La Inspectora Fiscal no investigó internamente la posible revelación de secretos porque «no dio tiempo»

En el mes de julio de 2024, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación en la causa que se sigue contra Álvaro García Ortiz en el Supremo, contra un delito de revelación de secretos, lamentaron, en un comunicado oficial en el que exigían la dimisión del fiscal general, que la Inspección del Ministerio Público, «que debe velar por el funcionamiento correcto y legal de toda la Institución y de los miembros que la componemos, que tan presta se muestra para investigar hechos de indudable menor relevancia que los aquí referidos», no hubiese realizado «actuación alguna» al respecto de todo lo ocurrido entorno al mail confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Hoy, la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, ha declarado en el Alto Tribunal, citada como testigo, que la razón por la que no inició ningún expediente interno o disciplinario, diligencia informativa o actuación pre procesal para aclarar lo sucedido, localizar el posible origen de la filtración o depurar responsabilidades al respecto, fue porque «no dio tiempo».

Sanz Gaite ha asegurado que en tanto en cuanto ya se habían planteado acciones legales ante los tribunales para exigir respuestas sobre la comisión de un presunto delito, casi de manera inmediata y éstas fueron anteriores, hubiese «carecido de sentido» arrancar con un «trámite» administrativo que hubiese tenido sus tiempos y que, en todo caso, hubiese ido siempre por detrás de las pesquisas judiciales.

Es, por lo tanto, la primera vez que se conocen, públicamente, las razones de la inacción de la Inspección de la Fiscalía cuya titular, Sanz Gaite, fue propuesta como testigo para su interrogatorio por la propia APIF. No en vano, la entidad profesional consideró, en su momento, que dado que García Ortiz sigue siendo «a día de hoy, fiscal general del Estado y, en calidad de tal, puede impartir órdenes a sus subordinados (...) existen razones fundadas para sospechar que el Ministerio Fiscal esté actuando en esta causa al servicio de sus intereses, en vez de promoviendo la acción de la Justicia en defensa de la legalidad».