García Ortiz desafía al Supremo, encargado de juzgarle, y asistirá pese a las críticas a la apertura del Año Judicial

Hace falta estar hecho de una pasta especial para cabalgar la incongruencia de ser fiscal general del Estado, el máximo exponente de la defensa de la legalidad en España, y al mismo tiempo continuar en el cargo tras ser formalmente acusado por violentarla. Álvaro García Ortiz se ha empeñado en demostrarlo y, pese a haber sido acusado por un delito de revelación de secretos, asistirá como titular del Ministerio Público a la solemne apertura del Año Judicial que tendrá lugar, este viernes, a partir de las 12.00 horas, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

García Ortiz se presentará en su coche oficial, como ya hiciese en la última visita documentada para declarar como investigado en su causa, pese a las críticas de sus propios compañeros y los dictados del más mínimo sentido del deber institucional. Y, al hacerlo, estará desafiando no sólo lo previsto por su propio Estatuto, que establece la suspensión inmediata para cualquier fiscal formalmente inmerso en una causa penal, sino también al Pleno de la Sala Segunda de lo Penal cuyos magistrados serán los encargados de juzgarle, antes de las próximas navidades.

Es, precisamente, este detalle el que ha llevado a los jueces y fiscales a descartar cualquier gesto de desaprobación, protesta o desaire, pese a que han corrido ríos de tinta con diferentes posibilidades: desde un plante general, a un sonoro abucheo o la ausencia de aplausos que, en realidad, no son habituales. Frente a 'provocación' del fiscal general del Estado lo que corresponde es «estar a la altura» y derrochar «institucionalidad» como contrapeso al desafío de «quienes aspiran a presentar a enfrentar a la judicatura» entre sí y con los ciudadanos.

De nada ha servido que la mayoría de las asociaciones profesionales exigiesen su dimisión y que hasta diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciasen la «inconveniencia» de su asistencia a tan magna celebración que, como cada año por estas fechas, estará presidida por su Majestad el Rey Felipe VI.

Ya el pasado miércoles, el monarca tuvo que recibir a García Ortiz en el Palacio de la Zarzuela aún consciente de que se encamina hacia el banquillo de los acusados. De nuevo, a media mañana se verá obligado a compartir con él en el estrado del Supremo, Aunque ausente en el Supremo, como de costumbre para todos los presidentes del Ejecutivo, Pedro Sánchez estará perfectamente representado por sus más fieles servidores: el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia. Una vez más, Sánchez ha vuelto a inmiscuir al Rey en la pugna política, utilizando su crédito y respetabilidad para blanquear la permanencia en el cargo del fiscal general procesado.

Entregado a la causa, el superior jerárquico de la Fiscalía ha tratado de convertir la ocasión para presentar un problema personal –vulnerar la confidencialidad de los datos personales de un particular, a los que tuvo acceso por su posición– atrincherándose en su cargo como símbolo inexplicable en defensa de la «honorabilidad» de una Carrera profesional, que, sin embargo, considera la posición de García Ortiz como un lastre a su mermada credibilidad.

García Ortiz empleará su turno de palabra, previsto en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), como un alegato de su inocencia, al tiempo que dará lectura de la Memoria de la Fiscalía, su actividad, la evolución de la criminalidad (cuya sospecha pesa sobre los hombros de su titular), la prevención del delito (casi paradójica dadas las circunstancias) y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.

Y, todo ello, bajo la atenta mirada del tri ministro Bolaños quien, como notario mayor del Reino levantará acta de cómo todo un fiscal general del Estado manifestó públicamente, a costa de su prestigio personal –y de laminar el de más de los dos mil profesionales a los que tiene el deber de representar con ejemplaridad– su adhesión inquebrantable a la defensa de los intereses del Gobierno que lo nombró, hasta en dos ocasiones, y lo sostiene. No en vano, como ya confesara Pedro Sánchez, «¿de quién depende la Fiscalía?. Pues eso».