Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras, ante el juez por amaños en obras públicas

El juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional interroga este lunes a las 11:00 horas a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero por favorecer presuntamente la adjudicación irregular de obras públicas a determinadas constructoras a cambio de mordidas que se habrían repartido entre los principales investigados.

Ambos están citados ante el juez Ismael Moreno después de que éste ordenara el pasado 26 de junio registros en sus domicilios tras abrir una pieza separada en la que les investiga por cinco posibles delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, delito de tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

Pardo de Vera ya había sido imputada previamente por este mismo magistrado por tráfico de influencias y malversación en relación a la contratación en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) de Jéssica Rodríguez, ex pareja del exministro José Luis Ábalos.

Había sido citada el 1 de julio para responder acerca de este asunto, pero el juez pospuso su declaración y ordenó los citados registros, derivados del último informe de la UCO de la Guardia Civil , que supuso el ingreso en prisión provisional del exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán por orden del juez del Supremo que instruye la parte del caso Koldo que afecta a aforados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional -que ordenó también requerir documentación a Adif y al Ministerio de Transportes- investiga si Pardo de Vera y Herrero prestaron asistencia a Ábalos, a través de su entonces asesor, Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos «pudieran llegar a buen término».

El magistrado sospecha también del «interés» de Cerdán y Koldo en ascender a la Secretaría de Estado de Transportes a Pardo de Vera, quien, según lo investigado, habría favorecido «de manera recurrente» a las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y OPR. El ascenso se produjo, pero no se materializó hasta que Ábalos salió del Ministerio de Transportes en 2021.

Entre esas adjudicaciones figura la integración del ferrocarril en Sant Felíu de Llobregat (Barcelona), por unos 71,5 millones de euros, que recayó en Acciona, la novena oferta más barata.

En el marco de licitación de una obra relacionada con la construcción de la alta velocidad en Extremadura, el juez destaca cómo Koldo envió a Pardo de Vera los resultados de las ofertas. Aparecía subrayado en «fosforito» el de una UTE en la que concurría la empresa OPR, y «en un color mucho más tenue» la de Acciona.

Eso «nos a (sic) jodido un poco», le reprochó Koldo después, descontento por la empresa que había obtenido la mejor puntuación. Pardo de Vera hizo mención entonces al «fosforito» (la UTE en la que participaba OPR), a lo que Koldo le respondió que eso era «por disimulo». Por eso infiere el juez que la licitación debió haber sido para Acciona.

Según el juez, Koldo también le pidió también favorecer a LIC. Acudió a ella para lograr una reclamación en una adjudicación para la construcción de la estación de AVE en Elche, y en una conversación grabada por el exasesor le solicitó que se adjudicase a esa empresa alguna obra de emergencia.

Pero LIC, dijo Pardo de Vera, ya había sido adjudicataria de una y otorgarle otra iba a «cantar». Un mes más tarde, Adif propuso a esta empresa como adjudicataria de una obra de emergencia por 592.053 euros.

Con respecto a Herrero, al juez también le llama la atención el «interés» de Cerdán y Koldo por ponerle al frente de la Dirección de Carreteras.

La investigación arroja indicios de que Koldo acudió a él para favorecer a las misma constructoras, como es el caso de la Autovía A-68 de Logroño. El día que se abrieron las ofertas económicas, Herrero le envió un mensaje: «Bingo!!! En Logroño».

También está en el foco el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla, en el que Koldo, y «especialmente» Cerdán, tendrían interés.

Lo que derivó «en una notoria insistencia por parte de Javier Herrero» y en «desavenencias con el entonces secretario de Estado Pedro Saura, quien habría tratado de destituirle». La obra fue adjudicada por 71,4 millones de euros a Acciona, la oferta más barata.