Una cúpula izquierdista llega a la Junta Electoral, que ha multado cuatro veces a Sánchez por «electoralismo»

Este jueves toman posesión en el Congreso los trece magistrados de la Junta Electoral Central (JEC) después de que el pasado martes la Mesa de la Cámara Baja –con mayoría del PSOE y Sumar– eligiera a los cinco candidatos que le corresponden, en un decisión que dejó fuera al postulante de Vox a pesar que los de Santiago Abascal son la tercera formación con más diputados.

La JEC va a estar presidida por el magistrado izquierdista Eduardo Calvo, mientras que la vicepresidencia la va a ostentar Pilar Teso, que fue una de las juezas que el bloque afín al PSOE quería imponer al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el año pasado.

La ley electoral señala que «la Junta Electoral Central es un órgano permanente y está compuesta por ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación (sorteo) por el Consejo General del Poder Judicial» y «cinco vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Congreso de los Diputados». Además, según han confirmado fuentes parlamentarias a EP, la cúpula del organismo se selecciona desde 1985 en función de la antigüedad de los magistrados en el escalafón.

Por su parte, la legislación española indica que sus miembros se deben elegir «en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados», plazo que en esta legislatura no se ha cumplido ya que finalizó en noviembre de 2023.

Entre las funciones de la Junta Electoral Central se encuentran las de «velar por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales por parte de las candidaturas durante el período comprendido entre la convocatoria y el centésimo día posterior al de celebración de las elecciones», «dirigir y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral» y «resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan».

Las multas a Sánchez

Además, la JEC ejerce la «potestad disciplinaria» durante el proceso y la campaña electoral, lo que le permite –en caso de infracciones– imponer multas «de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios» y «de 100 a 1.000 si se realiza por particulares».

Así las cosas, Pedro Sánchez ha sido el único presidente del Gobierno de la historia democrática en ser sancionado, y ya acumula cuatro expedientes por incumplir el artículo 50.2 de la Ley Electoral: «Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos».

La primera sanción a Sánchez por parte de la JEC fue a raíz de una entrevista que concedió a La Sexta en la Moncloa en noviembre de 2019, en plena campaña de las elecciones generales que se celebraron ese mes. La institución consideró que el jefe del Ejecutivo había incumplido «el principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral», por lo que le obligó a pagar 500 euros, cantidad que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo.

En octubre de 2023 la Junta Electoral multó a Sánchez con 2.200 euros por hacer «electoralismo» al criticar los pactos entre el PP y Vox en una intervención tras el Consejo Europeo de junio de 2023, un mes antes de las últimas generales. Además, esta decisión fue ratificada la semana pasada por el Alto Tribunal, que resaltó que el presidente del Gobierno empleó medios públicos para lanzar «un mensaje electoral dirigido a captar votos».

El año pasado el también secretario general del PSOE fue expedientado dos veces. La primera durante la campaña de las elecciones gallegas, cuando en enero anunció en los astilleros ferrolanos de Navantia la construcción de un buque de la Armada, infracción cuya cuantía no se ha determinado. Igualmente, el pasado mes de julio la JEC decidió multar con 1.500 euros a Sánchez por «quebrantar el principio de neutralidad» al haber apoyado al candidato socialista a la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en una rueda de prensa institucional desde Doha (Catar) en el mes de abril.