Jueces y fiscales retomarán la huelga si el Gobierno «persiste» en los planes legislativos contra su independencia

Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga contra la denominada ley Bolaños se han reunido este viernes 4 para evaluar el conjunto del proceso de movilización que ha parado la Justicia durante los días 1, 2 y 3 de este mismo mes de julio. La conclusión compartida es clara: «La respuesta ha sido firme, legítima, unitaria y ha fortalecido nuestras posiciones».

El respaldo de sendas Carreras, con un seguimiento de 70% de media durante la convocatoria, y el apoyo ciudadano a las reivindicaciones de la Magistratura y la Fiscalía, en defensa de la «independencia judicial» y el «Estado de Derecho», ha sido el punto de partida de una serie de medidas de conflicto que podrían mantenerse, a futuro. Un escenario que no se descarta desde las entidades relación con la eventual continuidad de la huelga, si el Gobierno «persiste» en la tramitación de los proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscales (EOMF).

Jueces y fiscales han adelantado que realizarán «un seguimiento riguroso y continuo de la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo, evaluando el contenido de las enmiendas introducidas y su impacto real en la independencia judicial, en la autonomía del Ministerio Fiscal y en los principios constitucionales que inspiran el acceso a ambas carreras».

«Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento», han advertido.

Todo ello, teniendo en cuenta, recuerdan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), «toda convocatoria de huelga que afecte a servicios públicos debe ser comunicada con al menos 10 días naturales de antelación tanto a la autoridad laboral como al empleador, lo que impone un marco temporal rígido que impide reacciones inmediatas o espontáneas sin menoscabar la legalidad de la medida».

A esta exigencia formal, además, «se añade una circunstancia material ineludible: nos encontramos ya inmersos en el mes de julio, época en la que el porcentaje de compañeros y compañeras que se cogen a sus vacaciones crece exponencialmente. Esta realidad tiene implicaciones prácticas decisivas».

Por un lado, «dificulta enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización»; y, por otro, y« más importante aún, la afección efectiva al funcionamiento del servicio público de Justicia se ve tan reducida que, en términos operativos, la medida pierde toda su capacidad de presión o visibilidad, quedando diluida hasta el punto de resultar ineficaz».

En consecuencia, las asociaciones han considerado que «prolongar de forma inmediata la huelga en este contexto no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización, totalmente ajena al compromiso mostrado por la mayoría de la carrera durante las jornadas del 1, 2 y 3 de julio».

Lo que no significa, según ha podido saber El Debate, que el Comité de Huelga no vaya a mantener su actividad «con sentido estratégico, responsabilidad y unidad de acción, en una situación de vigilancia permanente y plena disponibilidad operativa para activar, de inmediato, nuevas medidas de conflicto colectivo cuando concurran las condiciones jurídicas, institucionales y sociales que garanticen su eficacia» y justifiquen su ejecución.