Santiago Abascal conversa con María Ruiz y Javier Ortega Smith en el Congreso
Vox reaviva el debate sobre la ilegalización de Bildu tras afirmar el candidato de Otegi que ETA fue «un grupo armado»
El partido de Santiago Abascal ha presentado en varias ocasiones iniciativas para declarar ilegal al «brazo político» de la banda terrorista. Entre otras cosas apelan a la Ley de Partidos de 2002
aseguraba hace unos días en una entrevista en la televisión pública vasca Amaia Martínez, la candidata de Vox a las elecciones del 21 de abril, que, preguntada en repetidas ocasiones sobre si realmente su partido quiere ilegalizar a Bildu, su respuesta había sido «sí, evidentemente; una respuesta plenamente afirmativa». De hecho, lo dejó claro ya en su primera intervención como diputada en el Parlamento vasco.
Y hacía alusión al mitin que celebró el partido de Arnaldo Otegi en esta campaña en Andoáin a escasos metros del lugar donde ETA asesinó en el año 2000 al periodista José Luis López de Lacalle de un tiro en la nuca. Denunciaba además que Bildu habla de «presos políticos» cuando son «terroristas etarras encarcelados», y ha llevado a alguno de ellos en listas electorales. «Por cosas como esta y muchas cosas mas hay que ilegalizar a Bildu. (...) Es un deber de Vox llevarlo cada día a las instituciones», sostuvo Martínez.
Este martes, a raíz de las declaraciones del candidato de Bildu, Pello Otxandiano en las que calificaba a ETA como «grupo armado» negando que fuera una banda terrorista, el partido de Santiago Abascal volvía a hacer hincapié en la necesidad de ilegalizar a «su brazo político». Los dirigentes de Vox remarcan que no sorprenden estas palabras ni cabe esperar otra cosa de Bildu, y recriminan al PNV y PSOE el blanqueamiento y la legitimación de la formación de Otegi todos estos años.
«Menos lágrimas de cocodrilo y más ilegalizaciones», defendió Abascal. «No se puede permitir que haya un partido político conformado por los herederos de ETA. Ya no matan, pero no les hace falta porque tienen lo que querían, que son los sillones y las instituciones, y se las ha dado el PSOE», criticó la portavoz parlamentaria, Pepa Millán.
La ilegalización de partidos que persigan la destrucción de la unidad territorial de España y su soberanía es uno de los puntos que figura en los programas de Vox desde el principio. Lo recogen desde las 100 medidas urgentes para España hasta el último programa electoral para las generales del 23-J, pasando por su Agenda España. Además, es una de las cuestiones que en la pasada legislatura propuso someter a referéndum consultivo, en el marco de su plan España Decide, para preguntar a los españoles,
Desde que entraron en las instituciones, han presentado en varias ocasiones iniciativas para tal fin. En el Congreso han registrado propuestas de este tipo, tanto aquellas que englobaban a todos los partidos separatistas como las que hablaban específicamente de EH Bildu, en el Congreso y en el Senado. Antes que ellos, como han recordado en alguna ocasión, UPyD ya llevó a la Cámara la ilegalización de Bildu y de Amaiur, otra coalición abertzale que concurrió a las elecciones de 2011, pero su moción no prosperó, como tampoco las iniciativas de Vox para impedir que estas formaciones tengan presencia en las instituciones.
El pasado febrero, el partido de Abascal llevó al Pleno una proposición de ley orgánica para garantizar la unidad de España en la que volvía a proponer, además de otras cosas como prohibir expresamente los referéndums con fines contrarios a la unidad nacional o recuperar el delito de sedición derogado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero solo contó con el apoyo de sus 33 diputados.
Meses atrás, en mayo de 2023, el grupo parlamentario registró en la Cámara Baja una iniciativa que pedía específicamente la ilegalización de Bildu, apelando a la Ley de Partidos de 2002. Lo hacía después de que en las listas de las municipales del 28 de mayo los de Otegi hubieran incluido a 44 condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA, siete de ellos con delitos de sangre.
Para Vox, ilegalizar a Bildu es «deber moral» y «un compromiso en defensa de las miles de víctimas»
En el texto que presentaron recordaba Vox que ese año el Congreso había aprobado por amplia mayoría el proceso para ilegalizar al «entramado ETA-Batasuna» -Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna- alegando como motivos «el mantenimiento en sus órganos de dirección o en su militancia a personas condenadas por delitos de terrorismo o que forman parte de asociaciones vinculadas a la banda terrorista ETA» y las declaraciones de Otegi, entonces dirigente de Batasuna, «en las que calificó como 'suceso' un atentado criminal y predijo la posibilidad de nuevos atentados justificados en la prolongación del 'conflicto político que vive Euskal Herria'». Motivos que, como entonces subrayó Vox, coincidían con los hechos conocidos sobre Bildu, además de la ausencia de su condena del terrorismo de ETA.
El partido de Abascal sostuvo en su iniciativa que la actividad de EH Bildu había vulnerado los principios democráticos «al haber incurrido de forma grave» en algunos de los supuestos del artículo 9 de la citada Ley de Partidos. Este artículo señala que un partido será declarado ilegal cuando se produzcan conductas como «dar apoyo expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas», «incluir regularmente (...) en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas» o «promover (...) actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran».
Así, Vox remarcaba en su propuesta que «se trata de un deber moral, de un compromiso en defensa de las miles de víctimas, a las que EH Bildu, como antes Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna, desprecia. No hacerlo sería una afrenta imperdonable no solo a las víctimas directas (...), sino a todos los españoles».
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