García Ortiz defiende el borrado de datos: «Soy el fiscal general. Si mi móvil acaba en manos ajenas pondría en peligro a muchas personas»

«Soy el fiscal general. Si mi móvil acaba en manos ajenas pondría en peligro a muchas personas». Con estas palabras Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado ha defendido el borrado de datos de su teléfono móvil, en respuesta a las preguntas del Abogado del Estado que ejerce su defensa ante el Supremo. El titular del Ministerio Público ha declarado, como procesado, sin toga y, como marca la ley, sentado frente al Tribunal de siete magistrados encargados de enjuiciarle por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Así ha explicado García Ortiz los cinco cambios de teléfono que ha materializado desde que llegó a la cúpula de la Fiscalía y cómo, con cierta periodicidad, los ha refrescado, reseteado o borrado para restaurar los valores de fábrica y «siguiendo las instrucciones» correspondientes, se ha asegurado de que fuesen eliminados incluyendo todos los «datos del dispositivo».

No en vano, el fiscal general ha llamado la atención sobre cómo sus terminales contienen, además de «información mía, personal» y de su entorno familiar, «datos de circunstancias» que afectan a muchos casos en curso, en nuestro país. «Información muy relevante» y sensible, ha explicado. Por lo que «si me dejo el móvil en un bar», por ejemplo, «estaría poniendo en peligro» a terceros, ha asegurado en su descargo.

En concreto, sobre el borrado de su último móvil, García Ortiz ha descrito que le proporcionaron un terminal nuevo en el mes de mayo de 2024 pero que fue aplazando en el tiempo porque, al estar fuera de la oficina, «necesito mi firma digital que tengo en la nube». De tal manera que cuando regresó de un viaje a Brasil, y no antes, con los técnicos de la Administración delante, y sólo entonces, fue cuando hizo el volcado y el cambio. «Ellos me instalan todos los certificados de seguridad digital, para lo que se necesita una petición formal. El 23 ó 24 de octubre ya tengo la firma actualizada», ha explicado.

El relato de los hechos, según el fiscal

Ortiz recuerda que fue el «7 de marzo» cuando «la jefa de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo» le comentó, por primera vez, que un periodista le había llamado el día antes para interesarse por una empresa, de nombre Maxwell Cremona, que «al parecer tenía alguna vinculación con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid». Se «interesó» por el asunto a través del mecanismo de la dación de cuenta con su mano derecha, Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, quien le confirmó que existía el asunto, que «se trata de un delito fiscal», que compromete al novio de Isabel Díaz Ayuso y que hay interpuesta una denuncia que «está en la Fiscalía» madrileña.

El fiscal general, consciente de que la cuestión está bajo el «auspicio» del Departamento de Madrid, asegura que no dio «orden alguna» porque, además, «no hubiese tenido ningún sentido». Pese a que le parece que se trata de un tema «interesante» del que debe estar al tanto, no vuelve a tener ningún tipo de información hasta las 20.50 horas del día 13 de marzo de 2024, fecha en la que se le informó del «bulo que estaba intentando difundir Miguel Ángel Rodríguez», jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso.

No obstante, el fiscal general del Estado sí era consciente, por su jefa de prensa, con quien tiene una relación diaria «estrecha» y que accede con «cierta facilidad a mi despacho», que unas horas antes, el 12 de marzo, de que varios periodistas estaban solicitando ya, en aquel momento, acceso a la denuncia interpuesta por el fiscal Julián Salto contra el empresario Alberto González Amador. Una solicitud que se atendió, «a demanda».

La «bola crece» y es a raíz de varios tuits que señalan a la fiscal provincial Pilar Rodríguez, por su pasado como directora general durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; y, de unas declaraciones de la propia Díaz Ayuso en la que se «presenta como una suerte de víctima de un cierto complot», que quienes parecen «culpables» y «perseguidores» son los miembros de la Fiscalía, reflexiona García Ortiz a preguntas de su abogado.

No cojo llamadas de periodistas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco

Así las cosas, el día 13, García Ortiz recibe una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en la que «me manifiesta su inquietud» por una información que publica El Mundo que es «verosímil», «está trabajada», se da «una fecha concreta de un correo, un entrecomillado de un fiscal» del que se da su nombre y que se refiere a la «propuesta» lanzada por la Fiscalía al novio de Díaz Ayuso. Lastra, de hecho, «me advierte de que El País está pensando en publicarlo», momento en el que se produce la detonación que pone en marcha la maquinaria de la Fiscalía, en una suerte de espiral «frenética» de llamadas y mensajes.

Se trataba de acceder al contenido completo de los correos intercambiados entre el Ministerio Público y González Amador para contar con todo el escenario y desvirtuar el «bulo» que contenía tres pilares básicos: «que la Fiscalía ofrece el pacto», «que el pacto se retira» y que «se retira por órdenes de arriba». Ante semejante tesitura «se da la gravedad suficiente» para «reaccionar» con una nota de prensa«, asegura García Ortiz. Aquella noche, del 13 de marzo, se toma la «determinación de defender la actuación impecable de los fiscales» y a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Y, es esto, «estamos todos de acuerdo», asegura el fiscal general, en referencia a la fiscal superior Lastra.

«Yo pido los correos y si yo pido los correos, poco más hay que decir», sostiene García Ortiz. El primero de ellos lo recibe a las 21.59 horas de aquel día 13. Un segundo grupo integrado por otros correos llega a las 22.03 horas. Pero, ninguno, hasta entonces, contiene los «entrecomillados» de El Mundo. «Quería saber lo que había dicho el fiscal para hacerme una idea de la situación y contestar», relata el titular de la Fiscalía, sin inmutarse.

«La noche es dinámica» y van «ocurriendo cosas» porque la primera noticia alimenta otras. Hasta tal punto que a las 22.10 horas, otro medio que ya no es El Mundo, sino La Sexta, «da una información completa en sentido contrario». Es entonces cuando el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, insiste en los términos del tuit ya publicado por Miguel Ángel Rodríguez, quien «empieza a mandar a un chat de varios periodistas el mensaje 'todo turbio' en el que se vuelve a insistir en el 'resumen de la locura de hoy' en la que se refiere de nuevo al pacto y a su retirada, lo que supone una calumnia, directamente, a quienes éramos los superiores del encargado del caso».

La demanda del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) fue toda una sorpresa

Es a las 23.44 horas del día 13 cuando, finalmente, «entra en mi correo de Gmail el correo del día 2 de febrero» que era el que «yo estaba buscando», confirma García Ortiz. La redacción de la nota arranca, con todos los datos sobre la mesa y el «íter procesal» de la Fiscalía« que el fiscal general asegura que es «lo único que lo interesa». El comunicado, «no hay ninguna duda» de que la estábamos haciendo la jefa de prensa de la Fiscalía y él mismo. «No hay ningún otro borrador», por lo que «es una evidencia, un hecho» que recayó en él directamente. «Había que incorporar en ese relato los correos que ya habían sido revelados a la opinión pública para aclarar la «confusión» que se había generado «en la opinión pública» sobre los correos del novio de Ayuso. «Ésa fue nuestra función», ha añadido García Ortiz.

Y, por ello, subraya que sólo tenían que «meter» aquel contenido relevante para su objetivo pero que no incluyese «detalles comprometidos» que pudieran «perjudicar» a ninguno de los implicados. Se trataba de «enseñar el rigor de la Fiscalía trabajando», en una nota «completa» que pusiese en valor «el trabajo de los compañeros de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid».