Adrián Vázquez: «La 'ley Begoña' es la segunda parte de la ley de la impunidad; la primera fue la amnistía»

Adrián Vázquez es eurodiputado nacido en Madrid y de ascendencia gallega, un político con experiencia profesional previa en el sector internacional. Trabajó en diversas organizaciones internacionales, como la OSCE, donde formó parte del Secretariado de Viena y de la misión en Bosnia y Herzegovina. Su trayectoria incluye también la OTAN, como investigador en los comités de Política y de Ciencia y Tecnología, y en la Agencia Coreana de Comercio. Además, fue jefe de gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y ha ejercido como consultor en el sector privado en el ámbito de los asuntos públicos. Complementando su actividad política y profesional, Adrián Vázquez también imparte docencia en materia de Relaciones Internacionales. Nos recibe hoy en Bruselas, en el Parlamento Europeo.

— Nos gustaría ofrecer a nuestros lectores cómo aparece en el contexto europeo la acusación popular que el Gobierno español desea limitar. Desde luego la proposición de ley ha generado un debate importante en España. Desde su experiencia en el Parlamento Europeo, ¿considera que este modelo de acusación popular es compatible con los principios democráticos y del Estado de derecho establecidos en la UE?

— Es una más. Un ejemplo más de la huida hacia delante de un Gobierno poco interesado en gobernar y cuyo único fin es mantenerse en el poder a toda costa. Permítame recodarle que en los últimos años este Gobierno ha ido reventando uno a uno todos los diques que sostienen elEstado de derechoo y garantizan la separación de poderes. Sánchez ha ido colonizando todas las instituciones de los españoles (RTVE, CIS, etc.), ha desvalorizado nuestro sistema de justicia como no habíamos visto nunca —qué decir de la situación en la que está el fiscal general del Estado—, señalado jueces y periodistas considerados no afines y convertido el Parlamento en un cámara cuya única misión es aprobar sus decretos leyes. Todo ello sin olvidar la ley de amnistía, la ley más vergonzosa de nuestra historia democrática.

— Esta reforma parece tener un gran impacto en los derechos fundamentales. Desde su posición en el Comité de Asuntos Constitucionales del PE, ¿cómo afecta esta reforma al derecho de los ciudadanos a participar activamente en la administración de justicia? ¿Cree que esta reforma podría afectar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial español? ¿Por qué?

— Esta reforma no busca una mejora de nuestro sistema judicial ni responde a una demanda de los ciudadanos sobre la acusación popular, es una reforma dirigida a blindar el entorno del presidente frente a las causas judiciales que tienen por delante. Un presidente que se cree que España es suya y que las normas que nos afectan a todos pueden responder a sus intereses particulares. Lo peligroso es que, según su visión, no le queda otra. Su círculo más cercano está cada vez más presionado por los tribunales. Unos tribunales cuyo único pecado es investigar las pruebas que reciben sobre la corrupción del Gobierno.

La ley de amnistía está siendo investigada por la Comisión y puede que España acabe respondiendo ante la Justicia europea

— La acusación popular ha sido un instrumento social en la lucha contra la impunidad. Si se eliminase, ¿cree que ciertos casos podrían quedar sin una adecuada investigación o persecución judicial debido a la falta de recursos o voluntad política, fomentándose la impunidad en algunos casos de corrupción o de delitos graves? ¿Por qué?

— Esta ley Begoña es la ley de la impunidad, segunda parte. La primera parte fue la ley de amnistía. Una ley que se aprobó pensando en la situación judicial de un grupo de españoles fugados de la justicia y que ha servido como inspiración de esta nueva ley pensada en la situación concreta de otra española concreta: la mujer del presidente. Una jugarreta más que ni siquiera hace por amor y que simplemente lleva a cabo para salvarse él mismo.

— El papel del Parlamento Europeo en la supervisión de reformas nacionales es un tema debatido. En su opinión y desde la experiencia en el Comité de Asuntos Jurídicos del PE, ¿qué papel debería jugar el PE en la supervisión de reformas judiciales en los Estados miembros? ¿Hasta qué punto conviene que la UE intervenga en situaciones como esa?

— El papel del Parlamento Europeo importa y mucho. Europa debe saber lo que está pasando en España. Sin embargo, la posición crucial es la de la Comisión Europea. Cuando hay violaciones flagrantes del Estado de derecho, la Comisión tiene la obligación de intervenir y abrir un procedimiento contra el Estado miembro que esté contraviniendo el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

En estos momentos, la ley de amnistía está siendo investigada por la Comisión y puede que España acabe respondiendo ante la Justicia europea. En esa línea, todos los diputados del PP en Bruselas denunciaremos esta ley Begoña ante la Comisión para que evalúe si es compatible con los valores de la UE.

— Pensando en los ciudadanos, ¿qué le diría a la sociedad española ante este nuevo movimiento del Gobierno sobre la acusación popular? ¿Cree que la acusación popular es importante en la garantía de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial?

— La sociedad española hace mucho tiempo que descubrió la trampa y el cartón en los trucos de Pedro Sánchez. Conozco gente que piensa que es un gran político y justo esa misma gente coincide con la que ha dejado de creer en la política. La resistencia como única virtud del presidente tiene una sola ventaja para el resto de españoles que no nos llamamos Pedro Sánchez o Begoña Gómez: que no dura eternamente.

— En definitiva y en su opinión, ¿quién pierde y quién gana con esta propuesta?

— Cuando la justicia se resiente, no gana nadie y perdemos todos. Da igual que el presidente crea que con esta jugada puede ganar tiempo. El día que tenga que sentarse delante de un juez querrá que, como merece él y cualquier otro español, este sea justo. Y entonces puede que lamente haber jugueteado con el bien más precioso de cualquier democracia: un sistema de justicia igual e independiente para todos.