La Fiscalía investiga los contratos amañados del CNIO que El Debate destapó hace 11 meses y acabaron con Blasco

La Fiscalía de Madrid investiga una presunta trama de contratos públicos amañados adjudicados desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) durante los años en los que la institución estuvo dirigida por María Blasco. Los datos que ahora analiza el Ministerio Público fueron destapados por El Debate hace 11 meses, cuando este periódico publicó en exclusiva una serie de informaciones que revelaban adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas a personas del entorno directo de la cúpula del organismo.

Blasco, que se resistió durante semanas a abandonar el cargo, terminó dimitiendo tras un goteo de irregularidades publicadas por este periódico y que ahora están siendo examinadas para determinar si son constitutivas de delito. La investigación interna, y posteriormente la denuncia incorporada a la Fiscalía, apunta a una presunta operativa en la que habrían participado Juan Arroyo Muñoz, tesorero del CNIO, y José Ramón Martínez Méndez, exjefe de Personal. Ambos figuran vinculados a un entramado mercantil que, durante años, resultó adjudicatario de buena parte de los contratos públicos de la institución.

Según publicó El Debate en diciembre de 2024, la entonces directora del CNIO adjudicó 16,3 millones de euros a un conjunto de empresas conectadas directamente con estas dos personas de su máxima confianza. En ese entramado destacan Alaos ITL SL, que recibió 3,7 millones; Solmeglas SL, con 2,1 millones; Zeus Iniciativas de Proyectos SL, con 1,5 millones; y Gedosol Soluciones Globales SL, adjudicataria de 8,9 millones. Varias de estas sociedades tenían como única o principal fuente de ingresos los contratos públicos procedentes del CNIO y apenas mantenían actividad con otras administraciones. Además, muchas de estas adjudicaciones se realizaban por el procedimiento de contratos menores, una vía que permitió durante años evitar la concurrencia y justificar adjudicaciones directas bajo conceptos genéricos como «necesidad urgente».

Tal como documentó este periódico, Arroyo figuraba como administrador único o apoderado de cuatro empresas domiciliadas en la calle Don Quijote número 11 de Madrid. En esa misma dirección se encontraba la sede de Zeus, una de las sociedades beneficiarias. Por su parte, Alaos mantenía vínculos directos con Solmeglas a través de sus gestores y contrataba servicios prestados por Navestalia SL, otra empresa conectada con Martínez Méndez. Navestalia tuvo durante años su sede social en la calle Bravo Murillo número 307, dirección vinculada en el pasado a negocios del propio tesorero del CNIO.

La conexión entre Gedosol, beneficiada con casi nueve millones de euros del centro, y Blasco también pasaba por Martínez Méndez, exjefe de Personal, así como por José Antonio Galindo Ruiz, miembro del departamento financiero. Las parejas de estos dos trabajadores, Juana Cano Dávila y Susana Rodríguez Baz, desempeñaban funciones directas en Gedosol. La primera como apoderada, la segunda en labores de facturación. De los distintos proveedores del CNIO, estas cuatro empresas eran las que más contratos recibían, tanto en licitaciones abiertas como en procedimientos menores.

El objeto de los contratos era variopinto: desde alquiler de almacenes, suministro de material fungible y equipamiento de laboratorio, hasta digitalización de documentos, gestión de programas de formación o el desarrollo de herramientas internas de control administrativo. A ello se sumaban subvenciones públicas procedentes del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Ministerio de Economía, que también fueron percibidas por algunas de estas compañías. Todos estos hechos forman parte de la denuncia presentada en junio por un exdirectivo del CNIO ante la Fiscalía de Madrid, según El Mundo. La documentación aportada incluye centenares de contratos, correos y análisis internos que detallan un presunto sistema de adjudicaciones fraccionadas, infladas y, en algunos casos, sin prestación real del servicio.

La denuncia sostiene que durante años se habrían producido sobrecostes «sistemáticos», facturaciones «muy por encima del valor de mercado» y una reiterada concentración de contratos en empresas vinculadas a cargos con responsabilidad interna en el centro. El testigo señala además que el entramado habría operado «con continuidad» durante más de una década, primero bajo la dirección ejecutiva y administrativa de las personas ahora señaladas y posteriormente consolidado por la propia directora científica. Su salida del organismo, producida meses después de las informaciones reveladas por El Debate, se produjo en un contexto de creciente presión institucional y política por las irregularidades detectadas.

La Fiscalía analiza ahora la documentación para determinar la existencia de posibles delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación pública y tráfico de influencias. El procedimiento continúa abierto, mientras se revisan contratos, adjudicaciones y relaciones societarias que, según los investigadores, podrían constituir un entramado sistemático de desvío de fondos públicos en la principal institución española dedicada a la lucha contra el cáncer.