Un precedente permite al Supremo evitar que el fiscal general procesado presida, junto al Rey, la apertura del Año Judicial

El Supremo (TS) se prepara para inaugurar el Año Judicial con un solemne acto de apertura institucional en la sede del Alto Tribunal y presidido por el Rey que, en esta ocasión, se verá empañada por la incómoda presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, hay un precedente en el que el TS relegó al fiscal general del Estado, por aquel entonces Carlos Granados, y a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, evitando que ambos compartiesen tribuna con el entonces Jefe del Estado, Juan Carlos I.

Una decisión que se tomó, en 1996, durante el primer Gobierno de José María Aznar en el que una crisis institucional, surgida al hilo de la renovación de varios magistrados del Tribunal Constitucional, llevó al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Delgado a conformar el estrado de autoridades sin contar con ninguno de ambos cargos. Una decisión en la que recibió el apoyo mayoritario de los miembros de la Sala de Gobierno, entre ellos, el presidente de la Sala Tercera, el magistrado José Manuel Siera.

No en vano, según recuerdan algunas fuentes consultadas por El Debate en el Supremo, el Partido Popular en el Ejecutivo trató de imponer a sus candidatos para la Corte de Garantías lo que provocó un rechazo frontal por parte de algunos miembros del CGPJ de los cuales varios presentaron su dimisión, condenando al órgano de los jueces a un callejón sin salida.

Buena parte de ellos señalaron a Mariscal de Gante como la responsable de interferir en la contienda institucional, en defensa de las aspiraciones del Gobierno, provocando en último término el bloqueo del Consejo. Fue tal el malestar generado por la situación que el máximo titular del TS decretó la expulsión de ambos de la cabecera de la Presidencia durante la apertura del curso judicial de aquel año. Hubo enérgicas protestas por parte de los afectados y hasta circula, en los mentideros de la Magistratura, el recuerdo de una visita de Granados al entonces monarca Don Juan Carlos para lamentarse de lo ocurrido, sin ningún resultado, ya que «el protocolo de la cita depende del Poder Judicial que actúa como anfitrión de Su Majestad» y no de Casa Real.

Así las cosas, y ante la tensión que se ha provocado en los últimos días tras confirmarse la inevitable asistencia del actual fiscal general García Ortiz en la ceremonia del viernes, algunas voces han recordado la existencia de un camino alternativo que permitiría evitar una nueva instantánea de Felipe VI a su lado, tras recibirle, este mismo miércoles en el Palacio de la Zarzuela para la entrega de la Memoria Anual del Ministerio Público.

De hecho, a medida que se acerca la fecha, cobra cada vez más peso la idea de que una parte de la judicatura dejará de manifiesto su rechazo a la presencia del titular de la Carrera, pese a su complicada situación procesal, a un paso del banquillo.

Entrar en el Salón noble una vez haya concluido el discurso de Álvaro García Ortiz o bien abandonar la estancia cuando sea su turno de intervención; declinar su asistencia, hasta el encuentro informal posterior; o, sencillamente, cruzarse de brazos durante la lectura del fiscal general y mantenerse en silencio, evitando los aplausos, una vez concluya. Sea cual sea la fórmula elegida, los promotores de la misma como un desplante a Felipe VI y a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló.

El 'boicot' del PSOE que ahora lo critica

Mientras tanto, el ministro de Justicia Félix Bolaños, inmune a las críticas de jueces y fiscales, cerraba filas con el presidente del Gobierno sobre el fiscal general que, según la versión oficial, está siendo víctima de una persecución por parte de los jueces a los que acusó de «hacer política». De hecho, Bolaños pedía «respeto» que «merecen las instituciones» como la Fiscalía General del Estado y «la persona que la encarna».

Quizás ninguno de ellos guarde en su imaginario la ausencia del PSOE en la apertura del Año Judicial de 1998 como señal de protesta por un comunicado emitido por el presidente del Supremo y del Consejo Javier Delgado, sobre la sentencia del 'caso Marey'.

Tan solo un año antes, en 1997, el arranque estuvo marcado por otro agrio enfrentamiento protagonizado, en aquella ocasión, en la Audiencia Nacional, entre los jueces Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, por sus respectivas actuaciones en el 'caso Sogecable'. Un auto del juez Garzón fue el detonante del incendio institucional al implicar directamente a su compañero en una suerte de «conspiración» para perjudicar al entonces titular de la mercantil televisiva, Jesús de Polanco.

El escándalo corrió como la pólvora a lo largo y ancho de la cúpula de la Magistratura, hasta llegar a oídos del CGPJ que, a su vez, lo trasladó a la Fiscalía General del Estado desde donde fue transferido a la Sala Segunda del Supremo. Una sección que estaba liderada por el magistrado José Augusto de Vega, quien tuvo que soportar en carne propia que Julio Anguita le tildase como «presunto corrupto» por su actuación en el 'caso Filesa', otro procedimiento muy mediático.