En vídeo: vea la sesión del juicio del lunes 20 de octubre
Los cabecillas de la Gürtel y la mayoría de los acusados reconocen los hechos en el último juicio de la macrocausa
Veinte de los 25 acusados han pactado con la Fiscalía una condena menor
Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados en el caso Gürtel han admitido los hechos de los que les acusa la Fiscalía en el último juicio de la macrocausa de corrupción.
Así lo ha expuesto este lunes la fiscal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, precisando que de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.
Se trata del juicio relativo a la última pieza –denominada principal– sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas». Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos.
«Fundamentalmente», detalla, «con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad».
Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía «contratos mediante sobornos a cargos públicos» se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes.
«Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos», indica.
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La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la «connivencia» de otros acusados para armar una «trama de confección de facturas falsas» con la «triple finalidad» de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal –«Caja B»–; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.
En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.
Los otros acusados
El juez instructor de la causa, José de la Mata, acordó en 2020 sentar también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.
Al respecto, el juez incluyó en la lista a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas Inmaculada Mostaza.
La nómina de personas que serán juzgadas abarca, entre otros, a los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez por el mismo delito.
En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado reflejó las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.
De la Mata explicaba en una resolución que las cantidades multimillonarias las obtuvo Correa por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera».
