El administrador de Villafuel tampoco sabía nada, hacía lo que le pedían y sólo vio una vez a Aldama

la mercantil Villafuel SL, arrancaba su actividad, en 2020, de la mano de los empresarios Claudio Rivas Ruiz-Capillas y su hermana María Luisa, como apoderada de la sociedad. No sería hasta noviembre del año 2021 cuando los dos socios nombraron a Pedro Antonio Marín Alba como administrador único de la sociedad quien, presuntamente dirigía otras cinco sociedades más en el sector. Por su papel como máximo responsable de Villafuel, una de las principales empresas señaladas en la trama delictiva de los hidrocarburos que se sigue en el Audiencia Nacional, y por la que el comisionista Víctor de Aldama ingresó en prisión provisional, es por lo que Marín Alba estaba citado, hoy, como imputado para declarar ante el juez instructor del caso, el magistrado Santiago Pedraz.

Sin embargo, según ha podido confirmar El Debate, el directivo ha asegurado en sede judicial que no conocía nada sobre la supuesta red corrupta, diseñada entorno a la obtención de licencias 'a dedo' para empresas operadoras al por mayor de hidrocarburos, ni de la operaciones de ocultación de IVA al fisco español a partir de la comercialización de dichos productos.

Marín Alba ha sostenido durante su comparecencia que «sólo hacía» lo que se le indicaba desde la propiedad, concretamente por parte de María Luisa Rivas; y, ha confesado que únicamente vio una vez a Aldama.

Sin embargo algunas fuentes próximas a la causa apuntan a este diario cómo Marín habría ocultado al juez Pedraz el nombre de la personas que, supuestamente, le presentó a Claudio Rivas, el dueño de la sociedad. Un intermediario, Luis Martín Lara, ligado a la empresa CE Consulting, que se da la casualidad de que fue uno de los patrocinadores de la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Por su parte, el juez Pedraz designaba, hace aproximadamente un mes, a dos funcionarios de la Agencia Tributaria para que averigüen «las cantidades que la mercantil pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública». En el auto dictado por el magistrado, a instancias de una petición previa formulada por la Fiscalía, se acordó nombrar dichos «auxilios judiciales» que todavía siguen trabajando, para cuantificar las cuotas del impuesto sobre el Valor Añadido. Un gravamen que «eventualmente» y gracias a la operativa diseñada entorno a Villafuel, «se hubiera podido dejar de ingresar al fisco».

No en vano, y de acuerdo con las diligencias preliminares, el instructor sostiene cómo la empresa de los Rivas «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondientes, ascendiendo por el momento hasta los 182.513.923,15 euros».