El fiscal de Protección de Datos justifica que García Ortiz usase su mail privado: «Puede ser más seguro que las aplicaciones de Justicia»

El fiscal delegado de Protección de Datos del Ministerio Público, Agustín Hidalgo de Murillo, ha justificado, en su declaración de esta mañana, como testigo, en el marco del juicio que se sigue en el Supremo contra el fiscal general del Estado, la actuación de Álvaro García Ortiz, en el asunto de la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El también fiscal del Alto Tribunal ha considerado que ni la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid –para desmentir la información relativa a la oferta de un pacto de conformidad por parte de ésta al abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, para que admitiera dos delitos fiscales– supuso «una violación de seguridad»; ni el hecho de que utilizase su mail personal, en lugar del corporativo, para recibir el correo de 2 de febrero enviado por el letrado Carlos Neira al fiscal Julián Salto, que ha dado origen a la causa, merece reproche alguno desde un punto de vista de cumplimiento normativo.

De hecho, el responsable de Datos de la Carrera Fiscal ha llegado a mantenido que, en ocasiones, «dependiendo del contexto concreto», puede resultar más «seguro» que los fiscales se comuniquen e intercambien información por canales de mensajería como Whatsapp o sus propias cuentas personales frente a las «aplicaciones que nos facilita el Ministerio de Justicia» en las que, en no pocas ocasiones, «falla el sistema de doble verificación».

Así las cosas, Hidalgo ha relatado cómo «observé la nota cuando se difundió» y, en su opinión, «esa nota no constituye una violación de seguridad». Para acto seguido reprochar, en un duro intercambio de preguntas y respuestas con la defensa de González Amador, que el empresario afectado por la misma, como interesado, no se dirigiese a su Departamento. No en vano, según sus explicaciones, la «supervisión de posibles brechas de seguridad» por su parte exige que el posible perjudicado se comunique con la Fiscalía, «cosa que en este caso no ha ocurrido» y por lo que no hubo actuación alguna, que no se prevé de oficio, en su caso.

Cabe destacar que durante el tenso interrogatorio que ha mantenido el abogado Gabriel Ramos con el testigo, representante jurídico de González Amador, éste ha llegado a responder «lo ignoro» ante determinadas cuestiones específicas que, «aparecen recogidas en la ley de aplicación», le ha reprochado el letrado de la acusación.