Isabel Winkels: «Lo que ha sucedido con la filtración de la Fiscalía no puede volver a ocurrir»

Isabel Winkels, (Madrid, 1965), es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, Institución de la que es su actual vicedecana y socia directora de Winkels Abogados, despacho especializado en Derecho de Familia, desde 1995. Apasionada de la formación, imparte cursos sobre la materia y participa como experta en foros y conferencias, además de colaborar en proyectos editoriales de enfoque jurídico y de ejercer como docente del Master Universitario para el Acceso a la Profesión de Abogado del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Winkels es miembro del Consejo Académico de la Escuela de Técnica Jurídica (ETJ), dónde también organiza y dirige los cursos de derecho de familia, sección de la que fue fundadora, en 2012, en el propio ICAM; como también lo fue de la Plataforma Familia y Derecho.

Socia de AEAFA, de la UIA y de AIJUDEFA, entre otros, colabora de manera habitual en diferentes medios de comunicación -tanto escritos como audiovisuales- asesorando e informando sobre temas jurídicos.

- Veintiocho meses ya al frente de la Junta de Gobierno, como vicedecana, del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). ¿Cuál es el balance de este tiempo?

- Para mí, absolutamente positivo. En estos dos años y medio largos hemos implementado casi el 80% de nuestro programa electoral y, además, desarrollado una serie de planes que no estaban de entrada previstos y que van a quedar literalmente para la posteridad de nuestros compañeros y compañeras más jóvenes, como la compra del edificio. Fue una ocasión que no podíamos dejar pasar y le hemos dejado a la Abogacía de Madrid un activo con un peso increíble del que se sacará siempre todo el partido del mundo, porque ahora mismo nadie se plantea el ICAM sin Serrano 9 y sus cinco plantas. Y el otro gran proyecto que hemos emprendido, es la Universidad, el primer centro universitario adscrito a un colegio profesional.

- ¿Cuáles serían las tres líneas maestras o los asuntos pendientes para el resto de legislatura?

- Claramente, el primero, la Universidad y su puesta en marcha que está prevista para septiembre del 2026. Y, luego, todos los temas que llevamos en marcha para dignificar a la Abogacía, darle el papel que corresponde. Por lo que a mí respecta, seguir trabajando en Igualdad, ya que soy la presidenta de la Comisión del Colegio en la materia y estamos desarrollando programas que, efectivamente, nos hagan tomar conciencia de que no está todo conseguido, especialmente de cara a las generaciones más jóvenes que piensan que los derechos simplemente están ahí cuando cuestan mucho, ha costado mucho ganarlos y se pueden perder muy rápidamente. Así como el asunto de los juzgados de familia y la especialización. Yo soy abogada de familia y creo que llevo desde que nací pidiéndolo.

- ¿Cuál ha sido el recorrido en esta materia? ¿Qué problemas reales se encuentran los abogados de familia en el día a día a los que parece no atender el legislador?

- El primer elemento distorsionador de nuestro sistema es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay ciudadanos que por el lugar de residencia, ante su crisis familiar, tienen acceso a un juez especializado, con un fiscal y un equipo técnico profesional adscrito. Esa Justicia es, con carácter general, ágil, rápida, profesionalizada y da una respuesta inmediata y ajustada a las necesidades de cada familia porque cada familia es un mundo. Sin embargo, aquel ciudadano que vive en una localidad donde lo que tiene son juzgados mixtos,.. yo siempre digo que los jueces titulares de los juzgados mixtos son héroes porque lo mismo tienen que lidiar con el levantamiento de un cadáver por un accidente de circulación, con un desahucio por falta de pago, con una negligencia médica y con un conflicto familiar para atribuir una custodia, unas visitas o liquidar una sociedad de gananciales. Y solo puedo decir que estudio muchísimo, para estar al día en familia y que no me pidan a mí que esté, además, al tanto de la actualidad de cualquier otra materia, porque me parece francamente imposible.

Tenemos un sistema de Justicia para el que hay ciudadanos de primera y de segunda en materia de familia

Lo que dice el Código Civil está muy claro pero tenemos un Código Civil obsoleto en materia de familia y una jurisprudencia permanentemente dictada por nuestro Tribunal Supremo, adaptando la ley a la realidad social, como lo autoriza el artículo tres del Código Civil. Los tribunales han de interpretar las leyes a la luz de la realidad social, en general pero el mundo y, en especial en España, está avanzando todo a una velocidad de vértigo. Tenemos familias reconstituidas, parejas de hecho que no tienen una ley que las regule, matrimonios homosexuales con hijos de ambas partes, gestación subrogada (que en España está prohibido, pero donde entran niños de países donde sí que está permitida), a los que el Código Civil no dedica una línea. Poe eso el Supremo está haciendo lo posible y, de facto, es quien está regulando estos asuntos en nuestro país, con los tribunales superiores, las audiencias y los tribunales de instancia, que son los que tienen que ir interpretando día a día.

- ¿Hay una sensación de desprotección a la infancia en este tipo de conflictos que se generan cuando se produce un divorcio?

- Sí. Por falta de medios y por falta, también, como decía, de una regulación específica. Se nos llena la boca con el interés superior del menor como dice el Supremo y dice la propia ley, pero la realidad es que en los procedimientos de familia los menores no son escuchados como deberían, salvo alguna honrosa excepción. Hay que saber escuchar a un menor. Tiene derecho a partir de los 12 años, pero incluso antes. Otra de mis grandes cruzadas es la de introducir en España la figura del abogado del menor. Existe en otros países como Alemania, Estados Unidos o Italia. Se trata de un profesional que está perfectamente formado y que es asignado por el juez para defender e interpretar las necesidades de ese menor para cada caso concreto. ¿Por qué no va a tener un menor en aquellos conflictos en los que se ve claramente que sus padres están dándolo todo para ver quién gana alguien que vele por él?. Los menores suelen estar en medio y se convierten en fichas de un tablero de ajedrez donde se juega no solo su interés superior, sino otra serie de medidas económicas que deberían de estar perfectamente desvinculadas del conflicto parental. El menor tiene derecho a un abogado que hable en su nombre, con independencia de lo que digan el padre y la madre, que tenga la capacidad de hablar con el entorno, con sus profesores, con sus vecinos y con sus abuelos y que, después, vaya al juez y le diga, al margen de lo que le cuenten los progenitores, cuál es su verdadero interés.

- Tampoco parecen estar mucho mejor los juzgados Viogen tras la entrada en vigor de las nuevas competencias que se les atribuyen. ¿Cuál es el estado real de la situación? ¿Qué es lo que puede pasar?

- Que van a colapsar. Aunque en esta semana nos hemos reunido con el Consejo General del Poder Judicial para buscar salidas, precisamente, en este tema en el que ya están habilitando más plazas y adscribiendo jueces, el sistema va a colapsar. Además, yo, personalmente, creo que es un error que se sobrecargue a los juzgados Viogen porque la sensibilidad que un juez de violencia de género necesita para advertir que una mujer efectivamente es víctima...

Las víctimas de violencia de género, n el menor de los casos, son las que vienen con un puñetazo en el ojo. Esas son las más fáciles de identificar y de proteger. La víctima, más difícil de identificar y de proteger es la víctima de violencia psicológica. Esa mujer que ha estado durante años sometida, como lluvia fina, minando su autoestima, su personalidad, haciéndola sentir inferior, aislándola de su entorno. Ver mujeres así destruidas es absolutamente terrible, pero es uno de los casos más difíciles de demostrar. Por eso los jueces especialistas deberían poder centrarse en identificar a esas mujeres que son las que necesitan todos los medios que cualquier Gobierno debe de poner a su alcance para protegerlas a ellas y a sus hijos. Si les añades como funciones atender a las víctimas de agresiones sexuales, fuera del ámbito familiar, literalmente no van a tener la capacidad de dar una respuesta correcta y nos vamos a encontrar nuevamente con una acumulación adicional a la sobrecarga habitual de los juzgados.

- Procuradores, abogados, letrados de la Administración de Justicia, auxiliares judiciales, jueces, magistrados,... todos coinciden en que efectivamente es un error sobrecargar a los juzgados Viogen. ¿Qué interés puede tener un Gobierno para no escucharlos?

- Los jueces y juezas de violencia, en un porcentaje elevadísimo, han clamado contra esta reforma y ha dado igual. Esto ya sucedió con los jueces de menores de toda España que, de manera unánime, presentaron enmiendas a la norma cuando era un proyecto de ley y no se atendió ni una sola, pese a que Menores es una de las especialidades más terribles que hay porque estamos hablando de infractores que necesitan herramientas y medidas muy concretas y de jueces que son tan vocacionales... que no puedo evitar que me venga a la cabeza nombres como el de el juez Calatayud o el de la jueza canaria Reyes Martel, responsable de menores en Las Palmas que, junto con algunos otros jueces ha fundado una ONG bajo el nombre UP2YOU para ayudarles.

Los juzgados Viogen van a colapsar porque no tienen la capacidad ni humana, ni material para dar una respuesta correcta a una materia tan delicada y compleja

- ¿Es usted partidaria de endurecer la Ley del Menor? ¿Ha tenido algún impacto en este tipo de juzgados la llegada de Menores no Acompañados?

- Es un problemón muy grave, por eso decía antes que es de las materias más difíciles que hay ahora mismo: la gestión de los menores infractores. Yo no creo que rebajar la edad penal sea una solución, apuesto más bien por introducir la justicia reparativa, no restaurativa, sino reparativa. Intentar que el menor se re inserte en la sociedad con una medida adecuada a su situación, sin empezar a criminalizar desde el inicio. Y, en cuanto a los menores inmigrantes, pues es otro problema, porque efectivamente el paradigma es distinto, pero si ya vienen a nuestro país y van a quedarse en nuestro país, no hay más remedio que intentar integrarles. Para mí es imprescindible que se escuche a los magistrados que están en harina a diario y que se les den herramientas para que puedan, efectivamente, conseguir la reconducción de ese menor que ha sido muchas veces delincuente. Necesitan medios y necesitan que se les escuche y, hasta la fecha, no se ha hecho.

- ¿No están funcionando los MASC (Medios Alternativos de Solución de Controversias)?

- El tema de los MASC es de esas reformas que se han hecho por parte del Gobierno sin pensar en quién tiene que aplicarlas. No han contado con jueces, no han contado con la Justicia, no han contado con la Abogacía y se han dictado una serie de normas y una serie de excepciones que, evidentemente, son un error y por lo que estamos ya todos clamando por una reforma. En lugar de agilizar los procedimientos, al contrario, nos estamos encontrando con inadmisiones que nos abocan o a volver a presentar o a recurrir y, por lo tanto, con retrasos que antes no se daban. Además de que hay materias que están incluidas dentro de los MASC que implican una auténtica denegación de Justicia, por ejemplo, en procedimientos internacionales.

Hay que reformar la ley que obliga a los MASC. En determinadas materias se están convirtiendo en una auténtica denegación de Justicia y, por lo tanto, provocando indefensión

Si yo tengo un tema con con Inglaterra o con Alemania o con Estados Unidos, donde puede ser competente el tribunal español pero, también, el tribunal americano, pues por el juego de las normas internacionales el principio que juega es que el primero que pone la demanda es el que gana la jurisdicción. Si yo le tengo que mandar una oferta de negociación (el llamado MASC) del tipo que sea a una abogada inglesa o a un abogado americano, que vean que yo voy a demandar, lo primero que van a hacer es que poner la demanda en su país y yo he perdido la jurisdicción lo que, a su vez, provoca situaciones de auténtica indefensión. Por ello, estamos reivindicando es una enmienda que, hasta la fecha, no hemos conseguido. Los retrasos en los procedimientos obligados por los MASC en materia de familia ya están colapsando, todavía más, a unos tribunales que, de por sí, ya están colapsados.

Tienen que reformar la ley, escuchando a los que sabemos de lo que hablamos. De hecho, ahora mismo en Cataluña hay una PNL que han puesto en marcha un diputado del PP y su mujer, ambos abogados en ejercicio, para exigir al Gobierno a que suprima la obligatoriedad de conciliar en todos los casos y dejando sólo los monitorios de reclamación de cantidad, los desahucios y los procedimientos de reclamaciones de cuotas de comunidades de propietarios. De verdad vamos a darle una vuelta, pero en la que se nos escuche.

- ¿Cómo está el turno de oficio que ha sido, tradicionalmente, uno de los ámbitos más reivindicativos de la Abogacía?

- Se ha incrementado un poco la retribución y he de decir que, nosotros, desde el Colegio de la Abogacía de Madrid tenemos muy buena relación con la Comunidad de Madrid y estamos siempre intentando implementar mejoras. Los pagos se hacen en periodos cada vez más cortos, de manera que se presta el servicio a la ciudadanía y se retribuye siempre lo más próximo posible al momento de la prestación de esa asistencia, pero seguimos estando muy por debajo de los estándares europeos. Al igual que los jueces a los que me he referido antes, los abogados y abogadas del turno de oficio también son héroes aunque ellos, evidentemente, sí pueden elegir las materias en las que quieren trabajar lo que no significa que en las guardias no se vivan situaciones complicadas en las que, a veces, no gozan del respeto que deberían de gozar por parte de sus clientes que no valoran su actuación profesional. En Deontología tenemos, desgraciadamente, quejas muy injustas de ciudadanos que disfrutan de Justicia gratuita y que luego se quejan de un abogado que ha trabajado muy bien, como reconocen las propias sentencias, por un dinero que efectivamente ya no les es su sustento para llegar a fin de mes.

- Parece que la discriminación es adicional si hablamos de las mujeres abogadas en el turno de oficio....

- En la Junta de Gobierno estamos potenciando la defensa de la Abogacía a partir de las quejas o faltas de respeto que sufre y padece el abogado, tanto de tribunales, como por parte de sus clientes y estamos dando amparos a abogados y abogadas que sufren esa de discriminación. Es cierto, de nuestras estadísticas, que hay un mayor número de mujeres a las que sus clientes tratan mal o minusvaloran, pero en estos asuntos desgraciadamente las quejas son unisex. Y yo siempre se lo digo a mis clientes: no puedo jamás asegurar que voy a ganar un procedimiento, pero sí te puedo garantizar que voy a poner el 100% de mi capacidad y de mi sabiduría por sacar adelante tu posición. Cuando haces eso y encima te encuentras no solo con el desagradecimiento, sino con que te ponen una queja cuestionando tu buen hacer profesional pues es muy amargo, muy amargo.

La denuncia contra el fiscal general del Estado, en sí misma, ha sido ejemplarizante. Nuestra esperanza es que esto no vuelva a suceder nunca porque ha sido muy grave

- Al hilo de la defensa de la Abogacía, les ha tocado una situación inédita: defender a la profesión frente a una presunta filtración... ¿Qué espera la Abogacía madrileña de ese procedimiento que arranca en unos días contra el fiscal general del Estado?

- Que nunca más se vuelva a producir una situación como la que hemos vivido. La confidencialidad del secreto de las comunicaciones es uno de los pilares básicos de los pactos de conformidad. Si yo estoy negociando y no puedo tener la seguridad de que eso va a ser secreto y que no va a acabar llegando a los oídos de un juez o de terceros, no negociaría nadie. En penal las conformidades son cercad del 85% de los procedimientos, pero si los abogados que están negociando con la Fiscalía esas conformidades no tienen la certeza de que esa negociación va a ser absolutamente secreta y que no va a trascender, pues nos iremos al 100% de juicios y el sistema, también, colapsa.

De hecho, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se salió del protocolo de conformidades porque no teníamos la seguridad de poder garantizar a nuestros colegiados y colegiadas que sus negociaciones con la Fiscalía iban a mantenerse secretas, aunque estamos pensando en reactivarlo porque, por lo que sabemos, ha sido solo esa vez. Pero ha sido tan grave... Por nuestra parte tenemos la esperanza de que esto no vuelva a suceder nunca. Debemos ser todos muy conscientes de que no se puede vulnerar el secreto de las comunicaciones abogado/cliente y de estos, a su vez, con el Ministerio Público.

- Sin anticipar el resultado de la futura sentencia del Tribunal del Supremo, ¿cree que su denuncia ha sido eficaz para que lo ocurrido no pasase sin consecuencias?

- Yo creo que la denuncia, en sí misma, ha sido ejemplarizante y que desde el ICAM hemos hecho lo que teníamos que hacer. No voy a ocultar que ha sido una de las decisiones más duras de esta legislatura, en una Junta de Gobierno monográfica donde se debatió exhaustivamente los pros y los contras, las vías, los medios y en la que al final tomamos la decisión de actuar, de manera unánime, los 14 miembros de la Junta de Gobierno, para la protección, como digo, de ese pilar esencial del ejercicio de la Abogacía.

- ¿En qué punto está el asunto de las Mutuas de Abogados que tanto preocupan a muchos de los colegiados?

- Hay casos muy complicados de los que somos perfectamente conscientes y por nuestra parte, el ICAM, desde el minuto uno, dio un paso hacia adelante en apoyar a los mutualistas en sus reivindicaciones. La pasarela RETA despende del Ministerio de la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Es decir, no es una cuestión que compete solo al abogado abogada y en el que el Colegio pueda hacer nada más que apoyar, promover e impulsar las posibles vías para que se materialice cuanto antes. De hecho, le encargamos un informe magnífico a la catedrática María Emilia Casas que ofreció una solución que nos consta que ha sido tenida muy en cuenta por sendos ministerios. El asunto está en trámite y esperemos que se dé una solución lo antes posible, porque la tranquilidad de cualquier abogado y abogada es nuestra tranquilidad. Y se han dado situaciones realmente dramáticas para las que tiene que darse una solución y estamos en ello, con medidas y propuestas concretas y nuestro apoyo institucional al 100% para todos los afectados.

- ¿Se plantea usted, a título personal, y en conjunto el equipo del decano Ribón, presentarse a la reelección?

- Pues me imagino que empezaremos a hablar de ello el año que viene. Todavía estamos trabajando tanto en esta legislatura y con tanta cantidad de temas en el día a día que, soy sincera, no hemos podido pararnos a pensar en el futuro. Las próximas elecciones serán en diciembre de 2027, de manera que para finales del próximo año intuyo que empezaremos a hablar de en qué punto estamos de legislatura y si, efectivamente, nos quedan por terminar proyectos y toca seguir cinco años más remangados. Porque yo me multiplico y los catorce miembros de la Junta de Gobierno, igual, porque estamos haciendo muchas cosas y eso no viene del aire. Hay un equipo fantástico en el Colegio, es increíble el personal que tenemos, lo implicados que están todos, pero es mucho trabajo el que hay detrás.