El Supremo sobre la pista de Armengol, los pendrive de Pardo de Vera y el registro de la casa de Santos Cerdán

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, tercera autoridad del Estado, entraba en el radar del Supremo, tras la querella presentada por Hazte Oír por un presunto delito de falso testimonio, durante su primera comparecencia como testigo de la comisión de investigación que el Senado sigue sobre el caso PSOE. La entidad pedía al Alto Tribunal que rastrease las contradicciones de la comparecencia en la que Armengol declaró, en junio del año pasado, que «no conocía» a Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama, ni se lo habían presentado.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, un año después y tras sus segunda comparecencia ante la Cámara Alta cuando ha trascendido que Armengol podría resultar imputada por negar sus contactos con Aldama y un elocuente mensaje de texto intercambiado por ambos en relación con un pedido de mascarillas que hizo como presidenta que era, en aquel momento, de Baleares.

Una evidencia sobre la verdad que trató de ocultar en la sede parlamentaria de la que ella es máxima representante y que podría acarrear consecuencias penales si es que la Fiscalía instase una imputación formal, en respuesta a la pregunta que ya le habría formulado el magistrado instructor de la causa especial que se sigue en el Supremo contra los aforados y conexos.

Todo ello, sin perjuicio de la posible responsabilidad que podría derivarse de aquellas conversaciones con De Aldama, de las que intentó desvincularse; y, que, por el contrario, desde el arranque de las pesquisas, están en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una de las derivadas de la trama central de sobreprecios vinculados a la malversación del erario por parte del actual Gobierno.

No en vano, sobre varios de los contratos de compraventa irregular de dicho material sanitario es sobre los que se extienden las averiguaciones de por qué la hoy presidenta del Congreso llegó a pagar hasta 12,7 millones de euros a las empresas intermediadas por De Aldama, por partidas que no sirvieron y cuyo reembolso nunca fue reclamado. Al menos, no hasta que tuvo la certeza de que llegaría otro gobierno autonómico tras las últimas elecciones celebradas.

Además, en los últimos tiempos, Armengol aparece relacionada con el pago de obras de construcción, algunas de ellas inacabadas, como las que se otorgaron en Baleares al empresario José Ruz, propietario de Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), imputado en la Audiencia Nacional como uno de los empresarios corruptores.

Cabe recordar, llegados a este punto, que 'Pepe' Ruz aseguró recientemente en el Tribunal Supremo (TS), donde declaró como testigo el pasado día 4 de julio, que en marzo de 2022, ocho meses después del cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, pidió a Koldo García Izaguirre, hablar directamente con «el navarro», en referencia a Santos Cerdán.

El entonces secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez fue señalado por la UCO, en el último informe consignado para el magistrado Leopoldo Puente, como el responsable de «gestionar» los presuntos pagos irregulares de cantidades a cambio de contratos de obra pública amañados. Los whatsapp analizados por los policías judiciales revelarían el malestar de Ruz con Santos Cerdán al ver a su empresa ninguneada en algunas de las licitaciones públicas y quiso pedirle explicaciones.

Ruz advirtió a Koldo, que dejarles «fuera del baile» no era «conveniente para la ganadería», en referencia al PSOE y, en consecuencia, quiso llegar hasta la cúspide logística de la «organización criminal» concertada para las 'mordidas' que presuntamente negociaba, por cupos, recaudaba y repartía el propio Santos Cerdán.

Desde la prisión de Soto del Real, donde fue enviado provisionalmente por el juez Puente, la semana pasada, tras su comparecencia como imputado, el que fuera hombre de confianza de Sánchez podría asistir, en cualquier momento, a la visita de la UCO a su vivienda. Un registro previsible, tal y como apuntan a El Debate fuentes próximas a la causa, con el que se completaría la instrucción que ya se dio para la entrada de los agentes en el despacho de Cerdán en la sede nacional de los socialistas, previo mandato de incautarse de todas las comunicaciones y correos que obrasen en los ordenadores del ex número dos de Ferraz.

En el mismo sentido se desplazaron hasta siete agentes especializados, en una comisión judicial, al domicilio de otra de las imputadas en la red presuntamente corrupta: la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, sobre la que en este momento pesan hasta cinco supuestos delitos distintos. Durante dicha intervención, la UCO se incautó de dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y un total de tres unidades de pendrive, dos de color azul y uno de color rojo, con las inscripciones «CEDEX», «Diputación de Pontevedra» y «Adif», respectivamente.

Además de lo anterior, los agentes volcaron el contenido de los correos de Pardo de Vera pertenecientes a su cuenta de gmail y localizaron, al menos, un documento sobre el suministro de 5 millones de mascarillas, según consta en el acta judicial, a la que ha tenido acceso este diario. Unas evidencias que, tras ser precintadas, y ya bajo custodia del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ya están siendo analizadas por los agentes asignados a la investigación.