El novio de Ayuso pide al juez que ordene a las operadoras conservar los datos de los móviles de Santos Cerdán y otros 4 socialistas

La ex asesora de Moncloa que fue jefa de gabinete de Oscar López, Pilar Sánchez Acera, y el que fuera jefe de comunicación de Pedro Sánchez, Francesc Vallés, se unían ayer, tras su declaración en el Supremo «al elenco de personas que, habiendo tenido acceso y habiendo difundido los datos personales y los secretos» del novio de Isabel Díaz Ayuso, habrían «procedido a tratar de destruir y eliminar los soportes y las comunicaciones digitales» relevantes para la causa por «revelación de secretos» que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ambos, prestaban testimonio, este miércoles, ante el instructor Ángel Hurtado y ambos negaban haber recibido filtración alguna desde la Fiscalía del correo remitido, el 2 de febrero de 2024, por el abogado de Alberto González Amador en el que se planteaba un pacto de conformidad. Los dos, además, reconocían haber cambiado de móvil en este tiempo, desde que ocurrieron los hechos, y haber borrado los mensajes y Whatsapp del período que está siendo investigado.

Por ello, el abogado de González Amador ha solicitado al magistrado, en un nuevo escrito al que ha tenido acceso El Debate, que ordene a las operadoras Movistar, Vodafone, Orange y Grupo Mas Movil «la conservación de todos los datos», durante 90 días, relativos a «las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones» que «hayan acumulado de forma automática» de las líneas asociadas a los terminales de Sánchez Acera «en sus comunicaciones con D. Juan Lobato»; el móvil de Santos Cerdán «en sus comunicaciones con D. Juan Lobato», y los de Ion Antolín y Vallés, en sus mismas comunicaciones con Lobato, en las fechas de referencia. También el dispositivo que pertenezca a Laura Sánchez Espadas, jefa de prensa de Vivienda.

No en vano, tanto Vallés como Sánchez Acera, ofrecían ayer versiones contrarias a varios de los mensajes contenidos en el teléfono móvil de Juan Lobato, ex líder de los socialistas madrileños, donde en un chat compartido con otros tres compañeros del PSOE reflejaba cómo «Pilar» le había pedido que utilizase el pantallazo del mail confidencial del novio de Díaz Ayuso que «no había salido». A lo que su entonces jefe de gabinete, David del Campo, a quien también se habían dirigido Antolín y Vallés con el mismo objetivo, le contestaba: «No lo hagas».

De ahí que el abogado del novio de Díaz Ayuso, haya solicitado directamente «la voluntaria aportación de Whatsapps que [Vallés] desee incorporar al sumario» porque, si bien el pasado miércoles declaró en el TS que cambió de móvil en diciembre, cuando dejó su cargo, y que «había procedido al borrado todos los mensajes, por cuestiones de seguridad y de capacidad», sí conservó las conversaciones mantenidas con David del Campo, el que fuera jefe de gabinete de Juan Lobato, ex líder de los socialistas madrileños, sobre los hechos investigados.

Por otro lado, González Amador ha propuesto a Hurtado que vuelva a citar a Lobato como testigo, porque en su comparecencia del pasado 29 de noviembre «no se le pudo preguntar sobre el contenido de las comunicaciones ahora conocidas» y, «específicamente», las mantenidas con Del Campo, Vallés, Cerdán y la directora de 'El Plural', Angélica Rubio.

En la misma línea, ve necesario citar a Del Campo como testigo y que antes de esta declaración se le pida la «voluntaria aportación» de su teléfono móvil para que la Guardia Civil pueda elaborar, como hizo con Lobato, «un informe pericial sobre las comunicaciones relacionadas con los hechos objeto de instrucción entre los días 13 y 14 de marzo de 2024».

La acusación particular explica que la utilidad de esta diligencia «radica en ser quién, en relación a los hechos y revelación del 'email' de la Fiscalía que nos ocupa, le habría recomendado a Lobato que no lo hiciera, a pesar de que Vallés, Antolín y Sánchez Espadas le hubieran escrito para que Lobato usara el 'email' que le había enviado Sánchez Acera con el mismo fin».

«Y ello en el contexto de uso político que se pretendía desde 'Moncloa' y 'Ferraz' expresado por el mismo para generar 'el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos (...), la amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo'».

Que se rastreen los cambios de móvil

El abogado de González Amador insta al instructor del caso, Ángel Hurtado, a que requiera a Presidencia del Gobierno y al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública la «relación de ocasiones que les conste» en las que desde el 7 de marzo de 2024 Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, que a su vez lo era de Pedro Sánchez, y el en ese momento secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, hayan cambiado de teléfono móvil oficial.

Reclama también la «remisión», a través de su entrega a la Guardia Civil, de los dispositivos móviles que hayan entregado, «por desuso y por los anteriores cambios», Vallés y Sánchez Acera desde la misma fecha, informando sobre si los anteriores dispositivos móviles entregados a la fuerza actuante han sido formateados, por quién, cuándo y con qué software.

En concreto, reclama la «información sobre la identidad de los técnicos que pudieran haber intervenido con ocasión de los cambios de terminales de Vallés y Sánchez Acera, especificando para cada cambio del que se tenga registro quién intervino».

Además, la representación letrada de González Amador plantea al magistrado que pida a las compañías telefónicas «la conservación de todos los datos que, en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, hayan acumulado de forma automática».

En este caso, interesa conservarlos desde el 13 de marzo de 2024 hasta la actualidad y durante un «periodo inicial» de 90 días respecto a las líneas telefónicas usadas por Sánchez Acera, Vallés y Cerdán, pero también del director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y la jefa de prensa de Vivienda, Laura Sánchez Espadas.