Leire Díez reconoció en una reunión que su trabajo era dirigir una «operación de inteligencia» para proteger al PSOE

Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, reconoció en una reunión con un mando policial imputado en el caso Koldo que investiga el Tribunal Supremo que su trabajo consistía en dirigir un plan para proteger al PSOE de causas judiciales. Según un documento redactado por Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil que colaboraba con la red y que tomó notas al término de aquella cita, Díez afirmó que su labor era, en realidad, una «operación de inteligencia», expresión que aparece mencionada en el acta en tres ocasiones distintas. Esa afirmación desmonta su versión de que únicamente preparaba un libro sobre investigaciones periodísticas.

La reunión tuvo lugar el 10 de marzo de 2025 en un bar del municipio madrileño de Leganés, y, según el acta, fue iniciativa de la propia Díez. Durante el encuentro, la exmilitante socialista se presentó como una pieza útil para anticipar y neutralizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera comprometer al PSOE o al Gobierno. Villalba recoge que ella misma se atribuía acceso a información reservada, capacidad para activar contactos y conocer movimientos judiciales sensibles antes de que trascendieran. El escrito, al que ha accedido El Debate, detalla que Díez encuadró su actividad como una «operación de inteligencia» hasta en tres pasajes, presentándose como un engranaje de un mecanismo paralelo para proteger al PSOE.

El acta subraya que Díez no hablaba como una supuesta autora sino como una operadora política en la sombra. Presentó su papel como parte de una estructura orientada a recopilar información, anticipar actuaciones judiciales, activar contactos estratégicos y ejercer presión institucional cuando fuese necesario. Su relato sugiere una red de influencia con capacidad de movimiento dentro de ámbitos policiales y judiciales. Estas revelaciones se producen después de que El Debate ya publicara otros pasajes del mismo documento. En una primera entrega, este periódico desveló que Díez afirmó disponer de material procedente de un prostíbulo madrileño para «hacer caer» a mandos de la UCO implicados en investigaciones que afectan al Gobierno.

Según la nota, la información tenía «potencial destructivo» y podía ser activada «en el momento oportuno», lo que supondría un mecanismo de presión reputacional sobre agentes encargados de diligencias sensibles. Así mismo, este periódico reveló que Díez aseguró haber escuchado una llamada entre el empresario Víctor de Aldama y su abogado José Antonio Choclán. De ser cierto, implicaría la existencia de escuchas a comunicaciones protegido abogado–cliente, lo que podría acarrear la nulidad de actuaciones y el descarrilamiento de procedimientos judiciales. El precedente inmediato es el del exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado por ordenar escuchas ilegales en prisión y cuya sentencia dejó claro que esa práctica vulnera garantías constitucionales y contamina toda la causa.

En conjunto, el material documentado sitúa a Díez como una figura que se atribuía capacidad para operar en ámbitos sensibles del Estado con el objetivo de blindar al PSOE y neutralizar riesgos judiciales. Sus expresiones y su propia autodefinición como directora de una «operación de inteligencia» apuntan a una actividad orientada a influir en procesos en marcha, anticipar actuaciones judiciales y condicionar la actuación de unidades policiales especializadas, incluida la UCO. El 10 de marzo no fue, por tanto, una mera conversación informal entre una exmilitante socialista y un mando policial, sino un encuentro en el que se expusieron estrategias, capacidades y objetivos vinculados a procedimientos judiciales de máxima sensibilidad.

El próximo 17 de noviembre, Díez está citada a declarar en la junto al empresario Javier Pérez Dolset en el procedimiento motivado por la denuncia de dos fiscales. Ambos están investigados por prevaricación y tráfico de influencias por su posible papel en maniobras para interferir en investigaciones relacionadas con altas instancias del Gobierno. Está previsto que, tras su declaración, se incorporen nuevas pruebas y testimonios que podrán arrojar más luz sobre el alcance de la red que ella misma describió como una operación encubierta al servicio del PSOE.