El Gobierno espera que Puigdemont se porte tras su foto con Illa y no tumbe la reducción de la jornada

El Gobierno tendrá ocasión de comprobar, más pronto que tarde, si la reunión de este martes entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas ha servido para ablandar a Junts en una de las carpetas que ambas partes tienen pendientes: la de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, de la que se beneficiarán 12,5 millones de asalariados.

El miércoles 10 de septiembre llega al Pleno del Congreso -por presión del PP y de Vox- el debate y votación de las enmiendas a la totalidad que el PP, Vox y Junts tienen presentadas al proyecto de ley estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura; sin tener garantías de que los catalanes vayan a cambiar su postura actual.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo quería haber elevado la norma al último Pleno del curso pasado, el del 22 de julio, pero reculó in extremis ante la falta de acuerdo con los de Puigdemont. Ahora, ni Díaz ni el PSOE saben lo que va a pasar, pero su intención es convencer a Junts para que retire su enmienda a la totalidad (puede hacerlo hasta el mismo miércoles) y, a partir de ahí, negociar las enmiendas parciales que los independentistas catalanes consideren. Porque si estos se mantienen en sus trece, el proyecto de ley saltaría por los aires dentro de una semana y el Gobierno tendría que empezar de nuevo. Game over.

«Es una votación muy importante», resumen en el Ejecutivo, que por ahora sigue sin haber alcanzado un acuerdo con los de Puigdemont, muy presionados por la patronal catalana. «Tenemos estos días para acordarlo», añaden, asumiendo que será otra de esas negociaciones agónicas. Capitaneada, esta vez, por la vicepresidenta Díaz. Desde Trabajo señalan, dejando traslucir su impaciencia: «El Gobierno ya ha hecho su trabajo. La ciudadanía ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo. Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario».

La socia de Pedro Sánchez se enfrenta en esa votación a una bola de partido. Una solo comparable a la que disputó la pasada legislatura con la reforma laboral. Entonces salvó la norma de carambola por el error de un diputado del PP en la votación, Alberto Casero. Esta vez deberá tener algo más que suerte para convencer al que ayer se fotografiaba sonriente junto al presidente Illa en la delegación de la Generalitat en Bruselas, sabedor de que esa imagen era un triunfo en sí misma.

Los de Puigdemont se quejan de que la norma del Ministerio de Trabajo solo ha sido negociada con los sindicatos españoles, y quieren que ésta recoja la «singularidad del tejido productivo y laboral de Cataluña». Es decir, que tenga en Cataluña una aplicación distinta a la que tendrá en el resto de España. Díaz está dispuesta, y de hecho en el pasado declaró, asumiendo el marco de Junts: «La productividad catalana duplica por hora trabajada la media española, situándose en el 4,2 %, y esto habla muy bien de Cataluña. Es decir, el tejido empresarial catalán también tiene perfil propio». Según ella, el 30 % de los convenios laborales que se firmaron el año pasado en Cataluña ya incorporan una jornada laboral inferior a las 40 horas.

Díaz no se puede permitir que la reducción de la jornada laboral muerda el polvo parlamentario, y menos ahora que Sumar atraviesa una crisis de imagen y de identidad de la que muchos en la izquierda dudan de que pueda salir. Máxime con Podemos disputándole el mismo espacio político, pero los morados desde fuera de la Moncloa y sin estar atados a las políticas de Sánchez. La cuestión es si el presidente tampoco se puede permitir ese hipotético fracaso o él sí.

En estos meses de negociación intermitente, los socialistas se han mostrado más pesimistas que la vicepresidenta Díaz y su equipo. Estos últimos siempre han confiado en un acuerdo. Por el contrario, hasta ahora en el PSOE siempre han sostenido que Junts no puede ceder porque tiene al empresariado catalán apretándole las clavijas. No obstante, el encuentro con Illa ha alimentado las esperanzas de ambos socios del Ejecutivo. La prueba de fuego será dentro de una semana.