Carles Puigdemont pasa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares
La UE da largas con el uso del catalán y desaira a Sánchez ante Puigdemont
La presidencia de turno, que este semestre ocupa Polonia, ha tomado la iniciativa de plantear «posponer» la discusión
España se ha visto forzada a renunciar a la petición de someter a votación este martes su propuesta para reconocer el catalán, el vascuence y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) después de que varias delegaciones insistieran en que es prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha debatido y sobre el que persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.
La presidencia de turno, que este semestre ocupa Polonia, ha tomado la iniciativa de plantear «posponer» la discusión, según han informado a Europa Press varias fuentes diplomáticas.
El hecho de llevar las lenguas cooficiales de España a las instituciones comunitarias fue un medida que el Gobierno pactó con Junts en verano de 2023 a cambio de conseguir los votos de la formación que el preside el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont para hacer a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados. De esta manera, que la UE haya dado largas a la decisión supone un desaire a Pedro Sánchez ante Puigdemont.
Reunión de este martes 27 de mayo del Consejo de la UE
El punto figuraba en la agenda «para adopción» a petición del Gobierno, que en las últimas semanas intensificó sus contactos con las capitales para defender la oficialidad de las tres lenguas cooficiales a partir de enero de 2027, pero asumiendo el coste total que en el caso del resto de idiomas asume la UE e introduciendo una derogación inmediata para una implementación parcial que excluyera la traducción del grueso de la legislación comunitaria.
Sin embargo, tras abrir el debate el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, varias delegaciones han tomado la palabra para pedir a España que diera marcha atrás en la votación, para poder seguir discutiendo más adelante, habida cuenta de que sigue habiendo dudas legales, económicas y prácticas «sin resolver», según fuentes europeas.
De hecho, ya en las declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión en Bruselas, varios ministros ya apuntaron sus dudas sobre la idoneidad de votar de forma prematura un asunto sobre el que apenas se ha discutido a 27 y respecto al que persisten dudas, incluso de los servicios legales del Consejo.
Entre ellos, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, ha confiado en no tener que votar y pedido tomar «muy en serio» un tema que, a su juicio, aún no está «maduro»; mientras que sus colegas austríaca, Claudia Plakolm, y sueca, Jessica Rosencrantz, han apuntado las dudas legales y financieras.
El Gobierno carga contra Feijóo
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha confirmado que se retira de la votación la oficialidad para dar mas tiempo a los países que lo han pedido. En este contexto, Alegría ha arremetido contra el PP por esta decisión y ha aseverado que «parece que a estas alturas al señor Feijóo ya no le gusta el gallego».
«Les tengo que recordar, seguro que ustedes tienen la fecha grabada en su memoria, en este año 2025 se va a cumplir el cuarenta aniversario de nuestro país a la adhesión a la Unión Europea, y desde luego a nosotros nos parecía un momento y una fecha muy significativa como digo, para este reconocimiento», ha apostillado.
Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado en TV3 –la televisión pública catalana– que «ha habido un debate al respecto en el que 20 países estaban en condiciones de avanzar», ya que estaban dispuestos a apoyar la medida o a abstenerse. Por ende, ha destacado que «7 países que consideran que se necesita más trabajo sobre algunos aspectos»
Albares ha afirmado que «esta misma tarde» va a «entrar con contacto con los ministros de Exteriores de estos países» ya que en materia «lingüística» la «solidaridad debe ser algo natural». Igualmente, ha dicho que el Gobierno «correría» con los «130 millones anuales» que costaría llevar a la UE las lenguas cooficiales.