La juez da por concluida la investigación al hermano de Sánchez y remite la causa a la Audiencia de Badajoz para que decida si abre juicio

La magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha dado por finalizada la investigación en la causa abierta contra el músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha acordado la remisión del procedimiento a la Audiencia Provincial de Badajoz para que determine si procede la apertura de juicio oral. Biedma, cuyo trabajo ha sido respaldado punto por punto por la Audiencia en sus resoluciones llegando esta a calificar la instrucción como «brillante» concluye así una fase procesal marcada por exigencia técnica, tensión institucional y pruebas de alta complejidad.

El cierre de la instrucción se produjo este martes tras desestimar la juez el último escrito de la defensa del hermano de Sánchez, que insistía en su inocencia y pedía excluir de un eventual juicio los 8.217 correos electrónicos intervenidos en la causa. La instructora rechazó también la solicitud de archivo presentada por su abogado, que intentaba evitar que el caso avanzara. En las semanas previas, Biedma había adoptado la misma posición respecto a otros encausados, incluidos el exasesor de Moncloa Luis Carrero, que trató sin éxito de quedar fuera del procedimiento. Carrero está acusado por haber recibido presuntamente un puesto en la Diputación de Badajoz en 2023, después de que lo hiciera Sánchez en 2017 en un proceso de selección para dirigir las actividades musicales de la institución, plaza que terminaría transformándose en la Oficina de Artes Escénicas.

El procedimiento, impulsado tras la denuncia presentada en mayo de 2024 por el sindicato Manos Limpias a raíz de la investigación que llevó a cabo El Debate, evolucionó desde un trámite inicial hacia una investigación de profundidad con fases especialmente sensibles. La instructora llegó a ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a los correos de los investigados cuando la Diputación dilató la entrega de documentación requerida. Esa intervención reveló comunicaciones internas que apuntaban a indicios de irregularidades en el concurso que permitió la incorporación del hermano de Sánchez, entre ellas un mensaje donde se hacía referencia al «hermanísimo» fechado el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza que posteriormente ocupó.

Durante la instrucción también afloraron episodios de fricción institucional. La fiscal del caso, que inicialmente avaló las actuaciones de la juez, modificó después su criterio y pasó a oponerse a sus decisiones. Además, aspirantes a la plaza denunciaron haber advertido a la Fiscalía de anomalías en el proceso sin recibir respuesta, lo que quedó reflejado en sede judicial. A ello se sumaron maniobras externas para intentar condicionar la causa y desplazar a la instructora, entre ellas la operación política del aforamiento exprés mediante la cual el entonces presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, trató de obtener protección parlamentaria para sacar el caso del juzgado. Tanto la juez como el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura calificaron ese movimiento como realizado «en fraude de ley».

La investigación deja once procesados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y sitúa ahora la decisión en la Audiencia Provincial, que deberá analizar el expediente completo y determinar si procede sentar a los acusados en el banquillo. Fuentes jurídicas estiman que, en caso de celebrarse, el juicio no tendría lugar antes de 2026, dada la carga de trabajo del tribunal. Con la remisión del procedimiento, la juez Biedma concluye formalmente su papel en una instrucción que ha sido objeto de atención política y mediática desde su inicio y cuya solidez ha sido refrendada por las resoluciones de la Audiencia. A partir de ahora, será la sala provincial quien determine el siguiente paso procesal.