Tercer gran choque institucional Senado-Congreso por una treta del Gobierno con la ley de eficiencia jurídica

El PP va a llevar al próximo Pleno del Senado, donde tiene mayoría absoluta, un requerimiento al Congreso y al Gobierno; lo que supone el paso previo para plantear un conflicto de atribuciones con estas instituciones, que sería el tercero de la historia —y el tercero de esta legislatura— entre las dos Cámaras que componen las Cortes Generales. La controversia surge por cómo se tramitó y se publicó de manera oficial la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta norma se difundió por primera vez en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de enero, aunque ocho días después, el 11 de enero, el BOE —entidad que pertenece al Ministerio de Presidencia— publicó una nueva versión mediante el procedimiento de «corrección de errores». Además, poco después, el 16 de enero, el Congreso de los Diputados divulga en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una múltiple corrección de errores en la que se recoge el cambio del BOE.

La normativa que regula el diario oficial del Estado manifiesta que en una ley se pueden rectificar «los meros errores u omisiones materiales, que no constituyan modificación o alteración del sentido de las disposiciones o se deduzcan claramente del contexto, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones». «En los demás casos, y siempre que los errores u omisiones puedan suponer una real o aparente modificación del contenido o del sentido de la norma, se salvarán mediante disposición del mismo rango», agrega la legislación para señalar que una norma con fuerza de ley solo se puede cambiar mediante otra ley.

No obstante, la rectificación de errores de la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia divulgada el 11 de enero modifica varios apartados de la normativa, y en concreto de la tabla que establece los «complementos de destino de los miembros de la carrera judicial». De esta manera, según ha denunciado el PP, «en el Grupo 4, en la versión corregida se añade junto a los Presidentes y Magistrados de Audiencia Provincial (que ya existía en la versión inicial), un nuevo subgrupo Magistrados de los órganos unipersonales y Magistrados de los Tribunales de Instancia, con las cuantías mensuales en euros correspondientes tanto por grupo de población (2.190,68) como por representación (1.292,80)».

«En la versión corregida se añade un nuevo Grupo 5 Jueces (inexistente en la versión inicial) con las cuantías mensuales en euros correspondientes tanto por grupo de población (2.023,68) como por representación (603,09)», agregan los 'populares' en su requerimiento.

El documento del PP también asegura que «ni en el BOE ni en el BOCG se explica de dónde proviene esta corrección, lo que desde luego no contribuye a la transparencia y publicidad que se exige en materia de procedimiento legislativo». Igualmente, resalta que «la corrección de error en el BOE y en el Congreso se usan como un medio fraudulento para evitar el desarrollo del debido procedimiento legislativo y tiene un doble efecto vulnerador del ejercicio de la función legislativa por las Cámaras, hacia el pasado y hacia el futuro».

Así las cosas, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo «propone al Pleno de la Cámara que apruebe sendos requerimientos formales al Congreso de los Diputados y al Gobierno para que procedan a revocar, respectivamente, la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, y en el BOE de las correcciones de errores de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia».

Los otros conflictos institucionales

Por su parte, en abril del año pasado el Pleno del Senado aprobó el primer conflicto institucional con el Congreso por la ley de amnistía. La Cámara Alta se basó en un informe de los letrados de la institución, el cual afirma que la polémica medida de gracia es una «reforma encubierta de la Constitución», por lo que solicitaron a la entidad que preside la socialista Francina Armengol que retirase la norma. Sin embargo, el Congreso rechazó el requerimiento, y en el mes de mayo el Senado descartó llevar el choque al Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, a finales del mes de diciembre el Senado decidió registrar en la Corte de Garantías un conflicto de órganos contra el Congreso después de que la Cámara Baja rechazara el veto de la mayoría de los senadores a la conocida como ley Txapote. El PP solicitó en varias ocasiones a Armengol que se volviera a someter a votación la ley en esta Cámara, y ante su rechazo, elevaron al TC el choque institucional.