García Ortiz queda retratado por la UCO: pese al borrado, «lo que se filtró estaba antes en manos de la Fiscalía»

la intervención de los tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Supremo, donde se juzga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos resultaba lapidaria: «Todo lo que fue filtrado estaba antes en manos de la Fiscalía General». Una afirmación pericial que, pese al borrado de los terminales de Álvaro García Ortiz, resonaba frente al estrado de la Sala de lo Penal donde se ha celebrado el juicio de seis días que ha llevado, finalmente, al acusado a sentarse ante el tribunal, descendido de los estrado y desprovisto de su toga, como un simple mortal que está siendo enjuiciado por un delito de revelación de secretos.

A falta de las conclusiones finales que las partes leerán, a lo largo de este jueves, en el Supremo, la causa especial abierta contra el máximo titular de la Fiscalía ha quedado vista para sentencia. Un programa de seis jornadas de comparecencias, testigos y peritos citados por las acusaciones y la doble defensa de la que ha disfrutado García Ortiz: la de la Fiscalía que, todavía, dirige y la de la Abogacía del Estado que se afanó por sembrar dudas razonables sobre el procedimiento y la nulidad de algunas de las pruebas practicadas durante la instrucción, como la entrada y registro en su despacho que García Ortiz no se esperaba.

El veredicto del Tribunal tardará algunos días en conocerse, pero si en algo ha insistido García Ortiz durante esta causa era su empeño por «ganar el relato», también, durante su interrogatorio final que ha resultado ser más bien un alegato de su inocencia. Afirmaciones gruesas, vendettas personales, contra la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, con la que no se habla, y un rosario de explicaciones sobre sus cambios de móvil. Una intervención que, como algunas otras, envejecerá mal frente a lo declarado por los agentes policiales que trabajaron sobre el terreno, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, uno de los objetivos a abatir por la imputada Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de las cloacas del PSOE.

Para los tres miembros de la UCO, autores del atestado, García Ortiz tuvo «el dominio [material del hecho] a todos los niveles» de la información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario y querellante Alberto González Amador. De tal manera que sus datos sólo habrían quedado revelados a partir del momento en el que el fiscal general del Estado los tuvo en poder. Una «concurrencia temporal» que, a juicio de los guardias civiles, sólo puede atribuirse a la intervención «preeminente» del fiscal general en la filtración.

Ni el expediente inspector abierto por la Agencia Tributaria por el presunto fraude tributario de González Amador, ni la denuncia formalizada por la Fiscalía de Madrid en sede judicial como, tampoco, los correos intercambiados entre el abogado de la pareja de Díaz Ayuso y el fiscal Salto fueron revelados hasta que el acusado García Ortiz los tuvo, controlados, en su poder.

No en vano, el teniente coronel Balas llamaba la atención sobre cómo la primera información publicada del asunto, en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, que veía la luz a las 23.25 horas de la noche del 13 de marzo de 2024, dejó en evidencia que el periodista Miguel Ángel Campos sí tenía, a esa hora, el contenido del correo, literal, y no sólo referencias sobre la existencia del mismo. Un detalle clave, «ciertamente», a la hora de acotar los tiempos para la comisión del delito. Campos fue el primero en seguir la literalidad de parte de aquella comunicación entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto que, hasta entonces, seguía siendo confidencial: «Porque ciertamente se han cometido dos delitos fiscales», rezaba la noticia revelada por Campos.

De acuerdo con las pesquisas policiales, fue el periodista Campos quien, además de hacerse eco de algunos datos confidenciales, adelantó que la Fiscalía trabajaba –tal y como declaró la propia jefa de prensa de García Ortiz, al dictado de su máximo titular– en un desmentido. Un detalle que, por aquel entonces, sólo conocían quienes estaban 'en faena': Mar Hedo, gracias a la que se ha conocido el momento exacto en el que se dio por terminada la nota, y el fiscal general.

Es más, tras más de dos años, al menos, sin contacto alguno entre Campos y García Ortiz que, desde que llegó al cargo, «ni coge el teléfono, ni contesta mensajes de la prensa» porque, según sus propias palabras se «volvería loco», el periodista efectuó una llamada a los dos móviles del fiscal general, en la noche de autos, de las cuales quedó registrada una de 4 segundos, suficientes para dar luz verde, en esos complicados momentos en los que, de acuerdo con el principio de jerarquía, el dominio material del hecho delictivo solo pudo haber descansado en manos de García Ortiz.

Y es que, pese a la insistencia de varios informadores en asegurar que disponían del correo antes de que lo tuviese el fiscal general, ninguno de ellos publicó nada al respecto. «No había nada en los medios», subrayaban los agentes de la UCO en el Supremo. Tan sólo después de que el fiscal general del Estado hubiese «cerrado el círculo» de dicha información, la noche de autos –gracias a la inestimable colaboración de la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez, que le rebotó todos los correos y llegó a ser imputada por esta razón– se hace eco de la misma una parte de la prensa.

No en vano, ya el juez instructor Ángel Hurtado, en uno de las resoluciones dictados durante la investigación ya apuntó a que, precisamente, el delito del artículo 417 del Código Penal, que ha llevado a García Ortiz a sentarse en el banquillo de los acusados, cristalizó, en el momento en el que el fiscal general filtró el correo con información sensible de un particular, el empresario Alberto González Amador, a una radio para que lo revelase, sin hacerlo él directamente.

El magistrado sostuvo, por lo tanto, que la revelación de secretos derivó, de manera directa, de la necesidad que, presuntamente, tenía la Fiscalía de divulgar los datos confidenciales del novio de Ayuso, antes de utilizarlos de manera institucional. Un extremo que, en efecto, ya avanzó la jefa de prensa de la Institución, confirmando con su testimonio, sin querer que se filtraron en paralelo al momento en el que García Ortiz «redacta» la polémica nota de prensa.

Y es que, los márgenes temporales entre la creación 'al alimón' del documento y la primera publicación de información comprometida para González Amador en prensa son muy ajustados, tal y como apuntalaban, este miércoles, los especialistas de la Guardia Civil, en contra de la «verdad» de García Ortiz.