La versión de la exasesora de Moncloa contradice los pantallazos de Lobato y la deja a los pies de una imputación

Pilar Sánchez Acera, la exasesora de Moncloa que fue señalada por el ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, como la persona que le remitió el mail enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso «mentía descaradamente» en su declaración como testigo, de este pasado miércoles, ante el juez Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado.

Así lo consideran fuentes próximas a las diligencias de investigación, consultadas por El Debate, que aventuran una futura y eventual imputación de la que fuera jefa de gabinete del hoy ministro Oscar López, cuando a su vez éste era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, previa incorporación de nuevos indicios al sumario del caso.

Entre ellas, y según ha podido adelantar este diario, la tarjeta SIM del teléfono que Sánchez Acera cambió cuando ya se conocía la imputación de García Ortiz, que asegura conservar y de la que, sin embargo, afirma haber borrado todos los mensajes y Whatsapp –con la ayuda de un técnico del Ministerio de Transformación Digital, cuando su antiguo jefe accedió como titular del mismo– en lo que ya se ha convertido en un modus operandi común entre los distintos participantes en la filtración de datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso.

No en vano, la versión cronológica y el relato de los hechos que ocurrieron entre los días 13 y 14 de marzo de 2024 prestada por Sánchez Acera contradice la información reflejada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de revisar el el móvil de Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, tras su visita al Supremo, y las actas notariales que recogieron literalmente el contenido del mismo.

Los agentes policiales detectaron, en el terminal proporcionado por Lobato, un mensaje enviado por Pilar Sánchez Acera a éste, un día antes de que la imagen del mail de la polémica viese la luz, el 13 de marzo, avisándole en estos términos, sobre los asuntos tributarios vinculadas al novio de Díaz Ayuso: «Dice Francesc Vallés [el entonces secretario de Comunicación de Sánchez] que estés en guardia permanente porque va a ir esto a más». Un texto que contradice las respuestas proporcionadas por la ex alto cargo ayer en sede judicial, donde insistió en «no recordar» quién le había proporcionado el correo confidencial, que recibió en forma de imagen, y que una vez estuvo en su poder sólo facilitó a su compañero Lobato.

Vallés, por su parte, que comparecía inmediatamente después de que concluyera la intervención de su compañera negaba la mayor y aseguraba haberse enterado de la existencia del mail, «por la prensa». Y ello pese a que el director de gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid (GPAM), David del Campo afirmó –en un mensaje incautado por la UCO, de un grupo de chat de cuatro miembros, localizado en el móvil del ex líder del PSOE de Madrid– que que Vallés le había «escrito» para pedirle «lo mismo» que Sánchez Acera a Lobato: «Quiere q yo saque el 'mail' de la Fiscalía. Q no ha salido pero q lo saque yo».

Sin mediar «orden alguna»

Por su parte, Sánchez Acera insistía en no tener claro quién o quiénes desde «los medios» le facilitó el correo del novio de Ayuso, en forma de imagen ya que, desde que sucedió todo, hace ahora un año, ha «cambiado de móvil» y que, en dicho proceso borró los mensajes.

Eso sí, una vez la información protegida del empresario Alberto González Amador obró en su poder, está segura de que sólo se la reenvió Lobato, sin que mediase «orden alguna», desde el Gobierno, «para que lo hiciera en este sentido», ha sostenido. «No hubo un plan» para desprestigiar a Ayuso, ha insistido Sánchez Acera, pese a que como el propio juez Hurtado apuntó en uno de sus autos, todo apunta a una operación de Estado concertada «desde» la Fiscalía y «hacia» Moncloa para perjudicar a la presidenta de los madrileños.

La actual Secretaria de Organización del PSOE de Madrid explicaba en sede judicial que eso no es posible porque ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal. Una aseveración con la que buscaba exonerar a la Fiscalía de cualquier responsabilidad en el envío de las comunicaciones intercambiadas entre la defensa de Díaz Ayuso y el entonces fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda, Julián Salto; y, en el que se recogía que era «voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos», en referencia a los dos delitos tributarios contra los que González Amador está pleiteando.

Sánchez Acera, que en ese momento era jefa de gabinete de Óscar López, quien a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, insistía en aclarar que cuando rebotó el mail no lo hizo porque hubiese recibió órdenes de Moncloa para hacer llegar el correo al entonces líder de los socialistas madrileños, al tiempo que ha explicado que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del PSOE madrileño, es decir como 'número tres' de Lobato.

Una vez que su comparecencia no ha servido para esclarecer «el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital ElPlural.com», que fue el primero en recoger el pantallazo del que ya disponía horas antes Sánchez Acera –y «en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado»– las acusaciones personadas podrán pedir que se practiquen nuevas pesquisas y que, con ellas, se produzcan nuevas imputaciones.