García Ortiz se reivindica como fiscal general pese a su «singular situación procesal» al borde del banquillo

Álvaro García Ortiz no ha desaprovechado la ocasión de proclamar una vez más, ésta ante los magistrados de la Sala Segunda que tendrán que juzgarle antes de final de año, que lo volvería a hacer: «Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad». No es la primera vez que el titular del Ministerio Público insiste en esta línea de defensa: «La mentira que no puede hacer caer a un fiscal general».

La intervención de García Ortiz en el Tribunal Supremo que, esta mañana, ha acogido la celebración de la apertura del Año Judicial, marcado no sólo por su procesamiento sino, además, por los constantes ataques del Gobierno contra los jueces y magistrados que, según Pedro Sánchez, «hacen política» y no siempre «aplican la ley» como deberían.

«Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes», ha reclamado García Ortiz antes de referirse, explícitamente, a quienes se enmarcan en los marcos de la «delincuencia organizada» y la «corrupción» que, irremediablemente, salpica al Gobierno que lo nombró.

El fiscal general ha calificado estas prácticas como una «herida al Estado social y democrático de derecho». «La corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores, no siendo ajeno a esta situación ningún sector de la sociedad», ha apostillado para, acto seguido poner en valor dos de las nuevas unidades especiales creadas, no sin polémica, contra los Delitos Económicos y contra la Administración Pública. Ambos departamentos dependerán, directamente, de él y tendrán un papel esencial en las acusaciones que, a futuro, tendrán que adoptarse en las causas penales que salpican al Ejecutivo socialista y a buena parte de la cúpula del PSOE.

«A quienes trabajamos en la prevención y persecución del delito», se ha atrevido a asegurar García Ortiz, «nos resulta obligado asegurar (...) la construcción, consolidación y perfeccionamiento del Estado de Derecho» donde «cada institución tiene su lugar e importancia». Un lugar en el que, curiosamente, el fiscal general ha reivindicado el papel del Ministerio Público con «autonomía respecto del Poder Judicial», en primer lugar, y, «por supuesto», pero detrás, «también del resto de poderes del Estado». Eso sí, sin referencia expresa al Legislativo y al Ejecutivo, como tal.

No en vano, el fiscal general ha dejado para el final de su intervención un alegato en favor de las «iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española». «También los tan reclamados y ansiados proyectos que se encuentran en ciernes», en clara alusión a la Ley Bolaños, pendiente de aprobación, y cuyo impulsor ha recibido con satisfacción, sentado en el estrado junto a García Ortiz.

«Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio nunca habrá un momento adecuado. Se escudarán en circunstancias puntuales o contingentes que, lo que demuestran es, precisamente la necesidad de un replanteamiento del sistema en su globalidad», ha reivindicado García Ortiz.

Un cambio legal que, a su juicio, «precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española. Naturalmente que sí. Especialmente en los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias. Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no ese anteponga nunca al general. Restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera necesario», ha espetado García Ortiz aún a sabiendas de que durante su mandato ha promovido una política de nombramientos que ha favorecido, descarnadamente, a los fiscales más afines a su línea ideológica, procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y aún cuando en la mayoría de las ocasiones hubiesen sido otros candidatos los que recibiesen más apoyos en el marco del Consejo Fiscal.