La constructora de la que Cerdán es socio acumuló un millón en efectivo tras Sánchez auparle en el Congreso

La constructora navarra Servinabar, cuyo 45% pertenece a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, según un contrato de venta de participaciones que encontró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acumuló más de un millón de euros en efectivo coincidiendo con el momento en que el dirigente socialista accedió al Congreso de los Diputados. El Debate publica hoy las cuentas anuales de la constructora, que recibió un contrato de 76 millones de euros del Gobierno de Navarra para la realización de las obras de un túnel.

El dato más revelador de las cuentas de Servinabar es la evolución del efectivo, que se dispara de apenas 40.485 euros en 2019 a más de un millón de euros en 2020 sin que exista constancia de ampliaciones de capital, préstamos bancarios ni inversiones que expliquen ese ingreso extraordinario. La empresa multiplica por veinticinco su liquidez en tan solo un año coincidiendo con el periodo en que Santos Cerdán pasa de su papel en la política navarra a adquirir peso en el ámbito nacional, culminando con su nombramiento como número tres del partido. El paralelismo entre ese auge político y la súbita acumulación de fondos en la sociedad que coparticipa no solo resulta llamativo para los investigadores sino que les plantea dudas sobre el origen y destino de ese millón de euros.

Otro dato revelador es el crecimiento constante de las reservas voluntarias, que pasan de 23.694 euros en 2017 a más de 340.000 euros en 2021. Año tras año, la empresa decide no repartir dividendos a sus socios ni reinvertir sus beneficios sino almacenarlos en reservas internas. Este patrón es habitual en las sociedades que funcionan como depósitos de capital más que como empresas operativas reales y plantea si los beneficios responden a una actividad económica real o a una facturación inflada con fines contables, tal y como explican fuentes policiales a este periódico. La acumulación de beneficios sin reparto ni inversión refuerza la opacidad en torno a la gestión del dinero.

Las cuentas también reflejan un crecimiento importante en la partida de «Clientes por ventas y prestaciones de servicios». Es decir, facturas emitidas pero aún no cobradas. Esta cifra asciende hasta los 253.135 euros en 2021, muy por encima de los niveles previos. En el contexto de una empresa sin expansión significativa ni plantilla amplia, estos importes pendientes podrían apuntar a facturación a sociedades vinculadas o ingresos simulados. La combinación de ventas elevadas no cobradas, beneficios acumulados sin reparto y efectivo desproporcionado es coherente con patrones contables propios de una empresa instrumental.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención en las cuentas de Servinabar es la desproporción entre el beneficio declarado y el número de trabajadores. En 2020, por ejemplo, la empresa declara un beneficio neto de 151.872 euros mientras que su plantilla media ese año era de sólo siete empleados, incluyendo tanto fijos como temporales. En 2021, con nueve trabajadores, obtuvo un beneficio de 111.512 euros, cifras que arrojan una rentabilidad por empleado desmesurada para una sociedad limitada sin estructura industrial, sin inversión relevante ni activos productivos de entidad. Este patrón, que se repite durante varios ejercicios, sugiere, según las pesquisas policiales, que la empresa no funciona como una constructora tradicional sino más bien como una sociedad vehicular de facturación sin actividad proporcional a los márgenes que presenta. La ausencia de inversiones, amortizaciones o actividad financiera significativa refuerza esta sospecha.

La UCO halló durante un registro en la vivienda del propietario de Servinabar un contrato firmado por Cerdán en el que adquiría por tan sólo 6.000 euros el 45% de las participaciones de la constructora. El contrato, de cuatro páginas, está fechado el 1 de junio de 2016 e incluye en varias ocasiones la firma de Cerdán. Su defensa sostiene que es «un mero contrato privado que no llegó a elevarse a público» y por tanto no tiene validez jurídica y Servinabar, en un comunicado, niega, a pesar de las pruebas, que Cerdán fuera socio afirmando que «no existe ninguna escritura» y que la relación con él de su propietario era «solo de amistad»

Cerdán declara este lunes como investigado ante el Tribunal Supremo en el marco de la causa derivada del conocido como caso Koldo. Está siendo investigado por los delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal después de que la Guardia Civil aportara al magistrado Leopoldo Puente pruebas que le vinculan con la adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia. La Fiscalía sospecha que Cerdán pudo haber intervenido o facilitado contratos a favor de sociedades afines a su entorno personal y político y que habría recibido contraprestaciones a cambio. Su citación llega tras los registros practicados por la UCO en viviendas y oficinas de Navarra, Madrid y el País Vasco. La investigación se centra ahora en determinar si esa relación societaria y las adjudicaciones formaban parte de una estructura organizada para desviar fondos mediante comisiones ilegales y contratos amañados.