El CGPJ nombra a Arrieta y Lucas como presidentes de las Salas Segunda y Tercera del Supremo
Polémica
Diez vocales del CGPJ exigen a García Ortiz que no asista a la apertura del Año Judicial y piden relegar a Bolaños
Con este gesto piden que se haga visible el «rechazo» del Poder Judicial a los ataques dirigidos desde el Gobierno a los jueces y magistrados. Consideran, además, que el ministro de Justicia no debe sentarse en la mesa presidencial, como símbolo del respeto a la separación de poderes
«En defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece», diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –elegidos a propuesta del Partido Popular, en la última renovación del órgano– han remitido un contundente escrito a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, para significar el malestar de la Magistratura ante la anunciada presencia de Álvaro García Ortiz en la apertura del Año Judicial que tendrá lugar mañana, en la sede del Supremo, bajo la Presidencia del Rey Felipe VI.
Los consejeros profesionales del Consejo consideran una «inconveniencia» que el fiscal general del Estado, procesado por un delito de revelación de secretos, asista a la cita y así lo han hecho constar, para evitarlo, en la nota a la que ha tenido acceso El Debate: «Su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones».
La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el Jefe del Estado, que preside el acto
«Con el máximo respeto a todas las personas concernidas, deseamos trasladarle nuestra gran preocupación por la circunstancia de que el actual Fiscal General del Estado, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento, tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes», lamentan los consejeros en el cuerpo de su misiva.
No en vano, tal y como hoy adelantaba este diario, existe un precedente, en 1996, en el que el entonces presidente del Supremo, Javier Delgado, junto con el Pleno de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, decidió que ni la ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, ni el fiscal general del momento Carlos Granados compartiesen la tribuna principal con el Rey Juan Carlos I, tras los intentos de la primera de influir en la renovación de varios magistrados del Constitucional, a favor de los intereses del primer Gobierno de José María Aznar.
«En modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga, como no puede ser de otra forma, el fondo del proceso en curso» aclaran, pero ello no es incompatible el debido respecto a la «independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución». Un principio fundamental de las democracias liberales que no ha de operar como un «privilegio corporativo», sino como «una garantía para todos los ciudadanos».
«Las críticas a resoluciones [judiciales] concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo», han denunciado los vocales más críticos del Consejo tras los ataques proferidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra jueces y magistrados, en su más reciente entrevista para Televisión Española (TVE).
Un contexto político de extrema tensión
«El pasado 1 de septiembre, el presidente del Gobierno realizó manifestaciones en la televisión pública española en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, manifestaciones que reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función; en la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno, y al siguiente el propio Ministro de Justicia», han reprochado los vocales.
«Ante ello», continúan, "queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de
Derecho", tal y como denunciaban, a comienzos de esta misma semana, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales que, esta misma mañana, se dirigían en una nota conjunta a García Ortiz para pedirle que decline su asistencia al evento de mañana en la madrileña sede del Supremo Tribunal del Poder Judicial.
