sánchez y sus socios sobre los jueces
Del máximo órgano de representación de la magistratura dependen, entre otros asuntos, los nombramientos de jueces y magistrados para los más altos tribunales de nuestro país
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021 impulsada, vía exprés, por PSOE y sus entonces socios de Podemos para impedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos discrecionales de jueces, mientras se encuentre en funciones prorrogadas, fue una de las principales bazas del Gobierno, durante la pasada legislatura, para forzar su renovación sin modificar antes el sistema de elección vigente, de reparto de cromos, de los vocales.
Ahora, conformado un nuevo Parlamento desde el 23-J, el riesgo de politización del máximo órgano de los jueces se ha incrementado tras la reelección de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, gracias al apoyo de una amalgama de siglas de todo signo que incluye a los separatismos más radicales de Cataluña y País Vasco. De ahí que el Partido Popular insista en la importancia de reformar el método de designación de los miembros del Pleno antes de tocar el actual y, con ello, se haya llegado a un callejón sin salida en el marco de las negociaciones supervisadas desde Europa, personalmente, por el comisario de Justicia Didier Reynders.
Las reuniones a tres bandas mantenidas hasta la fecha no han dado ningún resultado evidente, pese al esfuerzo del representant europeo por lograr el consenso y, llegados a este punto, parece imposible que el escenario cambie de manera sustancial. Sobre la mesa una opción intermedia, la renovación del Consejo de manera simultánea a la reforma del método de selección de sus consejeros que el PP está dispuesto a aceptar pero de la que el PSOE no quiere ni oir hablar. «Ellos han decidido no aceptar la fórmula y nosotros no nos vamos a mover de ahí», aseguran fuentes populares a El Debate. Una vía muerta que, pese a lo indeseable de la situación, complica el ansiado control sobre los jueces de los socialistas y sus socios de Junts y ERC, con la ley de amnistía del procés catalán, que reconoce el lawfare, en marcha.
Frente a los estándares de neutralidad e independencia que Europa exige a los países miembros, para sus Consejos Judiciales, en nuestro país el reemplazo del sistema de elección partidista está pendiente de cumplirse desde hace tiempo. Y ello, en un contexto donde, el actual Consejo que, hasta ahora ha resistido estoicamente los envites de una renovación aplazada durante cuatro años y medio, se enfrenta al cambio inmediato de puestos de vocales entre los socios de legislatura. Algo que, por ejemplo, habría impedido al CGPJ emitir un informe técnico contrario a la constitucionalidad de la amnistía, a petición del Senado, como sucedió hace unos días.
De hecho, una de las exigencias clásicas del independentismo ha sido la creación de los denominados Consejos Autonómicos de Justicia, llamados a descentralizar la tarea conferida en exclusiva al CGPJ, lo que permitiría un control directo de los jueces al frente de audiencias provinciales y tribunales superiores regionales, por parte de los separatistas en sus propios territorios. La cuestión, no menor, entró en la agenda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, pese a que finalmente no llegó a cuajar el anteproyecto de ley sobre la materia que, sin embargo, se ha vuelto a replantear con la endiablada situación aritmética del Congreso de los Diputados y los siete votos pactados entre Puigdemont y Sánchez para la reelección de éste.
En los círculos más próximos al órgano de los jueces llevan un tiempo alertando de la posibilidad de que en el nuevo Consejo, a la medida de los socilistas y los separatistas, sin retocarse la fórmula de elección de sus integrantes, haya representantes del independentismo catalán Esquerra Republicana y Junts e incluso vasc, EH Bildu. Algo que no parece descabellado a la luz del peso específico que ambas formaciones tienen en la futura gobernabilidad de nuestro país. El Poder Judicial siempre ha estado en el punto de mira del separatismo, precisamente, porque ha sido y sigue siendo la última barrera de contención infranqueable para sus metas políticas.
Comentarios
